Fuerza Aérea investiga alrededor de 10 mil vuelos durante dictadura

El dato fue suministrado el miércoles por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en la Comisión sobre Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Según la versión taquigráfica, a la cual tuvo acceso LA REPUBLICA, Fernández sostuvo que el Ejército debe investigar también cuál fue el destino de las personas que integraron el llamado "segundo vuelo". Agregó que "en este momento, el teniente general Bonelli está revisando, al mayor detalle, fundamentalmente porque la prensa empezó a hablar del tercer y cuarto vuelo, los viejos archivos que existen que son grandes libros de donde hay que descartar los vuelos que en aquel momento se hacían para Pluna, separándolos de los que no eran para esa compañía. Se trata de discriminar en un universo de aproximadamente diez mil vuelos para saber cuáles pudieron ser vuelos de este tenor. Esa información complementaria será aportada a la Presidencia".

Papel clave del SID

En su informe a la Presidencia de la República, el 8 de agosto, la Fuerza Aérea reconoció haber efectuado dos vuelos; el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ambas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese servicio. Según el documento, el motivo de los viajes "alegado por el SID, fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina trasladándolas a nuestro país, ya que de la información existente surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquel lugar". La Fuerza Aérea señaló además que las tripulaciones involucradas recibieron las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, "a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos". Agregó que "las tareas de embarque, desembarque, y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones". La investigación de la Fuerza Aérea no permitió sin embargo "conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad". Una investigación de LA REPUBLICA denunció la existencia del "segundo vuelo" ilegal en marzo de 2002. Se trató del vuelo 511 de TAMU en el que trasladaron a una quincena de prisioneros políticos cuyo destino fue el Uruguay, donde habrían sido ejecutados. La denuncia no fue incluida en el informe de la Comisión para la Paz. En el primer vuelo, los 24 prisioneros trasladados desde Automotores Orletti permanecieron luego desaparecidos por tres meses en una casona de Punta Gorda y en la sede del SID. Ese grupo de uruguayos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fue luego "blanqueado" y procesado por la justicia militar, tras un fingido operativo antisubversivo ampliamente publicitado por la dictadura.

Comisión para la Paz

El secretario de la Presidencia también mencionó que el ex presidente Batlle había decretado la no comparecencia de los comandantes a brindar información sobre los restos de los desaparecidos. Recordó que a determinada altura de la investigación de la Comisión para la Paz ésta elevó un informe al Presidente de la República en el que admitía la imposibilidad de avanzar. "Usted no autorizó que nos entrevistáramos con los comandantes en jefe y, por ende, hasta aquí llegamos. Estas son nuestras conclusiones y ahora le toca a la Presidencia proseguir esa tarea o profundizar la investigación. Ese mismo día la Presidencia de la República se limitó a aprobar por Resolución presidencial este informe y luego por Decreto en Consejo de Ministros lo actuado por la Comisión para la Paz, y no continuó las investigaciones a pesar de que había una serie de puntos pendientes", reveló Fernández.

"Los miembros de la Comisión para la Paz logramos persuadir a muchos de los militares retirados para que nos dieran información", dijo Fernández. "Lo que no pudimos por disposición del anterior Presidente de la República, fue trabar contacto con lo que parecía ser la jerarquía o el camino natural, que eran los comandantes en jefe. Esta vez se ha ido directamente a los comandantes en jefe para que, investidos de toda su autoridad, recojan información. Así y todo, habrá unos cuantos oficiales --sobre todo los retirados-- reticentes, y otros que lograron hablar", advirtió el secretario de la Presidencia.

A pesar de la ardua labor, el jerarca del gobierno estimó que en "un año y medio" se habrá de llegar a una conclusión en materia de los detenidos desaparecidos.

Por otro lado, "en estos temas hay que obrar con paciencia porque, más allá de que tengamos plena confianza en los comandantes en cuanto a la certeza de que allí hay restos o aquellos restos que no formaron parte de la denominada "Operación Zanahoria", eso no tiene por qué significar celeridad o inmediatez en el hallazgo. Se trata de zonas que han cambiado a lo largo de treinta años. De todos modos, no creo que esto se extienda un año y medio; lo doy por descartado".

"Ayer me informaban" --dijo Fernández el pasado martes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja-- "que en la chacra (de Toledo) ya comenzaron a aparecer restos de cal; los técnicos dicen que en esos casos el cuerpo se correría un par de metros fuera del lugar; de modo que serían los primeros cuerpos que podríamos rescatar", aventuró a asegurar. Empero, ayer, el secretario debió rectificar esta información y reconocer que existió un error de interpretación de los datos técnicos recibidos. *