LA TORTURA SOCAVA LA DEMOCRACIA

El presidente George W. Bush, al vetar recientemente un proyecto de ley que prohibía la tortura, no sólo no reconoció su uso en Estados Unidos en los interrogatorios contra sospechosos de actos de terrorismo, sino que también básicamente consintió su práctica.

El proyecto de ley, denominado 2008 Intelligence Authorisation, hubiera servido para aplicar el manual para interrogatorios del Ejército de Estados Unidos a todos los organismos del gobierno, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Ese manual, que actualmente es válido solamente para el Departamento de Defensa, prohíbe actos específicos de tortura como los del «submarino» (por el cual se lleva al interrogado al borde del ahogo al introducir repetidamente su cabeza en un recipiente con agua) y autoriza, en cambio, una serie de métodos legítimos de interrogatorio.

Esta decisión se produjo a raíz del reciente testimonio del director de la CIA, Michael Hayden, quien admitió que ese organismo ha usado técnicas como las del «submarino», de las denuncias en curso sobre las torturas aplicadas a los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo y de la divulgación de chocantes fotografías sobre los abusos perpetrados en la prisión iraquí de Abu Ghraib en 2004.

Estados Unidos ratificó en 1988 la Convención Contra la Tortura, que prohibió específicamente la tortura, a la que definió como «todo acto por el cual se provocan intencionalmente a una persona fuertes dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales,» para castigarla o extraerles información «o cuando tales dolores o sufrimientos son infligidos por o a instigación de o con el consentimiento o la aquiescencia de funcionarios públicos u otras personas que actúen en carácter oficial».

Durante su mandato como presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan declaró que al ratificar la Convención, el gobierno de su país «quiere demostrar inequívocamente nuestro deseo de poner fin a la detestable práctica de la tortura».

Desafortunadamente, Estados Unidos (y muchos otros signatarios de la Convención) justifica actualmente la tortura en el contexto de la guerra contra el terrorismo. En lugar de asegurar que esa guerra respete y proteja los derechos humanos básicos, entre ellos los de no sufrir torturas- Washington está de hecho legitimando tales prácticas.

En Sudáfrica, durante el apartheid, el argumento del terrorismo fue utilizado por el régimen como un instrumento para cometer amplias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Pero incluso el Estado del apartheid, por más brutal que fue, negó públicamente su uso, consciente de que reconocer la práctica de la tortura lo colocaría en forma aún más fuerte bajo la lupa de la opinión pública internacional.

Que un estado democrático, a pesar de algunas de sus propias carencias democráticas y con su estatus global seriamente menguante, admita públicamente y condone la tortura, socava la eficacia de la Convención Contra la Tortura y el positivo trabajo de muchos activistas estadounidenses y de políticos progresistas que han abogado a favor de la libertad política y del buen tratamiento a los detenidos. El mensaje que envía este enfoque es claro. Si usted puede justificarla, la tortura está bien. Los a veces mordaces informes del Departamento de Estado norteamericano que ponen de relieve los abusos contra los detenidos en numerosos países ahora parecen huecos e insinceros.

Todavía más preocupante es que las pruebas obtenidas por medio de torturas están siendo utilizadas en los juicios militares en Guantánamo. Al permitir tal cosa, el gobierno de Estados Unidos está socavando su propio sistema judicial y al mismo tiempo hace que muchos de los que han sido acusados bajo las leyes contra el terrorismo sean objeto de juicios evidentemente injustos e improcedentes. Como señaló la organización Human Rights First, está probado que los sospechosos que son torturados a menudo proporcionan informaciones falsas simplemente para detener los abusos que se cometen contra ellos o porque sus funciones mentales o físicas han sido afectadas por la tortura.

La conexión entre la tortura y la información falsa fue demostrada recientemente en el filme de Hollywood Rendition, que pone en evidencia otra práctica cuestionable del gobierno de Estados Unidos: la insólita instrumentación de un sistema de torturas en el cual los sospechosos de terrorismo son transferidos a cárceles clandestinas en países conocidos por el empleo de crueles técnicas de interrogación a los detenidos.

Nosotros en Civicus nos unimos a organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de Estados Unidos que han expresado su incredulidad y sentirse ultrajadas por la decisión del presidente Bush de vetar el proyecto de ley. Un llamado publicado por Common Dreams, una agencia noticiosa alternativa, pide a quienes la apoyan que se pongan de pie y exclamen «¡Éste no es mi Estados Unidos de América. Mi país no tortura!».

La actitud que corresponde a una verdadera democracia no es la de abstenerse de cometer violaciones de los derechos humanos sólo cuando las cosas van bien, sino más bien la de mantener sus valores y el respeto de tales derechos ante amenazas internas o externas. Socavar ciertos principios fundamentales de la democracia en nombre de la lucha contra el terrorismo no hace sino desvirtuar y minar esa misma lucha.

Ex secretario  general de Civicus (Exclusivo de IPS)