El trabajo fue encargado por el juez Alejandro Recarey y realizado por un equipo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) a instancias del antropólogo forense Horacio Solla.
Más allá de los habituales problemas presupuestales, los responsables de la publicación --Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez y Elizabeth Onega-- esperan que el nuevo gobierno tome la decisión política que les permita acceder a una nueva etapa en la investigación: entrar al predio del Batallón Nº 13.
Daniel Panario, profesor titular (Grado 5) de Geomorfología de la Facultad de Ciencias, explicó a LA REPUBLICA que la intención de la Justicia era ver si por medio de sensores remotos, es decir, sin entrar en el propio batallón, se podían determinar áreas de interés para el trabajo arqueológico que justificaran el ingreso al predio militar.
El trabajo se realizó por medio de la comparación de fotografías aéreas --un sistema llamado Highlight Difference--, tomadas en diferentes épocas y a más de dos mil metros de altitud, las que están en poder de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Por suerte para los investigadores, en un país que suele desprenderse de su patrimonio histórico, en la comuna capitalina existe una completa colección de tomas aéreas que datan desde el año 1945 hasta el presente.
"Eso nos permitió tener una idea muy clara de cada uno de los movimientos de tierras que se han hecho, para luego contrastarlo con declaraciones de diversos soldados que participaron de los acontecimientos", indicó Panario.
Los investigadores entienden que en el predio del Batallón Nº 13 existen zonas "sospechosas" de que han ocurrido enterramientos, algo coincidente con lo establecido por las declaraciones de soldados a diversos medios de prensa, este matutino incluido.
Como se recordará, las autoridades castrenses se negaron a que las obras de saneamiento que la IMM tenía previsto, pasaran por el terreno de la unidad, algo que luego fue aceptado por la comuna.
La publicación de este material significa la culminación de una primera etapa en el trabajo. La siguiente, dijeron, si la voluntad política así lo permite, es el ingreso al campo militar.
Al respecto, Panario aseguró que "tenemos la más firme convicción de que las nuevas autoridades nacionales van a hacer todo lo posible para resolver lo atinente a las desapariciones" y aclarar definitivamente lo relativo a la "Operación zanahoria", operativo mediante el cual los militares habrían removido restos para hacer desaparecer la evidencia.
Para los arqueólogos sería posible establecer si existieron enterramientos o remociones en el lugar, ya que siempre quedan evidencias de esos movimientos, al romperse la estratigrafía natural del suelo.
Por otro lado, los factores climáticos (elevada humedad) propician que siempre queden rastros óseos en el lugar.
Los profesionales aseguraron que a pesar de tener salarios bajos, cuentan con "mucha tecnología que está al mismo nivel que la del Primer Mundo".
Asimismo, reclaman que se unifiquen los criterios de investigación, estrechando el trabajo entre la Justicia y ellos.
Además, los expertos reclaman tener acceso abierto a toda la documentación existente y que se les permita hablar con aquellas personas que tuvieron algún tipo de participación en los episodios.
"Nuestra intención es encontrar todos los restos, y si no fuera posible queremos, al menos, dejar claro en qué lugares se hicieron enterramientos, porque ahora el folclore popular le adjudica enterramientos clandestinos a todo lugar donde exista un cuartel, algo que es hasta un deshonor para el Ejército. Deseamos limpiar la imagen de aquellos lugares en los que no pasó nada de esto", dijo Daniel Panario.
Paralelamente, el equipo universitario está comenzando con los primeros relevamientos --también por orden de la Justicia-- en el Batallón de Paracaidistas Nº 14, en Toledo, a los efectos de establecer si allí también existieron enterramientos clandestinos, aunque las 500 hectáreas de esa unidad hacen pensar que el trabajo superará el año que supuso la investigación sobre el Batallón 13.
Destacaron además que este tipo de trabajos ya se está haciendo en los países de la región desde hace muchos años, lo cual constituye un atraso por parte de Uruguay.
La presentación del libro estará a cargo del rector de la Universidad, ingeniero Rafael Guarga, el ex decano de la Facultad de Ciencias y futuro candidato a la IMM, Ricardo Ehrlich, el secretario de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, Luis Puig, y el ingeniero Gerardo Rodríguez en representación de ADUR. Será mañana a las 19.00 horas en el Paraninfo de la UdelaR. *
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