Referendos revocatorios en Bolivia

El presidente lo aceptó, y varios prefectos también. El plazo es de 90 días, durante los cuales Bolivia revivirá una verdadera campaña electoral. Es de suponer que en ese lapso se postergarán las consultas autonómicas fijadas para tres departamentos luego de la efectuada el 4 de mayo en Santa Cruz (Pando y Beni el 1º de junio, Tarija el 22 de ese mes) y también los referéndums dirimitorios sobre la nueva Constitución Política del Estado y el límite máximo de propiedad de la tierra

Conviene restablecer una cronología de los hechos, que se han venido precipitando. Cuando se produjo una crisis por las aspiraciones autonomistas de los prefectos y movimientos cívicos de los departamentos de la "media luna" y su rechazo a la nueva Constitución, el presidente Morales propuso someter a un referéndum revocatorio su propio cargo, el del vicepresidente y el de los prefectos departamentales. "Que el pueblo decida con su voto", dijo en una recordada alocución. Envió un proyecto al Congreso en ese sentido. La Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene mayoría, lo aprobó sin dilaciones. Pero el Senado, con mayoría de la oposición, lo encajonó durante meses. El presidente de la Cámara Alta es senador por Santa Cruz y férreo opositor. Ahora, después de realizada la consulta en Santa Cruz, lo saca del cajón, lo hace votar y lo lanza al ruedo político.

Pero no es lo único que está en juego. En diciembre pasado se aprobó, después de un prolongado proceso, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) por parte de la Asamblea Constituyente. Fue votada por la bancada oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS) y algunos aliados, después de sortear toda clase de maniobras interpuestas por la oposición. Hubo dilatorias en el recinto, pero además actos provocativos, incluso en determinados momentos se bloquearon los accesos a la sala de sesiones. Fue necesario cambiar tres veces de sede, los debates comenzaron en Sucre y culminaron en Oruro, pero finalmente se aprobó, en diciembre pasado. El presidente propuso entonces un referéndum, llamado dirimitorio, sobre la aprobación de la nueva Constitución, y al mismo tiempo otro para determinar la extensión máxima de la propiedad de la tierra. Ambos tienen enorme importancia para los departamentos que reclaman una autonomía total. El relativo a la tierra concita el rechazo de los grandes terratenientes, particularmente en Santa Cruz, Tarija y Beni, donde se dice que los grandes propietarios resisten con uñas y dientes la reforma agraria de Evo Morales. Pues bien: la Corte Nacional Electoral no dio curso ni a este referéndum, ni tampoco al de Santa Cruz, anunciando por anticipado que no avalaría su resultado. El presidente acató el mandato de la Corte, no así el prefecto y el Comité Cívico de Santa Cruz, como se sabe. El referéndum sobre la entrada en vigencia de la Constitución queda para el próximo orden del día.

Ahora ingresan de lleno al campo político los referéndums revocatorios del presidente y los prefectos. De hecho la campaña ya está comenzando. El MAS y los movimientos que apoyan al presidente aspiran a confirmarlo en el cargo al cual llegó con 54% de los votos, y a remover a los prefectos "autonomistas". Estamos en lo que el vicepresidente Alvaro García Linera llama "un punto de bifurcación", una cruz de caminos. Lo fundamental en esta etapa es frenar el proceso que conduce al desmembramiento, a la balcanización del país.

Decíamos en nota anterior que este proceso entraña peligros no sólo para la integridad territorial de Bolivia, sino también para varios países de la región. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció la semana pasada que existe el propósito latente de crear lo que denominó "una confederación separatista autonómica", que sumaría a Santa Cruz las fuerzas opositoras de Guayaquil en Ecuador y del estado de Zulia en Venezuela.