Violaciones a los DDHH en América Latina

Las peores violaciones a los derechos humanos en América Latina se cometen en Colombia, donde la violencia armada se está intensificando, dijo el jueves Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

El grupo defensor de los derechos humanos dijo que la causa de la justicia avanzó en Chile, donde se ordenó el arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet, y en Argentina, donde nueve personas, entre ellos dos ex miembros de la junta militar, están detenidos en relación con el secuestro de bebés de padres desaparecidos.

En México, la primera alternancia democrática en la presidencia crea la esperanza de que se lleven a cabo reformas que pongan fin a los abusos y la impunidad, dijo HRW.

"Colombia constituye la crisis más urgente en cuanto a derechos humanos en la región", dijo el informe.

HRW dijo que hay evidencia "irrefutable" de que las fuerzas militares siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y apoyando a los grupos paramilitares de derecha, que son responsables de la mayoría de los abusos graves. En agosto, en un ataque indiscriminado, tropas del ejército mataron a civiles, entre ellos seis escolares, cerca de Pueblo Rico, en Antioquia. Según testigos, los soldados dispararon contra el grupo durante 40 minutos.

HRW criticó al presidente Bill Clinton por haber exceptuado a seis de las siete condiciones de respeto a los derechos humanos para desembolsar el paquete de ayuda a Colombia de 1.300 millones de dólares, en su mayor parte asistencia militar, que Estados Unidos invertirá en la guerra contra el narcotráfico.

La libertad de prensa sigue siendo precaria en América Latina, pero está seriamente reprimida en Cuba, donde el Estado mantiene un control casi total sobre el flujo de noticias en la isla, dijo el informe.

Chile y Argentina

Los esfuerzos por lograr justicia por las violaciones cometidas por las dictaduras militares del Cono Sur, finalmente prosperaron en Chile y Argentina, dijo el informe.

La lucha contra la impunidad tuvo una importante victoria cuando Chile despojó a Pinochet de su inmunidad tras el regreso del ex general después de 17 meses de detención en Londres, abriendo la posibilidad de enjuiciarlo por desapariciones y tortura.

Un juez argentino pidió la extradición de Pinochet en el caso del asesinato de su predecesor como comandante en jefe del ejército chileno, Carlos Prats, y su esposa, muertos por una bomba colocada debajo de su automóvil en Buenos Aires en 1974.

El mismo juez español que ordenó la detención de Pinochet en Londres, Baltasar Garzón, obtuvo el arresto en México de un ex oficial del ejército argentino, Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio y tortura en la Escuela de Mecánica Naval de Buenos Aires bajo la dictadura. Cavallo se encuentra en la cárcel en México luchando contra su extradición.

En Argentina, los ex presidentes generales Reynaldo Bignone y Jorge Videla, y el ex miembro de la junta militar y almirante Emilio Massera, se encuentran bajo detención domiciliaria por presunta responsabilidad en el secuestro de 200 niños hijos de detenidos desaparecidos.

Impunidad oficial

El informe de HRW dijo que la impunidad de las fuerzas de seguridad sigue siendo un grave problema en Argentina, Brasil, Guatemala, Haití, México y Venezuela.

En un ejemplo de gran injusticia, dos ambientalistas de Pizotla, en el estado mexicano de Guerrero, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, fueron condenados por crímenes relacionados con armas y drogas, pese a pruebas de que soldados colocaron la evidencia usada en su contra, dijo HRW.

En Guatemala, funcionarios de las Naciones Unidas documentaron más de dos docenas de casos de ejecuciones extrajudiciales.

Los problemas en Brasil quedaron de manifiesto con el caso de Sandro do Nascimiento, un delincuente armado que fue estrangulado por la policía en vez de ser enjuiciado por el secuestro de un rehén que murió, dijo HRW.

En el estado de São Paulo, la policía mató a 664 civiles en 1999, y 489 en los primeros seis meses de este año. Un análisis de las autopsias de 222 de los muertos mostró que 51 por ciento fueron baleados por la espalda y 23 por ciento fueron alcanzados por cinco balas o más.

El mismo problema se registró en Venezuela después de las inundaciones en el estado Vargas en diciembre de 1999, cuando las fuerzas militares mataron a presuntos saqueadores. Un informe oficial señaló que soldados y policías ejecutaron a más de 60 personas.