Dos ex generales argentinos condenados

Un juez de Roma condenó el miércoles a dos ex generales argentinos por el secuestro y asesinato de italianos durante la dictadura militar, instaurada en Argentina de 1976 a 1983 y los sentenció en ausencia a prisión perpetua. Otros cinco ex militares argentinos también fueron condenados y el juez les impuso penas de 24 años de cárcel a cada uno.

El ex general Guillermo Suárez Mason, el ex general Santiago Omar Riveros y otros cinco ex militares fueron enjuiciados por el secuestro y asesinato de ocho italianos durante la campaña de represión de la dictadura contra la izquierda.

"En nombre del pueblo italiano... este tribunal declara a Guillermo Suárez Mason y Omar Santiago Riveros culpables de los crímenes por los cuales han sido juzgados y los condena a prisión perpetua", dijo el magistrado Mario D'Andria.

Además de sentenciarlos a prisión perpetua, el juez ordenó que Suárez Mason, uno de los generales más notorios de la llamada "guerra sucia", pase tres años de su sentencia bajo confinamiento en solitario, con Riveros sentenciado a pasar en confinamiento en solitario dos años y medio de su pena.

El juez también ordenó el pago de daños a los familiares de las víctimas, pero no especificó una cantidad.

Los familiares declararon una gran victoria. Los abogados defensores apelaron de inmediato del veredicto.

"Me parece que esto es nada más simbólico... pero para nosotros es increíblemente importante que, después de 25 años, alguien responda a nuestro dolor. Es una satisfacción enorme", dijo María del Carmen Arias, familiar de uno de los "desaparecidos", a Reuters Television.

Activistas de los derechos humanos habían esperado al menos dos condenas, tras un juicio que se prolongó durante más de un año, demorado por repetidas apelaciones de los abogados de la defensa para que fuese anulado. El caso llevó más de una década para llegar al juzgado.

Los ocho italianos, que crecieron en Argentina pero portaban pasaportes italianos y cuyos ancestros eran italianos, figuraban en el total estimado entre 15.000 y 30.000 desaparecidos durante la "guerra sucia" montada por los militares en Argentina contra la izquierda o supuestos simpatizantes izquierdistas.

Los otros cinco ex militares son Juan Carlos Gerardi, Luis José Porchetto, Alejandro Puerta, Oscar Héctor Maldonado y Roberto Julio Rossin.

Todos los acusados viven en Argentina

"Las condenas del general Suárez Mason, del general Riveros y de los otros (cinco) ayudará a los 30.000 'desaparecidos' porque demostrará, de nuevo, que eran unos carniceros", dijo Angela Boitano, presidenta de la asociación de ciudadanos italianos que murieron o "desaparecieron", en comentarios previos al veredicto. Suárez Mason, acusado de participación en la muerte o desaparición de seis de los ocho italianos, está actualmente bajo arresto domiciliario en Argentina bajo cargos de secuestro o de ocultar las identidades de niños secuestrados durante los años de la dictadura.

Todos los demás acusados viven actualmente en Argentina. Los fiscales italianos habían pedido penas de prisión perpetua, pero dijeron que su objetivo primordial era garantizar que los acontecimientos que conmocionaron a Argentina se discutieran también en un tribunal italiano.

Las familias y los activistas de los derechos humanos habían hecho campaña en pro de un juicio durante más de una década, antes de que los fiscales italianos comenzasen a investigar las denuncias sobre italianos "desaparecidos" en 1983. Esas investigaciones revelaron pruebas suficientes como para enjuiciar ocho casos de aproximadamente 100. Durante la "guerra sucia", entre 400 y 500 italianos fueron reportados como "desaparecidos" ante la Embajada de Italia en Buenos Aires. Los abogados defensores habían pedido que el juicio se anulase, elevando una serie de objeciones, incluyendo la de que los acusados ya habían sido enjuiciados en Argentina.

Varios oficiales de las juntas militares en Argentina fueron juzgados y condenados tras el restablecimiento de la democracia en 1983, pero luego fueron liberados bajo amnistías.

El proceso legal en Italia cobró fuerza después de que un juez español tuvo éxito en conseguir que Gran Bretaña detuviera en 1998 al ex dictador chileno Augusto Pinochet, mientras se dilucidaba un pedido de extradición a España para juzgarlo por crímenes contra la humanidad. Pinochet fue liberado en marzo, luego de más de 500 días bajo arresto domiciliario. Pero la semana pasada, un juez de Santiago ordenó su arresto en Chile bajo cargos de secuestro y asesinato durante su mandato, de 1973 a 1990.