El juez exceptuó de la medida los trabajos de excavación que comenzarán el martes de la semana próxima, en el marco de la investigación del Poder Ejecutivo para aclarar el destino de los ciudadanos desaparecidos. Además, designó a los peritos Eduardo Orrico y María Imbert, quienes actuarán en nombre del Poder Judicial, además del antropólogo forense Horacio Solla.
La superficie fue señalada por el Ejército en un croquis que los mandos militares incluirán en el informe final que entregarán el lunes a la Presidencia de la República y cuya redacción era finalizada en el día de ayer. El lunes, vence el plazo que dio el Poder Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas informen sobre los ciudadanos de desaparición.
El área en cuestión tiene el tamaño aproximado de una cancha de fútbol de unos 80 metros (eje este-oeste) por unos 100 metros (eje norte-sur), en un sector de abigarrada vegetación, dentro de las 400 hectáreas que tiene la unidad militar.
Según las fuentes, los informantes del Ejército señalaron dos lugares precisos de posibles sepulturas y otras dos zonas que corresponderían a un número indefinido de enterramientos. Una de las sepulturas, marcada por el Ejército con un árbol cortado y una banda amarilla, correspondería a la de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.
El área en cuestión, que dispone de una custodia permanente, comenzó a ser desmalezada en la víspera, según informó una fuente castrense.
La Presidencia de la República podría solicitar al Ejército información más precisa y que delimite el área de posibles enterramientos en el Batallón Nº13, en caso de que el informe final del arma no contenga datos relevantes sobre el tema.
Esto lo dio a entender ayer el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, a la salida del Juzgado Penal de 1er. Turno del juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
Estos datos agilizarían las tareas allí iniciadas, a la vez que podrían ser cruciales en el avance del expediente del caso de la maestra Elena Quinteros.
A la salida de la sede judicial, donde Fernández declaró sobre los avances de la investigación y el derrotero de los huesos encontrados, dijo que existen "cambios cualitativos" en lo referido al Ejército respecto a la colaboración prestada, en comparación con el manejo que tuvo en su momento la Comisión para la Paz.
Expresó que es "evidente el cambio" y que ello obedece a las iniciativas tomadas por el nuevo gobierno al respecto de los Derechos Humanos.
"El Ejército comprendió esta nueva situación y está acatando las órdenes del Presidente de la República. El gobierno no ha impartido sugerencias o recomendaciones sino órdenes muy específicas", dijo.
Según trascendió, los nombres de quienes habrían aportado datos durante la investigación interna que llevan adelante las Fuerzas Armadas, y en particular las identidades de quienes dieron información al comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, se mantendrán bajo reserva.
Al respecto, Fernández se limitó a decir que en su momento la decisión de mantener en reserva los nombres de los presuntos implicados en casos de detenidos desaparecidos será del Presidente de la República.
Explicó que los cuatro sitios marcados en el Batallón Nº 14 fueron identificados por los datos aportados por el Ejército. En el Batallón Nº 13 los sitios delimitados van desde el A hasta el G, y han sido determinados por técnicos, en base al estudio comparativo de fotografías aéreas. "En el Batallón Nº 13 se han explorado dos aéreas A y B. No se ha encontrado nada y trataremos de ver si el Ejército puede especificar, acelerar el proceso", explicó.
El pasado martes 2 de agosto el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández recorrió el predio del Batallón Nº14 de paracaidistas en Toledo, donde se presume que se encuentran tumbas clandestinas de desaparecidos. En la ocasión concurrieron además los jueces Juan Carlos Fernández Lecchini y Gustavo Mirabal, la fiscal Mirta Guianze, el comandante en jefe del Ejército, Angel Bertoloti, Macarena Gelman y representantes del equipo de antropólogos.
En dicha oportunidad, Fernández informó a la fiscal Mirta Guianze, quien entiende en la causa de la maestra Elena Quinteros, acerca de su intención de comparecer voluntariamente en el Juzgado, a fin de aportar información detallada sobre los trabajos que vienen desarrollándose en el Batallón de Infantería Nº 13.
A las 13:30 de ayer, Gonzalo Fernández se hizo presente en el Juzgado de la calle Misiones a prestar su testimonio voluntario sobre lo acontecido en el Batallón Nº 13 desde que se comenzaron las tareas en el lugar.
Fernández entendió que lo "más práctico y más rico" era concurrir a prestar declaración personalmente ante el juez del caso Quinteros, Fernández Lecchini, en lugar de hacerlo a través de oficios.
Indicó que refirió al juez la identificación completa de los integrantes del equipo de antropólogos y arqueólogos de la Facultad de Humanidades, cómo funciona el nivel de supervisión y las tareas conjuntas con el equipo de antropología forense.
Según explicó, los restos óseos encontrados durante las primeras excavaciones en el Batallón Nº 13, estuvieron sólo un día en la Secretaría de la Presidencia.
Explicó que los siete fragmentos óseos fueron hallados por los técnicos de la Facultad de Ciencias en el Batallón Nº 13. En el momento en que se encontraron se lo comunicaron por teléfono e impartió la orden de que se elaborara un acta y se custodiaran.
Los técnicos de Facultad de Ciencias guardaron el material en unas bolsas de nailon y éstas dentro de un sobre manila.
Recordó que durante las 24 horas del día las acciones en el Batallón Nº 13 son filmadas. En ese documento, dijo, está quien tocó esos hallazgos, y "cómo pasaron de mano en mano sin ningún guante".
"En su momento se nos informó quién podría hacer el análisis de esos fragmentos. Se trató del doctor Hugo Rodríguez Almada que aúna las dos condiciones, ser médico forense del Poder Judicial y a su vez profesor de Medicina Legal en la Cátedra de la Facultad de Medicina", dijo.
Fue Rodríguez Almada quien recomendó como única persona capacitada para la tarea de análisis de los hallazgos, al entomopatólogo Mario Etchenique, quien trabaja en la órbita del Poder Judicial.
Sin precisar cuántos días después, añadió que el catedrático Guido Berro corroboró y ratificó que el encargado de realizar el análisis será Etchenique, quien fue convocado desde el Poder Ejecutivo.
Los fragmentos óseos fueron entregados en el predio del Batallón Nº 13 a los técnicos de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez, lo cual quedó registrado en un acta notarial.
Un mes después, Etchenique entregó los fragmentos óseos acompañado de un informe escrito. "Estuvieron en el laboratorio de Etchenique durante un mes --explicó el secretario de la Presidencia--. El mismo día que Etchenique entregó el informe escrito en Presidencia, donde dice que sólo tocó un fragmento y explica que cuando vio que (no podía completar el estudio) no tocó los demás, entregó los fragmentos. Allí yo me vine hasta el Juzgado con el informe y los fragmentos".
Fernández aclaró que en el juzgado se quedaron con el informe escrito, y le dijeron que los fragmentos debían quedar a disposición en el Batallón Nº 13, lo cual consta en el expediente judicial.
"Cuando llegué a la Presidencia llamé para que se retiraran los fragmentos y se los llevaran al Batallón Nº 13", recordó.
"Días después el Juzgado me llama y me informan que ahora sí querían los fragmentos, por lo cual desde Presidencia volví a llamar al Batallón Nº 13 para que me trajeran los fragmentos y los traje al Juzgado una vez más", detalló.
Los fragmentos estuvieron o en el Batallón Nº 13, dentro de los containers que sirven de depósito de todos los materiales de los técnicos, o estuvieron en poder del doctor Mario Etchenique. No los tuvo nunca la Presidencia de la República", enfatizó. *
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