Vínculos del gobierno de Uribe con los paramilitares asesinos

Salieron una vez más a luz, en forma ostensible, los vínculos del gobierno de Uribe y del ejército con las bandas asesinas de los paramilitares, ahora a raíz de declaraciones de dos jefes «paracos» ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso y su lugarteniente Ever Veloza. Esto ocurre después que el presidente sufrió el revolcón de que el candidato que apoyó en forma indecorosa para la alcaldía de Bogotá en las elecciones del 28 de octubre, Enrique Peñalosa, perdió por muerte ante Samuel Moreno Rojas, candidato del Polo Democrático. Uribe está enzarzado en dura polémica con el presidente del PDA, Carlos Gaviria, que lo acusa precisamente por sus vínculos con los paramilitares.

El presidente maniobra además para lograr un tercer mandato, lo que suscita un rechazo generalizado en la sociedad, lo mismo que los obstáculos que interpone al logro del intercambio humanitario de prisioneros con la guerrilla de las FARC. Además, sus esfuerzos por lograr el TLC con los EEUU van rumbo al fracaso.

El triunfo de Samuel Moreno para la alcaldía de Bogotá fue contundente: 43,7% frente al 28,9% de Enrique Peñalosa, palanqueado indecorosamente por Uribe, que al mismo tiempo cubrió de agravios al abanderado del PDA y sucesor de Lucho Garzón (ver mi nota del 30 de octubre, «Histórica victoria del Polo Democrático en Bogotá y Nariño»). El PDA radicó en la Comisión de Acusaciones del Congreso una demanda contra el presidente por su conducta en la campaña electoral. El 29 de octubre un vocero del gobierno le exigió explicaciones al presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, porque en una página de internet de Anncol, en que a veces se expresan las Farc, aparecía un artículo de su autoría (que era de condena a actitudes políticas del presidente). Gaviria replicó que el reclamo del gobierno era una «insolencia y una impertinencia»; que no tiene ninguna relación con la publicación ni con la guerrilla; que pueden investigarse por cierto sus supuestos nexos con la guerrilla, pero sobre todo lo que sí debe investigarse son las relaciones del presidente (de su gobierno, de sus legisladores y del ejército) con los paramilitares, tal como lo había reclamado varias veces y volvía a hacerlo.

Esto se refiere no sólo a los vínculos de Uribe con los «paracos» cuando ejerció la gobernación de Antioquia, sino además a otros hechos recientes. El primero fue la comparecencia el lunes 29 de octubre del ex capo máximo paramilitar Salvatore Mancuso ante el Supremo Tribunal. Un hecho investigado es la participación de uno de los ex legisladores uribistas encarcelados por sus vínculos con los paramilitares, Eric Morris, en las elecciones del 28 de octubre. Además Mancuso reiteró una serie de acusaciones, que ya había formulado en mayo, sobre seis generales, incluidos en un grupo de 20 oficiales y suboficiales del ejército y la policía, que habían efectuado operativos conjuntos con los grupos paramilitares a sus órdenes.

Esto se suma a las declaraciones realizadas el miércoles ante la Fiscalía por otro jefe paramilitar, Ever Veloza, alias «H.H.», quien reconoció que él y siete paramilitares bajo su mando ejecutaron entre 1200 a 1500 personas en cuatro municipios de la región agroindustrial de Urabá, y que estos operativos se efectuaron en complicidad con el ejército.

A la vez. Las acciones de los grupos ilegales señaladas por Mancuso abarcaban los departamentos de Córdoba, Sucre, norte de Santander y Antioquia, e incluían en el mando, además de los seis generales, a nueve coroneles, un mayor, dos capitanes, dos sargentos y un jefe seccional del DAS (servicio de inteligencia). En los señalamientos comunes de Mancuso y Veloza aparece en primer plano el general Rito Alejo del Río, ya procesado y que puede volver a serlo, que fue comandante de la Brigada XVII en Urabá y llegó al cargo de jefe de operaciones del ejército. Ambos denunciantes dicen que para planificar operaciones conjuntas del Río se reunió con ellos y también con el anterior jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño (que fue sucedido por Mancuso). Asimismo fue acusado el coronel Byron Carvajal, preso por la participación en la matanza, en asociación con bandas de narcotraficantes, de diez policías y un civil en Jamundí en mayo 2006.

Los generales involucrados son Iván Ramírez (ex jefe de inteligencia del ejército y jefe militar en Urabá), Julio Charry Solano y Luis Eduardo Peñuela (jefe de infantería de marina en Sucre). Los generales Alfonso Manosalva y Martín Orlando Carreño fallecieron, el último en un accidente de tránsito cuando hacía campaña por la gobernación de Santander. El director seccional del DAS en Córdoba, Rafael Cuéllar, facilitaba informaciones para que los «paracos» accionaran a sus anchas.

Según Veloza, los escuadrones cometían los asesinatos en aldeas y barrios cuyos habitantes eran sospechosos de ayudar a la guerrilla, y las incursiones eran coordinadas con la Brigada XVII comandada por el general Alejo del Río.

La única novedad sobre el intercambio humanitario es que Rodrigo Granda, llamado «canciller de las FARC», que fue detenido, excarcelado de la cárcel colombiana el 4 de junio y trasladado a Cuba, viajó a Caracas y está trabajando en gestiones por el canje.

El TLC con EEUU en que Uribe está empeñado se encuentra al borde del fracaso. Por lo pronto no saldrá este año, a pesar de que han llegado a Colombia numerosos legisladores yankis, el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez y el secretario del Tesoro Henry Paulson, y del intenso lobby de Uribe y sus emisarios en Washington. La coordinadora colombiana del trámite del TLC en EEUU, Sandra Suárez, acaba de renunciar. No se sabe si ello se debe a que se señalaron sus vínculos con los acusados por la parapolítica o porque prefirió prestar servicios a una multinacional farmacéutica. *