El gobierno reprime las protestas en Pakistán

Junto con los magistrados, los partidos de la oposición y la sociedad civil seguían echando un pulso al golpe de mano de Musharraf.

Ante estas presiones y las de Estados Unidos, su principal benefactor financiero, Musharraf se ha comprometido a mantener las elecciones legislativas a mediados de enero, tal como estaba previsto, o alrededor de esa fecha.

Unas 1.500 personas, en su mayoría abogados, magistrados, dirigentes y militantes de los partidos políticos, fueron detenidas o puestas bajo arresto domiciliario desde el sábado, según fuentes policiales.

El estado de excepción fue decretado el sábado por Musharraf, quien alegó un aumento de los atentados e injerencias del poder judicial en las prerrogativas gubernamentales para luchar contra los terroristas islámicos.

Sin embargo, tanto la oposición como la mayoría de los analistas y de los medios de comunicación paquistaníes están convencidos de que el general Musharraf, al frente de Pakistán desde que dio un golpe de Estado incruento hace ocho años, intenta mantenerse en el poder a toda costa.

En su camino le había surgido una amenaza: el Tribunal Supremo, que debía pronunciarse en estos días sobre la validez de su reelección triunfal el pasado 6 de octubre por sufragio indirecto.

Este lunes le han vuelto a llover las críticas de la comunidad internacional, en particular de Washington, su principal aliado en su lucha antiterrorista, y de Gran Bretaña, los cuales le instaron a restablecer lo antes posible el proceso que debía conducir a la celebración de elecciones.

"Las próximas elecciones legislativas y provinciales tendrán lugar según el programa previsto", declaró el lunes el primer ministro, Shaukat Aziz.

Con anterioridad, Musharraf había prometido a los embajadores en Islamabad que "los esfuerzos actuales consisten en buscar la manera de acercarse lo más posible al programa previsto para las elecciones".

Y eso que el domingo todo presagiaba un retraso de al menos un año en el proceso electoral.

El giro parece motivado por Washington, proveedor de una ayuda financiera considerable a Pakistán y cuyas autoridades han alzado el tono el lunes, en consonancia con la comunidad internacional.

Estados Unidos está muy molesto con la crisis, pide "una vuelta rápida" a la democracia y confirma su intención de revisar su ayuda, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.

Si la situación ya era crítica antes, debido a los numerosos atentados que ensangrentaron el país desde julio, con más 420 muertos, ahora resulta que las redadas de las fuerzas de seguridad tienen como blanco a los hombres de ley, magistrados o abogados, así como a los responsables de la oposición o a los militantes de los partidos políticos. "La policía detuvo a potenciales provocadores de disturbios, a personas que violan la ley y a aquéllos que desafían las prohibiciones de reuniones", aseguró a la AFP el portavoz del ministerio del Interior, general Javed Cheema.

Entre las personas bajo arresto domiciliario figuran los magistrados que se negaron a prestar juramento a Musharraf tras la instauración del estado de excepción. *