Redujeron penas a presos de La Tablada, pero sigue ayuno

Por Isidoro Gilbert -  Corresponsal en Argentina

El beneficio alcanza a diez de los doce integrantes en ayuno de protesta reclamando una segunda instancia judicial para rever su huelga de hambre que lleva 117 días. Quedaron exceptuados de la medida el líder del Movimiento todos por la Patria y uno de los jefes del desaparecido Ejército Revolucionario del Pueblo, Enrique Gorriarán Merlo, y su ex mujer Ana María Sívori.

Los ex milicianos aseguraron que mantendrán la huelga de hambre porque reclaman su libertad, como reparación a la negativa de la segunda instancia. Una negociación secreta por intermedio de los abogados de los detenidos para que levantaran el ayuno fue rechazada, aunque en el gobierno no pierden las esperanzas que lo hagan más adelante.

El gobierno cumple de esta manera con una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclama la habilitación de una segunda instancia judicial para los presos. Salvo Gorriarán y Sívori, los condenados por el asalto fueron juzgados mediante la Ley de Defensa de la Democracia, una norma elaborada durante la presidencia de Raúl Alfonsín que establece una única instancia de juicio. Esa ley buscaba aplicar el máximo rigor para aquellos que atentaran contra las instituciones. En 1994, ante un reclamo parecido, Carlos Menem conmutó la pena para el miembro del MTP, Guillermo Maqueda.

Para De la Rúa la decisión no fue fácil. Esperó que las instancias legislativas y judiciales le evitaran el costo político de la conmutación y cumplir tanto con la recomendación de la CIDH como ponerse en regla con tratados internacionales a los que adhiere la Argentina, en este caso, con el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución en 1994. La Argentina se exponía a la eventualidad de un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien De la Rúa evitó esa condena internacional, no podrá eludir los costos políticos de una medida dictada a destiempo, que no parece conformar. El gobierno sondeó informalmente a la CIDH para asegurarse un eventual apoyo a su determinación y ese organismo respondió favorablemente. En una nota dirigida al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, la comisión mencionó la "inevitabilidad de adoptar medidas de carácter excepcional", como supone la conmutación de penas.

Un paquete de decretos

La nota dice que la comisión "valora los esfuerzos" del gobierno y reconoce que sus iniciativas "no encontraron siempre la respuesta adecuada". La CIDH sostiene que "no avala una huelga de hambre que afecta la salud y arriesga la vida de las personas".

Las autoridades aseguran que la CIDH no ha exigido la liberación automática de los presos y por eso prevaleció la idea de fijarla cuando cumplan las dos terceras partes de sus condenas. A nueve condenados a prisión perpetua se les fija una pena de 20 años, por lo que podrían quedar en libertad en mayo de 2003. A los dos restantes, condenados a reclusión perpetua, se les bajó la pena. A Claudia Acosta, a 22 años, y saldría libre en 2004 y a Roberto Felicetti, considerado "el más peligroso", a 25 años y quedaría en libertad en 2005.

De la Rúa se negó a decretar el indulto, que es un perdón total de la pena. Hoy se cumplen diez años de los indultos de Carlos Menem a los ex comandantes de la última dictadura militar y al jefe de la organización Montoneros, Mario Firmenich. La conmutación es un perdón parcial. A diferencia de la amnistía, en la conmutación y en el indulto no se perdona el delito cometido, sino el cumplimiento de la pena, total o parcialmente.

Menem admitió recientemente que en plena transición hacia el cambio de gobierno ofreció indultar a los presos por La Tablada, pero que De la Rúa se opuso y le respondió que él, ya en ejercicio, se encargaría del asunto. Además el ex presidente quería introducir en el paquete al ex coronel Mohamed Alí Seineldín. Este se quejó por el beneficio a los ex milicianos y los acuso de haber actuado en convivencia con el gobierno de Alfonsín para perjudicar a Menem que en mayo de 1989 ganó las elecciones presidenciales.

Este anuncio de la conmutación se anunció junto a cuatro decisiones claves para el gobierno: un plan de obras públicas, la desregulación de las obras sociales de los sindicatos, obligándolas a competir con el capital privado, dictó tres vetos a reformas dentro del presupuesto nacional y aprobó por decreto de necesidad y urgencia una discutible reforma al régimen previsional.