Niko Schvarz |
Esta es una posición común a los pueblos y gobiernos de América. Es lo que solicitaron además las iglesias católica y protestante, los países amigos como Brasil y Argentina, la Unión Europea. Pero estos esfuerzos encallaron ante la obcecación y los propósitos retrógrados del Comité Cívico de Santa Cruz acaudillado por Branco Marinkovic (la presencia más repetida en la CNN estos días), el prefecto separatista Rubén Costas y el partido opositor Podemos de Jorge Quiroga.
Detrás del proyecto autonómico está la división del país, la separación de Santa Cruz en república independiente, con todos los poderes en manos de la oligarquía que mueve los hilos de la conspiración y enfrenta al gobierno presidido por Evo Morales. Detrás de Santa Cruz marchan acollarados Beni, Pando y Tarija, para partir el país en dos. Allí se concentra la mayor parte de la riqueza gasífera, petrolera, agroindustrial y ganadera del país. Tras la balcanización de Bolivia se están defendiendo los intereses de las grandes corporaciones gasíferas y petroleras, las mismas que hundieron a Bolivia y Paraguay en la guerra del Chaco de 1932-35. Los estatutos autonómicos que hoy se votarán en total ilegalidad colocan en manos de los organismos departamentales la policía (equivalen al "descuartizamiento de la policía nacional), establecen que se dictarán leyes departamentales para las tierras, los bosques, fuentes alternativas de energía y biocombustibles, la creación de nuevos impuestos y contribuciones especiales, colocan a la justicia al margen de la Corte Suprema, degradan a los pueblos indígenas del Oriente (Chiquitano, Ayoreode, Yuracare-Mojeño, Gwarayo, Guaraní, que viven allí desde hace cientos de años), subordinan la autonomía de la universidad estatal otorgando mayoría a las universidades privadas. En particular, el derecho de propiedad de la tierra y la regulación de su distribución y administración pasan a ser de entera responsabilidad del gobierno departamental. En Santa Cruz hay propietarios de 400 mil hectáreas. En el Beni, 10 familias concentran medio millón de hectáreas y en Pando 9 familias reúnen 800 mil hectáreas. Estos son los intereses que se mueven tras la autonomía. El referéndum es de una ilegalidad total. La Corte Nacional Electoral lo suspendió, pero ello no fue acatado por el titular de la Corte de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, en actitud de franca insubordinación. El presidente de la CNE, José Luis Exeni, declaró que el acto de hoy está viciado de nulidad, que no se avalarán sus resultados y que nunca la institucionalidad había estado sometida a procedimientos semejantes. La OEA, la Unión Europea y países amigos expresaron plena adhesión a la institucionalidad boliviana y que "no pueden reconocer expresiones que la pongan en riesgo". El relator especial de la ONU dijo que el estatuto viola la Declaración de DDHH en relación a los pueblos indígenas. La Conferencia Episcopal católica declaró que las nuevas reglas "deben asentarse en el cabal cumplimiento del orden legal establecido". La superintendencia de bancos y entidades financieras señaló que el referéndum no se ajusta a la Constitución, ni al Código Electoral, ni a las leyes, ni a las resoluciones de la CNE. En suma: las conclusiones del referéndum no se podrán aplicar, carecen de respaldo constitucional.
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