1950-2010. Marcó a fuego los últimos siete años de la vida política argentina

De la juventud peronista a la Presidencia

En el momento de su muerte, Kirchner era el máximo dirigente del partido Justicialista (peronista).

Su estrecha relación con los presidentes latinoamericanos lo llevó en mayo pasado, por unanimidad, a la secretaría general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), aunque su estilo le valió no pocas objeciones, en especial desde el Uruguay, a raíz de un conflicto desatado por la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) en un río binacional.

Hasta hoy, el ex mandatario, que ejercía como diputado, seguía siendo uno de los políticos más influyentes de la realidad nacional y posible candidato presidencial para los comicios de 2011. De madre chilena, descendiente de croatas, y padre argentino, hijo de inmigrantes suizos, Néstor Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, Santa Cruz, provincia en la que desarrolló sus estudios primarios y secundarios. A principios de los 70 se trasladó a la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, donde estudió Derecho y comenzó su militancia en la Juventud Peronista.

En ese ámbito conoció en 1974 a Cristina Fernández, también estudiante de abogacía y militante en la juventud peronista de La Plata, con quien se casó a los pocos meses. Durante esos difíciles años 70, Kirchner estuvo preso durante un mes en su ciudad natal.

Tras el golpe de Estado del 24 marzo de 1976, cuando comenzó la última dictadura, el matrimonio Kirchner se trasladó a Río Gallegos, donde nacieron sus hijos Máximo y Florencia, y amasaron una considerable fortuna, lo que le valió no pocos cuestionamientos de opositores por dudas sobre su origen.

Con el retorno de la democracia, desarrolló una carrera política intensa, que se prolongó hasta su muerte. Fue intendente (alcalde) de su ciudad natal en 1987 y gobernador de su provincia en varios períodos entre 1991 y 2003.

A fines de los 90 se alineó en el Partido Justicialista (peronismo) con el principal oponente de Carlos Menem (1989-99), su ex vicepresidente, Eduardo Duhalde, mientras su esposa y actual presidenta accedía al Senado nacional.

Durante la aguda crisis socioeconómica de diciembre de 2001 que dejó al país al borde del abismo con cinco presidentes que se sucedieron en sólo 10 días, Kirchner era un ignoto gobernador patagónico, desconocido para la opinión pública nacional.

Duhalde heredó el poder de parte de la Asamblea Legislativa tras la salida de Fernando de la Rúa (1999-2001) y la sucesión de mandatarios fugaces que enmarcaron esos turbulentos últimos días de diciembre de 2001. Pero Duhalde, jaqueado por la muerte de dos obreros desempleados (piqueteros) durante una represión policial a una marcha en la periferia sur de Buenos Aires, debió convocar a elecciones anticipadas.

Por ello buscó a un delfín que pudiera enfrentar a su ex aliado y por entonces enemigo dentro del peronismo, Carlos Menem, que prometía volver a tomar las riendas del poder.

Duhalde suspendió las internas partidarias, en las que Menem era el gran favorito, amparado en supuestas irregularidades en el padrón, y autorizó la ley de lemas para las elecciones de 2003, permitiendo que varios candidatos justicialistas compitieran en los comicios. El elegido de Duhalde fue precisamente Kirchner, quien sólo cosechó el 22 por ciento en los comicios del 27 de abril de 2003 contra poco más de 24 por ciento de Menem, quien decidió no presentarse al balotaje ante la coincidencia de los sondeos que le vaticinaban una derrota contundente.

Kirchner asumió el poder el 25 de mayo de ese año e inició un período de gobierno marcado por la recuperación económica que le valió un crecimiento sostenido del empleo y la caída del nivel de pobreza en el país.

El gobierno de Kirchner se caracterizó desde el inicio por su decisión de luchar contra la impunidad que bloqueaba el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-83).

En ese sentido impulsó la anulación en el Congreso Nacional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989), y de los indultos otorgados por el mandatario peronista Carlos Menem a los pocos condenados en 1985 en el Juicio a las Juntas militares. En 2003, el Congreso Nacional anuló ambas leyes de impunidad, y la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales el 14 de junio de 2005, con lo cual se reabrieron las causas congeladas y se iniciaron otras.

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