La Justicia italiana pedirá la extradición de Gavazzo, Cordero, Silveira y Maurente

Los militares uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Luis Maurente, y el fallecido policía Hugo Campos Hermida, serían cinco de ochenta represores sudamericanos cuya extradición solicitará el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, a cargo de una causa sobre el «Plan Cóndor» en Roma.

Capaldo indaga desde hace seis años sobre quiénes fueron responsables de la desaparición o muerte de 16 ciudadanos descendientes de italianos -cinco de ellos uruguayos-, durante la coordinación represiva de las dictaduras que se instalaron en el cono sur latinoamericano en los años setenta.

En declaraciones realizadas ayer en Washington y recogidas por varias publicaciones internacionales, Capaldo anunció que había finalizado la etapa de recopilación de pruebas y consideró que los juicios comenzarán en el mes de setiembre y con ellos, automáticamente, se pedirán la extradiciones.

Las causas ante la Justicia italiana fueron iniciadas el 9 de junio de 1999, por familiares de los italouruguayos Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, Armando Arnone, Andrés Bellizzi y Daniel Banfi, y de los italoargentinos Lorenzo Gigli, Horacio Campiglia y Alejandro Logoluso.

 

Secuestros y asesinatos

Gatti fue secuestrado el 9 de junio de 1976 en Buenos Aires. Recagno y Arnone también fueron detenidos por fuerzas binacionales en setiembre de ese año en Argentina.

Los tres militantes del PVP estuvieron en Automotores Orletti antes de su eventual traslado y desaparición en Montevideo.

Daniel Banfi, militante del 26 de Marzo fue secuestrado el 13 de setiembre de 1974 y su cuerpo fue hallado el 29 de octubre de ese año en la vía pública, en la localidad provincial de San Nicolás. Andrés Bellizzi (PVP) desapareció el 19 de abril de 1977 en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Gigli y Horacio Campiglia (Montoneros) fueron secuestrados en sendos operativos en Brasil en 1980 y trasladado ilegalmente a Argentina. El juez argentino Claudio Bonadío encarceló por esta causa al ex presidente general Leopoldo Fortunato Galtieri y otros tres militares en su país.

Logoluso era uno de los tres argentinos -con su compañera Dora Landi y su compatriota José Nell- que fueron secuestrados en Asunción del Paraguay y luego colocados en un avión, junto a los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana para su traslado a Argentina, donde desaparecieron.

 

Un largo proceso judicial

Las causas italianas habían sido en realidad iniciadas en 1983 por la esposa de Bernardo Arnone, Cristina Mihura, quien abrió un proceso penal en Italia contra funcionarios públicos de ese país por no haber tutelado a ciudadanos italianos en territorio argentino.

Ese proceso judicial acumuló testimonios e información a lo largo de 16 años, pero los casos uruguayos no fueron entonces tenidos en cuenta porque se consideró que no había suficientes pruebas. En 1999, con nuevos elementos, ese y otros casos se presentaron ante la Fiscalía del Antiterrorismo de Roma.

Durante los últimos seis años, el fiscal Giancarlo Capaldo, indagó en forma particular el proceso de traslados ilegales sobre prisioneros que realizaron los gobierno miembros del Plan Cóndor, y llegó a procesar en ausencia al general Suárez Mason de Argentina y al general Manuel Contreras de Chile.

La Justicia italiana permite el procesamiento y aún la condena de los reos en ausencia. Así sucedió mientras las leyes de Punto Final y Obediencia Debida amparaban específicamente a los represores de una extradición. La ley de Caducidad uruguaya no hace referencia a un pedido de captura exterior. *