"La autonomía con la que funcionaron los Centros Operativos de Detención determinaba que la Justicia competente tomara conocimiento de los hechos una vez que se consideraba obtenida toda la información, circunstancia en la que recién se pasaban los antecedentes a dicho Organo Jurisdiccional y se registraban en las Unidades Operativas, oficialmente", admitió el Ejército Nacional.
"Cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios", aseguró el ejército, "no se daba intervención a la Justicia, y en algunos casos, se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad".
"En algunos casos", llegó a reconocer la fuerza de tierra, "únicamente se emitía un comunicado solicitando su requisitoria para ocultar su fallecimiento".
No obstante, el Ejército acotó que "la información a la cual se arribó ha sido obtenida en forma voluntaria y teniendo además en cuenta que algunos de los integrantes de la Fuerza, que podrían haber aportado información más precisa o corroborar la misma, fallecieron".
El informe del Ejército Nacional atribuyó las desapariciones al entonces llamado Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) que dependía del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, y a los distintos "Organos Coordinadores de Operaciones Antisubversivas", ahora desactivados, de las Divisiones de Ejército.
Respecto a la "Operación Zanahoria", mediante la cual ciertos militares desenterraron en 1984 cuerpos de desaparecidos para esconder sus cadáveres, el ejército admitió que "se posee la convicción que se procedió a su exhumación, cremación en hornos artesanales, completándose por trituración lo que no fue posible cremar".
"No habrían sido exhumados la totalidad de los restos, no pudiendo precisarse con exactitud cuales fueron exhumados o cuales no", escribió la fuerza de tierra en su informe al presidente Vázquez, sin descartar la posibilidad que puedan haber más cuerpos enterrados.
La Fuerza Aérea Uruguaya indicó que habría realizado dos traslados clandestinos de presos, de Argentina a Uruguay, el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976, desde el Aeropuerto Newberry, de Buenos Aires, hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.
"Estas operaciones", afirmó la fuerza de aire, "fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por este servicio".
"El motivo" que fue "alegado por el SID fue el de preservar la vida de las personas" trasladadas "ya que de la información existente surgía la posibilidad inminente de muerte" de los detenidos en Argentina.
"Se dispuso", dijo en su informe, "que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado", y agregó que "las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo".
La aviación militar además aportó datos sobre la desaparición de los detenidos José Arpino Vega y Ubagesner Chávez Sosa, que murieron al ser torturados en la Base Aérea Capitán Boiso Lanza, y después enterrados en una chacra particular en la Ruta 8, cerca de Pando.
La Armada Nacional hizo un comparativo histórico y aseguró en su informe que "hasta 1974 se operaba contra la guerrilla de acuerdo a procedimientos claros en cuanto a detenciones y comunicaciones".
Pero, "desde 1974 hasta 1985", admitió luego, "la forma de operar de las Fuerzas Conjuntas varió, operándose en base a pequeños grupos en forma compartimentada, utilizando seudónimos y de civil".
"Los que realmente saben quién murió, donde murió y qué disposición final se dio al cuerpo, son únicamente los directamente responsables de la muerte", concluyó por su lado la fuerza de mar.
La Armada negó toda participación en desapariciones de detenidos, hecho que ha sido controvertido en los últimos días por víctimas de la represión que militaron en los ahora disueltos Grupos de Acción Unificadora, que imputan a los navales la muerte de 43 militantes.
Los informes que los comandos generales de las Fuerzas Armadas presentaron por separado al presidente Vázquez incluyen anexos que detallan el destino padecido por los 22 desaparecidos en manos del ejército y los otros dos desaparecidos que se adjudicó la fuerza aérea.
El diario LA REPUBLICA, que ayer accedió a los informes completos que se reproducen a continuación, prefirió omitir los anexos que refieren a los casos de desaparición identificados con nombre y apellido. *
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