Evo objeta la mediación católica en negociaciones

"Nosotros esperábamos contar con la mediación de la Iglesia Católica para una negociación en los próximos días, pero lo cierto es que la Iglesia, por voluntad propia, ha dado un paso al costado", señaló ayer martes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Quintana aludió a la participación del cardenal Julio Terrazas en el referendo autonomista del domingo en Santa Cruz, considerado ilegal por el gobierno.

Brazo derecho del presidente Evo Morales, Quintana indicó que "corresponde al gobierno, a los prefectos y la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo", aunque una posibilidad de concertación es por ahora sólo una quimera.

La Conferencia Episcopal respondió en un comunicado entregado a la AFP que "el cardenal Julio Terrazas es ciudadano boliviano y cruceño y como tal tiene el legítimo derecho de ejercitar su voto".

Destacó además que su sufragio en el referendo del domingo "no es incompatible con su función de líder de la Iglesia Católica".

El Episcopado agregó que el prelado "seguirá sirviendo a la población, velando por la unidad y el bien común de todos los bolivianos".

El vocero del Arzobispado de Santa Cruz, sacerdote Marcial Chupinagua, declaró el lunes a la AFP que la Iglesia mantendrá sus buenos oficios para articular un encuentro entre el gobierno y los prefectos opositores.

La controversia entre el gobierno y la Iglesia motivó las críticas del prefecto opositor de La Paz, José Luis Paredes, quien no está alineado a las demandas autonómicas, pero que ve con simpatías este modelo de administración pública.

"El gobierno ha descalificado a la Iglesia; no me parece nada nuevo, éste es un gobierno ateo, no creen en la religión, no creen en la existencia de Dios", dijo Paredes.

El último incidente pareció complicar el diálogo entre el oficialismo y la oposición, enfrascados en una disputa sobre la validez de las autonomías regionales, que el gobierno considera por fuera de la ley.

A su vez el gobierno izquierdista de Morales quiere imponer un proyecto de Constitución que la oposición considera ilegítimo por haber sido aprobado en condiciones irregulares y sin consenso.