Indagarían torturas en la guerra de Malvinas

Oficiales y suboficiales comprometidos en los hechos deberán prestar declaración si una cámara de alzada acepta el criterio de dos juezas de la región Patagónica (sur), quienes dictaminaron que los tormentos están considerados crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

«Lo declaré delito de lesa humanidad e imprescriptible considerando la normativa internacional sobre crímenes de guerra, la convención contra la Tortura y el Tratado de Roma (delitos contra la humanidad)», había declarado en marzo pasado la jueza Eva Parcio, de la ciudad de Comodoro Rivadavia (sur).

Otra magistrada, Lilián Herraez, de la ciudad de Río Grande, en la austral provincia de Tierra del Fuego, acaba de emitir un dictamen en el mismo sentido, en el marco de la investigación por 80 denuncias de malos tratos a soldados. A 27 años de la contienda, la Justicia tiene bajo la mira las muertes de los soldados Rito Portillo, en un presunto fusilamiento, y de Remigio Fernández, abandonado a su suerte en las islas por un castigo. Se investigan también decenas de casos de tortura por «estaqueamiento», es decir amarrar al soldado al suelo con estacas, entre otras formas de causar lesiones o reducir a la servidumbre a militares de rango inferior, dijo la fuente. La guerra se inició cuando la dictadura argentina del general Leopoldo Galtieri, en el ocaso del sanguinario régimen (1976-1983), invadió las islas y provocó una reacción de Londres que despachó una fuerza de tareas.

La guerra duró 74 días y terminó con la derrota de la dictadura, con un balance de 649 argentinos y 255 británicos caídos en combate.

Argentina mantiene en los foros internacionales su reclamo de soberanía desde que en 1833 sus autoridades y habitantes fueron expulsados por tropas británicas del archipiélago, situado en el Atlántico Sur. Los denunciantes ante la Justicia son civiles que fueron enrolados como conscriptos cuando el servicio militar era en aquel entonces obligatorio.

Uno de ellos, el ex soldado Silvio Katz, radicó además una denuncia por antisemitismo ante la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, a raíz de que los oficiales lo discriminaban por ser judío.

La declaración de la jueza Parcio fue considerada histórica por organismos humanitarios, al haber equiparado por primera vez los apremios ilegales en aquella guerra con los perpetrados por el terrorismo de Estado durante la dictadura.

En el dictamen de la jueza Herraez, se determinó que «un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad, si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo». Decenas de miles de personas fueron víctimas en Argentina de distintos delitos durante el régimen, al sufrir desapariciones forzosas, crímenes, torturas, robo de bebés cuya identidad fue modificada para ocultarlos, exilios y discriminaciones por causas políticas