Deberán declarar todos los policias que intervinieron en la investigación de su muerte

En febrero se reactiva el caso del asesinato de Susana Manzur

El juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié, quien ocupa ese cargo en sustitución de Jorge Imas, dispuso que luego de la Feria Judicial Mayor se tome testimonio a todos los funcionarios policiales que participaron en la investigación del homicidio de la funcionaria del Edificio Libertad y ex modelo Susana Manzur, ocurrido en mayo de 1996. La fiscal del caso, Mirtha Guianze, presentó un escrito al magistrado Tapié, en que le señaló los años de indagatoria, las falencias que a su entender tuvo la instrucción y la falta de resultados. Asimismo, la representante del Ministerio Público le solicitó al juez que antes de archivar el expediente se pusieran las constancias de una serie de actuaciones policiales que no quedaron registradas por escrito. Tapié puso el expediente para resolver y luego de estudiarlo decidió las citaciones de los funcionarios policiales.

 

Korzeniak y De María

Tiempo atrás, el senador socialista José Korzeniak entregó al juez Imas, entonces a cargo del caso, y a la fiscal Guianze las respuestas a pedidos de informes que había realizado y que se relacionaban con este homicidio. A entender del legislador, esta información aportaba nuevos datos de importancia para resolver el caso.

Entre los pedidos de informes que le fueron contestados a Korzeniak está el listado con los nombres de los choferes de Casa de Gobierno –70 en ese período–, ya que para el senador algunos de ellos podían conocer información importante sobre este caso.

Al despacho de Korzeniak concurrió en una ocasión el ex oficial de policía Washington de María, guardaespaldas de Julio María Sanguinetti en su primera presidencia y procesado con prisión por el asesinato del empresario Luis Ernesto González. Korzeniak declaró ante Imas y Guianze que en esa visita, acompañado de su esposa y un abogado, De María le dijo que sabía todo sobre el asesinato de Manzur. Posteriormente a ese encuentro con Korzeniak, De María no ratificó sus dichos ante la Justicia, ni brindó más datos sobre la muerte de Manzur.

 

La carrera de Manzur y el ADN de los asesinos

Susana Manzur tenía 38 años al momento de ser ultimada en el apartamento 902 del edificio de Rivera y Soca donde vivía. El personal de Policía que concurrió al lugar la tarde del 23 de mayo de 1996 la encontró sobre un sofá con un profundo corte en el cuello, varios puntazos en el tórax y una de sus piernas atada a un mueble.

Hasta mayo de 1981 Manzur realizó tareas en la Dirección Nacional de Aduanas, mediante el mecanismo de pase en comisión fue trasladada al Tribunal de Cuentas y por recomendación de un legislador posteriormente llegó al Edificio Libertad, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Primero estuvo en la Prosecretaría, después en Contaduría y finalmente en el Servicio de Prensa y Difusión. Tenía una agencia de colocación de modelos y un programa radial que se emitía todos los días de madrugada.

En principio los investigadores no advirtieron la falta de valores, por lo que el robo fue descartado. Sin embargo, en posteriores pesquisas surgieron algunos elementos que, si bien no hacen pensar en el hurto como móvil, sí evidencian la sustracción de materiales que podrían comprometer al o los homicidas. Algunos de estos puntos son los que se buscan aclarar con los testimonios de los policías, como por ejemplo la desaparición de la información que contenía la computadora de Manzur, su agenda y varias fotos. Allegados a Manzur declararon en el expediente que en caso de que le sucediera algo ella les dijo que revisaran en su computadora, ya que allí guardaba información muy importante de cosas que había descubierto.

En el apartamento de Manzur los investigadores policiales encontraron en el cadáver y en la casa algunos elementos de los que se extrajo muestras de ADN del o los implicados en el crimen. Estos se compararon con los de un oficial de policía sospechoso de participar del asesinato y el examen dio negativo, pero en el futuro las muestras se pueden comparar con las de otras personas.

 

Dificil relacionamiento entre juez y fiscal

La fiscal Guianze y el juez Jorge Imas, quien fue el responsable de casi toda la indagatoria de este caso, tuvieron diferencias con la forma de tramitar el expediente. Meses atrás Imas fue trasladado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la Justicia Laboral, pero no llegó a ejercer en esa materia y optó por jubilarse. Las discrepancias entre juez y fiscal llegaron hasta la SCJ, a la que la Fiscalía de Corte elevó un informe referente a las actuaciones de Imas en el expediente sobre el asesinato de Manzur, y que la corporación judicial archivó.

Guianze informó a la Fiscalía de Corte que ese expediente se dio a la Policía, entendiendo que de esa forma se violó el secreto de presumario, puesto que había varios funcionarios policiales investigados por ese asesinato y que por ello el expediente no podía estar en manos de la Policía. La propia Fiscalía de Corte elevó esa información a la SCJ para que ésta resolviera. En su respuesta a la SCJ, Imas dijo que envió el expediente a la Policía, explicando el trámite, sus razones y afirmando estar convencido de que hizo bien. Añadió que el expediente no fue entregado a los policías supuestamente involucrados sino a quienes investigan el caso.

A comienzos de 2001 Imas tomó licencia y lo suplió en la sede penal de 5º Turno la jueza Marta Alvez, que sorpresivamente reactivó el expediente sobre Manzur. Bajo un gran hermetismo, Alvez tomó declaración a diferentes testigos, audiencias en la que participó Guianze.

Tras el regreso de Imas, el expediente no registró movimientos importantes, hasta que el magistrado informó a la fiscalía su intención de archivarlo.

En ese momento Guianze redactó un escrito en que señaló las fallas que a su entender tuvo la instrucción y pidió que se incorporara una serie de actuaciones policiales. La presentación de dicho escrito coincidió con la partida de Imas y la asunción de Tapié al frente del Juzgado Penal de 5º Turno.

Las fuentes judiciales consultadas en diferentes etapas de la instrucción siempre respondieron que la reserva con que se tomaron muchos testimonios se debió a lo delicado del caso y las personas que pueden estar implicadas en el mismo, lo que genera temor en algunos de los testigos que prefieren no trascender públicamente ante posibles represalias. *

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