Colombia: postergan reanudación de diálogo

El gobierno y las FARC se debían reunir en la aldea de Los Pozos, en la zona selvática desmilitarizada de 42.000 km

La vigencia legal de esa zona, tan extensa como Suiza y dos veces más grande que El Salvador, vence el próximo 9 de octubre, aunque el presidente colombiano, Andrés Pastrana, podrá prorrogarla.

Estados Unidos y los jefes militares colombianos criticaron el manejo que los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) han dado a esa región.

Una fuente oficial señaló el jueves que el gobierno y la insurgencia pospusieron "de común acuerdo" la reanudación del diálogo de paz, aunque se abstuvo de precisar las causas del aplazamiento y cuándo se reanudarán las conversaciones.

Ese funcionario indicó que "no hay un mal ambiente en las conversaciones de paz" y que los delegados del gobierno y las FARC "probablemente quieren examinar aun más la propuesta de la contraparte sobre el cese al fuego y las hostilidades, antes de sentarse de nuevo a la mesa".

A su vez, una fuente de las FARC dijo telefónicamente a la AFP desde el municipio despejado de San Vicente del Caguán, donde está Los Pozos, que los jefes rebeldes estaban reunidos examinando "algunos asuntos generales", pero declinó ofrecer detalles sobre el aplazamiento del diálogo y si esa decisión fue tomada de común acuerdo con el gobierno.

El funcionario oficial, que declinó ser identificado, enfatizó que el aplazamiento "no tiene nada que ver" con la visita que altos responsables estadounidenses efectúan al país andino para evaluar la marcha del proceso de reconciliación y el Plan Colombia, al que Washington aporta 1.300 millones de dólares en ayuda económica y militar, para irritación de los guerrilleros.

Esa misión, encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, se entrevistó el miércoles con Pastrana y varios altos responsables colombianos, en la primera jornada de su visita de tres días, y este jueves se hallaban en dos bases militares antidrogas enclavadas en las selvas de los departamentos de Caquetá y Putumayo (sur).

Grossman declaró que su estadía en el país sudamericano subraya la importancia que Washington asigna a Colombia, el primer productor mundial de cocaína y un importante proveedor de heroína que se halla inmerso desde hace cuatro decenios en una sangrienta guerra de guerrillas, y que Estados Unidos respalda el Plan Colombia y las tentativas de paz de Pastrana.

Asimismo, el aplazamiento de la reanudación de las conversaciones coincide con una vasta ofensiva lanzada por el ejército colombiano contra las FARC en las selvas del sureste del país, y con las incursiones perpetradas por los rebeldes en el noroeste, el centro y el suroeste de Colombia, donde han muerto en las últimas 24 horas unos 26 guerrilleros, según los militares. Los rebeldes reconocen 14 bajas y dicen haber abatido a 31 militares.

Según las FARC, la ofensiva lanzada hace tres semanas es apoyada "directamente" por Estados Unidos. "El propósito fundamental de esa operación del Estado colombiano y sus fuerzas armadas, con el apoyo directo de los 'gringos' por intermedio del Plan Colombia (de lucha antidrogas), es el respaldo incondicional al ejército paramilitar verdugo de su propio pueblo", reza un comunicado rebelde dirigido a la opinión pública y difundido este jueves por Internet.

El diálogo de pacificación estuvo afectado en las últimas seis semanas por el secuestro por los rebeldes del ex gobernador del departamento colombiano de Meta, Alan Jara, y de los cooperantes alemanes Ulrich y Thomas Kuenzel (hermanos) y Rainer Bruchman, cuya inmediata liberación es exigida por las autoridades.

Las FARC señalaron el pasado viernes que el secuestro de los alemanes no puede ser resuelto en el marco de las negociaciones de paz, y propuso que el mismo sea tratado directamente por las autoridades alemanas y los jefes guerrilleros.

El gobierno de Pastrana --cuyo mandato terminará el 7 de agosto de 2002-- y las FARC intercambiaron sus propuestas sobre el cese del fuego en julio de 2000, 18 meses después de iniciado el diálogo para tratar de poner fin al conflicto armado.

Las autoridades indican que el cese del fuego y las hostilidades debe incluir el término de los secuestros, las extorsiones y otros ataques de los rebeldes contra los civiles, mientras que la dirigencia guerrillera lo entiende como "el fin del drástico plan económico neoliberal que está arruinando a los colombianos". *