Dos décadas después. Se confirmó la denuncia de LA REPUBLICA

Los militantes del izquierdista MTP fueron "ejecutados" en La Tablada

La presidenta argentina Cristina Fernández ordenó que los servicios de inteligencia entregaran a un juez federal los documentos confidenciales relativos a la represión militar de los activistas que asaltaron el cuartel de La Tablada en enero de 1989. Un testigo asegura haber visto con vida a los guerrilleros que fueron ejecutados.

El asalto a la dependencia militar por parte de un grupo de ultraizquierda liderado por Enrique Gorriarán Merlo ocurrió al comienzo del gobierno democrático del Raúl Alfonsín, el líder de la Unión Cívica Radical (UCR). Las órdenes impartidas serán ahora analizadas en el marco de un gobierno del Partido Justicialista (PJ).

La resolución presidencial responde a un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó al operativo militar como un acto de «terrorismo de Estado». El decreto accedió además a una solicitud formulada en febrero por el juez federal Germán Castelli, que investiga la represión del asalto.

El decreto 1578/2008, publicado el martes 7 de octubre en el Boletín Oficial, fue firmado por los ministros de Justicia, Aníbal Fernández, y de Defensa, Nilda Garré. La resolución autoriza al juez federal de Morón, Germán Castelli, a tener «acceso irrestricto a los documentos de inteligencia relacionados con la causa». El mismo privilegio facilitará la labor de cualquier magistrado que investigue «la masacre».

En consecuencia, los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional deberán remitir «en forma inmediata» a la Justicia la documentación que posean sobre el asalto, excepto todo material relativo a «inteligencia estratégica militar». Un margen de duda se extiende sobre el alcance de los documentos excluidos.

Los 42 integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que irrumpieron en las instalaciones militares tomaron el control de dos cuarteles: el Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 «Gral. Belgrano», y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado Nº 1, ambos en un predio rodeado de viviendas particulares.

 

El informe y un testigo

La etapa actual de la indagatoria está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional Nº 1, de Morón, la sede a cargo del juez Germán Castelli, pero la apertura de archivos servirá para «cualquier otro magistrado a cargo de la causa».

El decreto cita el informe de la CIDH y el pedido del 14 de febrero del juzgado para que el Poder Ejecutivo «dispusiera la autorización» para que los organismos de inteligencia remitan «en forma inmediata» la información disponible en archivos.

La resolución presidencial citó un informe crítico de la CIDH respecto a los puntos más sórdidos de la represión en La Tablada. El informe es del año 1997, cuando el canciller Jorge Taiana era el secretario ejecutivo del organismo humanitario.

Las razones que dispararon el reclamo sobre los archivos de inteligencia incluyen el testimonio de un miembro de inteligencia militar, quien dijo haber visto cómo se ordenó el traslado de Carlos Samojedny, (uno de los activistas que aún continúa desaparecido), desde el Regimiento hasta el Comando Radioeléctrico de Lanús.

Según explicó el abogado de los pocos sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, el doctor Rodolfo Yanzón, la Justicia investiga cuatro causas conexas en las que se denunció que hubo desaparecidos y fusilados que se rindieron y apremios ilegales durante y después de la recuperación de la unidad militar.

Con los archivos, el juez podrá pedir más pruebas y citar a agentes como testigos.

La represión estuvo al mando de un comando unificado que fue encabezado por el general Alfredo Arrillaga, quien para entonces era inspector general del Ejército.

Según los querellantes, los jueces que tuvieron la causa desoyeron las recomendaciones de la CIDH, que apuntaban a garantizar una investigación sobre las torturas y ejecuciones que se cometieron durante la recuperación del cuartel. Uno de los casos más simbólicos es el del juez Gerardo Larrambebere: le dio a la policía la documentación que tenían los militantes del MTP que participaron de la toma. Sobre esos documentos se elaboró la sentencia.

Otro de los ejemplos es lo que sucedió con los cuerpos. Las fuerzas de seguridad los destrozaron. Con el tiempo, algunos cadáveres que estaban en una fosa común pudieron reconocerse, pero cuando empezaban a estudiarlos volvieron a mezclarlos.

Además, ya el 18 de enero de 2004, un sargento retirado, José Almada, (que había participado del operativo militar contra los asaltantes del regimiento de La Tablada), había denunciado feroces violaciones a los Derechos Humanos en la fase táctica y operativa de la implementación de la inteligencia estratégica militar.

El sargento retirado también afirmó que «entre las 10 y las 11 de la mañana» de aquel 23 de enero presenció la captura de dos integrantes de esa organización. «Eran dos: uno delgado, más alto, con pantalón y camisa y de tez blanca, el otro más bajo, con el torso desnudo y con una camisa o camiseta que cubría su cabeza hasta la frente, de tez morena», relató. «Se los tiró sobre el pasto, boca arriba, estaban heridos, conscientes, se los interrogaba sobre sus identidades y sobre la organización atacante y se los golpeaba en cuerpo y extremidades. Yo estaba allí y vi y escuché cuando los oficiales de inteligencia los interrogaban y cuando eran golpeados y allí ellos manifestaron: ‘Me llamo Iván’ y el otro decía: ‘Me llamo José’ y me acuerdo perfectamente que en ese duro trance en que ellos era atormentados y flagelados imploraban por sus vidas. Uno de ellos decía: ‘Por favor señor, regáleme la vida, estoy arrepentido'».

Según la versión de Almada, ambos prisioneros fueron torturados después en otro lugar del cuartel y más tarde «subidos a un Ford Falcon color blanco», que era conducido por militares de civil, y en el cual los sacaron del regimiento. «Lo cierto y que me consta es que Iván Ruiz y José Díaz estaban heridos, pero con vida y conscientes», señaló Almada. Y añadió: «La conclusión es directa: se les aplicó ejecución sumaria».

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