Por Víctor Vaccaro (Corresponsal en Chile)
El hallazgo de los esqueletos que presentan huellas de impactos de balas representa el primer resultado importante de la Mesa de Diálogo en la cual las Fuerzas Armadas se comprometieron a recabar antecedentes antes del 6 de enero próximo que permitieran conocer lo realmente ocurrido con cerca de un millar de detenidos desaparecidos durante la dictadura, la recuperación de sus cuerpos y la entrega de los antecedentes a los tribunales para establecer las correspondientes responsabilidades.
Este descubrimiento contradice la queja pública de los Altos Mandos en el sentido que el vertiginoso avance registrado últimamente en los procesos por violaciones humanas, la inculpación de nuevos oficiales en retiro y activos, así como las confesiones de varios de los reos alegando que obedecían órdenes superiores, desalentaría la entrega de información.
Más bien indicaría que ahora en la jerarquía castrense y entre los autores materiales de los crímenes comienza a primar la conveniencia de entregar la ubicación de los restos de los desaparecidos, para que los jueces --al identificar los restos-- pongan fin a los procesos por secuestro calificado, que es considerado un delito permanente, no prescriptible ni amnistiable, y apliquen a los criminales la ley de amnistía impuesta por la dictadura en 1978.
Esta última reivindicación es parte principal de los argumentos que los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros han preparado para plantear, como contribución a la reconciliación al presidente Ricardo Lagos, cuando se reúna el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en fecha que el primer mandatario aún no ha establecido y que podría postergarse hasta la próxima semana, luego que la Corte Suprema ratifique, como se espera, la anulación del procesamiento de Pinochet dispuesto por el juez Guzmán.
Ese dictamen de la Corte de Apelaciones, que también dejó en suspenso la detención del ex dictador, permitió que éste apareciera ayer muy complacido y saludable en una nota del diario derechista "El Mercurio" recibiendo el premio del año 2000 "Pablo Pérez Zañartu" en reconocimiento "a las transformaciones políticas y económicas que realizó durante su gobierno" que le otorgó una Fundación hasta ahora desconocida.
Las víctimas de los crímenes y la propia Justicia fueron reconfortadas ayer con un dictamen del ministro en visita Milton Juica --el mismo que presidió la sala que concedió el amparo a Pinochet-- que implica someter a juicio como autor de 7 homicidios al tercer jefe máximo de los aparatos represivos de la dictadura, el general (r) Hugo Salas Wenzel, en el proceso por la matanza de 12 militantes del Frente Manuel Rodríguez, conocida como "Operación Albania".
El primer jefe de la DINA Manuel Contreras cumple condena por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington, y el último director de la CNI y ex vicecomandante en jefe del Ejército Humberto Gordon murió mientras era procesado y dejó una carta reconociendo que ordenó un asesinato para encubrir el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez. Lo más espectacular, sin embargo, fue el procesamiento dictado por Juica contra el ex fiscal militar Luis Acevedo, el mismo oficial en actividad encargado por Carabineros para que dentro de esa institución reúna los antecedentes sobre el paradero de detenidos desaparecidos, que se comprometieron a entregar en la Mesa de Diálogo. Los cargos contra Acevedo son complicidad y cobertura judicial en la matanza de 12 "frentistas" ordenada por Salas Wenzel y ejecutada por el jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán el 15 de junio de 1987. Ese mismo días el entonces fiscal del Ejército emitió una orden amplia para investigar un falso tráfico de armas y explosivos.
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