LOS HECHOS CONSUMADOS

Como quien dice: quieren la chancha y los cuatro reales.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que "estamos dispuestos a sentarnos a dialogar para identificar aquellos aspectos observados por los prefectos y encontrar una salida inteligente de descentralización del poder entre pueblos indígenas, municipios, regiones y departamentos: es hora de poner orden institucional". Según los cables, la respuesta fue la siguiente: "Aceparon la invitación del Ejecutivo los prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, José Luis Paredes., mientras que los prefectos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz dieron a entender que su prioridad, por ahora, no es dialogar sino fortalecerse como bloque opositor". Los prefectos de Tarija, Mario Cossio, y de Beni, Ernesto Suárez, exigieron que el gobierno reconociera la consulta sobre el estatuto autonómico cruceño antes de instalar cualquier mesa de diálogo. "Vamos a trabajar con el Presidente sólo si modifica su conducta y reconoce la voluntad popular", manifestó Cossio. Como se sabe, el gobierno ha tildado el referéndum en Santa Cruz de ilegal y anticonstitucional, y la Corte Electoral Nacional no lo autorizó y no avala sus resultados. Por su parte, Suárez anunció que los procesos autonómicos en su departamento (Beni) y en Pando el 1º de junio, y en Tarija el 22 de junio, "van a continuar y no los va a detener ningún diálogo".

En resumidas cuentas, el plan de los prefectos consiste en que la mesa de diálogo y concertación con el Ejecutivo se instale después de las cuatro consultas referendarias, cuando los cuatro departamentos estén en condiciones no de dialogar, sino de "negociar en calidad de confederación autónoma".

Como dijimos, quieren enfrentar al gobierno de Evo Morales con una política de hechos consumados. Pero hay algo más.

Los medios que reflejan la posición de lo sectores opositores dicen sin ambages que "los autonomistas reclaman además que el proyecto de Constitución del MAS ( o sea, el que fue aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre pasado a pesar de las maniobras de mala ley practicadas en forma reiterada por la oposición) sea reescrita y se incorporen las autonomías departamentales en forma real".

Casi nada: o sea que, además de imponer un proyecto secesionista que atenta contra la unidad territorial del país y contempla exclusivamente los intereses de los sectores oligárquicos, pretenden dejar sin efecto la nueva Constitución Política del Estado.

Por el contrario, desde fuentes próximas al gobierno se entiende que éste es el momento de promover el referéndum que determine la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Y a la vez, de impulsar el referéndum dirimitorio sobre la tierra, que fije la extensión máxima de la propiedad territorial, lo que es resistido de manera absoluta y total por los promotores de los referendos autonómicos, que representan los intereses de los grandes latifundistas, particularmente en Santa Cruz, Tarija y Beni.

Se han elevado voces sensatas, incluso entre senadores de Podemos como Carlos Börth, según el cual la elite cruceña no podrá llevar a la práctica sus estatutos mientras carezca de respaldo constitucional, por lo cual es imprescindible a su juicio recorrer el camino del diálogo. La OEA también se sitúa en la tesitura del diálogo necesario. Su secretario de Asuntos Políticos Dante Caputo ha estado ya en tres oportunidades en Bolivia con ese cometido, y está dispuesto a reiterarlo. El secretario general José Miguel Insulza declaró: "Yo veo riesgos de graves tensiones si no se encuentra alguna forma de compatibilizar a las partes".

Es así, no solamente por la situación imperante en Bolivia, sino además por sus posibles repercusiones en países de la región. El embajador boliviano en Quito, Javier Zárate, alertó días pasados sobre el hecho de que representantes del departamento boliviano de Santa Cruz se reunieron el año pasado (y aún el año anterior) con representantes de la provincia ecuatoriana de Guayaquil y también del estado de Zulia en Venezuela. En ambas regiones los gobiernos locales están en manos de opositores al gobierno central, en un caso el de Rafael Correa y en el otro el de Hugo Chávez. El denominador común consiste en promover procesos separatistas o de secesión en los respectivos estados. Ya lo veremos.