La defensa presentó nuevas pruebas que incriminan a Blanco-Bordaberry

El primer canciller de la dictadura, el doctor Juan Carlos Blanco, ya procesado por el "homicidio" de la maestra Elena Quinteros, quedaría ahora más involucrado en el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz que investiga Timbal y la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze.

La otra persona implicada en la desaparición forzada, la tortura y la ejecución sumaria de los ex legisladores, es el ex presidente de facto Juan María Bordaberry. Por este crimen de guerra, la fiscal Guianze pidió a Timbal el "procesamiento con prisión" para los dos dictadores.

El escrito con las nuevas pruebas se sustenta, en gran medida, en los recientes documentos desclasificados de los archivos de la Cancillería uruguaya que estudió, durante unos cuatro años, el historiador Oscar Destouet. También agregó documentos desclasificados en otros países.

Los abogados denunciantes indicaron que documentos de Cancillería "no dejan dudas de la participación de Juan Carlos Blanco en la dirección, ejecución y ocultamiento de las acciones más horrendas de la dictadura uruguaya, particularmente y principalmente su directa participación en el Plan Cóndor, y en el marco de este operativo, la participación como autor mediato o coautor en los homicidios".

Los cuerpos de Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron dentro de un auto en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, junto a los cadáveres de los ex tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. Los cuatro habían sido secuestrados, torturados y ejecutados con tiros en la nuca.

En la década de los años 70 acusaron los denunciantes en su escrito, "la Cancillería y la Embajada uruguaya en Buenos Aires" jugaron "un papel esencial en la represión de los ciudadanos uruguayos en Argentina que se exiliaron por ser perseguidos por la dictadura".

Además agregaron que "el trabajo de vigilancia, persecución y castigo de los uruguayos que se oponían a la dictadura fue programado minuciosamente desde el gobierno de Juan María Bordaberry, y dirigido por los servicios de Inteligencia en coparticipación con la Cancillería, con planes generales para las embajadas de Uruguay en todos los países y programas particulares en cada país, especialmente en los del Cono Sur", todas dictaduras que integraron el Plan Cóndor.

Blanco, "el encargado de vigilar y perseguir"

El canciller Blanco "siempre tuvo conocimiento, y fue el encargado por los servicios de Inteligencia de vigilar y perseguir a Zelmar Michelini y a todos los otros ciudadanos uruguayos opuestos a la dictadura", explicaron los abogados en el escrito presentado que "agrega prueba y argumentos para la reconstrucción de los hechos e imputación de responsabilidades" por los cuatro crímenes de guerra.

La "documentación desarchivada de la cancillería confirma que Juan Carlos Blanco fue protagonista consciente y voluntario de la vigilancia, persecución y, principalmente, su implicancia directa en la ejecución del operativo Plan Cóndor" y "protagonista y responsable (como autor mediato o coautor), junto a Juan María Bordaberry, en el mismo grado de responsabilidad" en "los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y los otros ciudadanos", cuyas muertes "se investigan en autos" a cargo del magistrado y la fiscal.

Las pruebas agregadas al expediente por el escrito presentado ayer incluyen cuantiosos télex recibidos o enviados por el canciller Blanco, en los que "el secreto, la confidencialidad" y "los mensajes total o parcialmente en clave", "indican que la actividad de la Cancillería y las embajadas estaban interrelacionadas con el servicio de Inteligencia" y "con el OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas)".

Asesinatos para frustrar un camino democrático

Las familias denunciantes expresaron que "los asesinatos de los legisladores" fueron perpetrados "para frustrar las negociaciones" e impedir "un camino de apertura para las fuerzas democráticas".

También pudieron demostrar en base a documentos oficiales que el entonces embajador uruguayo en Argentina, Adolfo Folle Martínez, recurrió al comisario argentino, Juan Carlos Gattei, entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros, para que "citara e interrogara a Michelini" para preguntarle por el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos, días después de resultar asesinado, para denunciar al senador demócrata Edward Kennedy las violaciones a los Derechos Humanos que cometían en Uruguay los militares y policías golpistas.

Los mismos documentos desclasificados permitieron a los abogados afirmar que "el 25 de noviembre de 1975, la Embajada de Uruguay comunica a la Sección Consular la resolución de las autoridades uruguayas de la cancelación de la validez de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y se pide se comunique la cancelación a la Policía Federal, a la Dirección de Migración de la Argentina y a los distintos consulados" en Argentina.