Gobierno de Morales exige a EEUU ayuda transparente o irse

El ministro de la Presidencia y brazo derecho del mandatario, Juan Ramón Quintana, aseguró que la ayuda de Washington es "no transparente, discrecional y una intromisión", y acotó que Estados Unidos practica una "doble moral", porque el 70% de su asistencia sale de este país.

En rueda de prensa, Quintana dio una pormenorizada explicación sobre la ayuda estadounidense, de unos 120 a 140 millones de dólares anuales.

De ese importe, un 40% queda en manos de organizaciones no gubernamentales de procedencia estadounidense que como contratistas ejecutan determinados proyectos, un 30% es destinado a sueldos, pasajes y viáticos del personal norteamericano y sólo un 30% está otorgado a proyectos y pago de estipendios para el personal boliviano, según el ministro.

"Si la cooperación de Estados Unidos no se ajusta a la política del Estado boliviano tiene las puertas abiertas, no vamos a permitir ni un día más que esta forma de cooperación empañe nuestra democracia, conspire contra el derecho a la libertad de nuestro pueblo y ofenda la dignidad nacional", aseguró.

Las palabras de Quintana se producen luego de que el presidente Morales y el vicepresidente Alvaro García dijeran recientemente que Estados Unidos y su embajada financian a grupos opositores al régimen actual.

Las relaciones entre La Paz y Washington sufren sobresaltos permanentes, principalmente por la política de Morales, un líder cocalero, en la reducción y control de los cultivos de coca.

Estados Unidos alegó el miércoles que es falso que trate de minar al Gobierno boliviano o influir en la política del país andino con sus ayudas económicas.

"No son ciertas para nada las alegaciones de que Estados Unidos está utilizando sus fondos de ayuda para influir en el proceso político o minar de cualquier manera al Gobierno" de Bolivia, aseguró en Washington el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tom Casey.

"Creo que el programa anual de ayuda de Estados Unidos para Bolivia ronda los 120 millones de dólares y esos fondos están destinados a las necesidades humanitarias y de desarrollo de la población", añadió el vocero, quien dijo "no estar al tanto de que grupos estuvieran tratando de derrocar al Gobierno boliviano".

Según el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, Bolivia es el segundo país más beneficiado con ayuda económica de su país, con alrededor de 140 millones de dólares al año, el grueso para la lucha antidroga.

"Ojalá que esa ayuda de 140 millones fuera ayuda productiva", comentó hace algunos días, sin embargo, el vicepresidente García Linera, sugiriendo un supuesto financiamiento para apoyar a grupos de la oposición, "desde donde se elaboran críticas y resistencia ideológicas y políticas" en contra del gobierno boliviano, según afirmó. *

Crisis

La crisis política boliviana se trasladó ayer al Congreso, donde el oficialismo y la oposición debatirán una elección de magistrados que ya en días pasados motivó fuertes peleas entre ellos, mientras las regiones se abrían al diálogo en el conflicto por la capital de Bolivia.

El presidente del Congreso y vicepresidente boliviano, Alvaro García, realizó reuniones ayer con jefes de bancadas de la oposición para pactar consensos y evitar nuevos conflictos.

El Congreso tiene previsto elegir estos días "los miembros del Tribunal Constitucional que renunciaron el año pasado, entre suplentes y titulares. Tenemos que llenar esos cargos, que son cinco en total", explicó García a la prensa.

"Los cargos actuales de los tribunos que han sido suspendidos (en una escabrosa sesión la semana pasada) no se tocan, se deja pendiente hasta que el Senado resuelva la situación legal de esas personas", aclaró.

La cámara de Diputados aprobó el miércoles 22, en ausencia de la oposición, la apertura de un juicio por prevaricación a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, en un recinto fuera del Congreso a causa de una batalla campal a golpes de puño y patadas entre oficialistas y opositores en el hemiciclo.

La elección prevista en el Congreso coincide con un llamado del poder Judicial a un paro de 48 horas en protesta por un juicio de responsabilidades a los cuatro magistrados, impulsado por el gobierno de Evo Morales.

El paro se cumplirá hoy jueves y el viernes de esta semana, en rechazo "a la inconstitucional resolución cameral" aprobada por la Cámara de Diputados, dijo Juan Pereira, presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia.

El paro se complementará con una denuncia ante la ONU y la OEA por esta acción que los jueces consideran una violación flagrante a los derechos humanos, según anunció Pereira a la prensa local.

La huelga del poder Judicial se cumplirá a horas de que seis regiones del país llevaran a cabo un paro cívico el martes en defensa de los magistrados enviados a juicio y por demandas regionales que han puesto en jaque al gobierno de Morales.