Corte Suprema argentina decide la suerte de presos de La Tablada

Isidoro Gilbert - Argentina

El clima es poco propicio por la división en el tribunal de nueve miembros. Ayer, cuatro estaban a favor para abrir el camino de revisión del proceso y otro número igual, porque no, el noveno, Adolfo Vázquez, un fuerte admirador de Carlos Menem, aún no se había definido.

El gobierno, por medio del procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, pidió a la Cámara de Casación que revise la condena que la Cámara Federal de San Martín impuso a los atacantes del regimiento militar de La Tablada en 1989. Como el tribunal no accedió al pedido, Marcer presentó un recurso y llevó el caso a la Corte.

El sector opuesto a la revisión hace hincapié en que la sentencia de 1989 está firme (cosa juzgada) y que el Estado no tiene legitimación para actuar en favor de los presos cuando estos no apelaron la sentencia de Casación que no los favorece. La otra postura propone hacer lugar al hábeas corpus y solucionar el tema. Uno de sus miembros, Carlos Fayt, recordó que en 1992, se pronunció por dar paso a una revisión amplia de la condena impuesta por el tribunal de San Martín.

"No me gusta resolver bajo la presión de quienes hacen huelga de hambre alimentándose con chocolate", dijo un juez a sus pares, en referencia a la imposibilidad de que los detenidos lleven 107 días absteniéndose de comer alimentos. Esta es una idea que no es patrimonio exclusivo de esos jueces; la comparten legisladores y sectores políticos, que señalan que el ayuno no es real, que si bien no ingieren alimentos sólidos, están balanceados. LA REPUBLICA recogió en la secretaría de Derechos Humanos esta visión: "Sí, están compensados, y pueden no morirse de hambre, pero si alguno adquiere una infección podría serle fatal. El otro día hubo que practicarle a un detenido una endoscopia, y se desvaneció. No se pueden decir cosas a la ligera, y menos inducirlos a que hagan ayuno absoluto para que se les crea", dijo la fuente.

El ministro del Interior, Federico Storani, declaró que si la Corte no resuelve el hábeas, el gobierno por un decreto de necesidad y urgencia, aprobará la segunda instancia. No se trata de una revisión del código penal, asunto que el gobierno vedado inmiscuirse por medio de un decreto, sino una reforma procesal.

Pero en este problema la división es abrupta entre los constitucionalistas. Pero una sentencia negativa por parte del más alto tribunal cerraría al Poder Ejecutivo todas las puertas de la Justicia, a lo que se sumaría el hecho de que el Congreso nacional tampoco está dispuesto a habilitar la doble instancia y está a punto de finalizar el período de sesiones extraordinarias.

El Gobierno aspiraba ayer a que uno de los cinco jueces adversos a su pedido cambie de opinión. Hoy es un día clave.