Investigan en Salto presunto manejo irregular de explosivos durante la gestión de Malaquina

La denuncia de un funcionario municipal sobre el manejo y suministro de explosivos durante la administración anterior del escribano Eduardo Malaquina no dio lugar a la conformación de una Comisión Investigadora por parte de la Junta Departamental de Salto. Al referido trabajador comunal, especialista en topografía y en manejo de explosivos, se lo tenía a la orden en su domicilio y no se le permitía desde hacía cinco años ingresar a su lugar de trabajo.

Sin embargo la conformación de una Comisión Investigadora solicitada por los ediles Felipe Carballo, Pedro Rodríguez y Gustavo Grassi, fue rechazada por la Comisión Pre Investigadora que analizó las denuncias oportunamente formuladas por el funcionario José Luis Martínez. Lo resuelto por el cuerpo deliberativo generó una serie de interrupciones al solicitarse sucesivos cuartos intermedios por parte de las distintas bancadas. Hasta que el edil Juan Carlos Perín, planteó la realización de un cuarto intermedio de 15 días, que fue votado por los 15 ediles encuentristas, empatando en número con las abstenciones de blancos y colorados y que desniveló el presidente Daniel Dalmao, dando lugar a la postergación en el tratamiento del tema.

El motivo de la solicitud de integración de la Comisión Investigadora fue la presentación de una nota por parte del funcionario municipal José Luis Martínez ante esta corporación solicitando el estudio de su situación funcional y la existencia de una serie de hechos e irregularidades ocurridos en la Intendencia Municipal de Salto durante la anterior administración. Martínez, un reconocido especialista en el manejo de explosivos y topógrafo calificado era mantenido, contra su voluntad, en su domicilio a la orden de la comuna, percibiendo su remuneración y sin poder ingresar a su lugar de trabajo.

El informe de la preinvestigadora en cuestión dice:

"De acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Salto, cúmplenos expresar lo siguiente: ediles Andrés Lima, Glodomar Fraga y Carlos Martínez, integrantes de la Comisión Pre Investigadora a usted informa que consideran que corresponde pronunciarse en forma unánime, con criterio adverso a la formación de la Comisión Investigadora por los siguientes motivos:

Primero: Entidad de la denuncia. Consideramos que la nota presentada por el funcionario municipal cuenta con dos elementos denunciados: uno es su situación funcional y otro es lo referente a la adquisición y manejo de explosivos, préstamos de materiales e irregularidades en cuanto al informe reglamentario al Servicio de Materiales y Armamentos los cuales son de connotada importancia.

Segundo: Seriedad de su origen: A nuestro entender la denuncia en sí amerita su estudio y evaluación considerando especialmente lo atinente al manejo de explosivos, el cual se encuentra reglamentado por el Servicio de Armamentos del Ejército.

Tercero: Oportunidad y procedencia de la investigación. De acuerdo con lo que viene de exponerse, en cuanto a la situación funcional del funcionario Martínez, consideramos que es un tema estrictamente administrativo municipal. Por tanto no le corresponde a la Junta Departamental expedirse. En cuanto al tratamiento y manejo de explosivos, se tomó conocimiento por esta Comisión que la Intendencia a través de su Oficina Jurídica se encuentra instrumentando una investigación administrativa, Asunto Municipal Nº 1801/98, por lo que tramitar una investigación en la órbita de la Junta Departamental, en forma paralela a la de la comuna, estaría entorpeciendo y superponiéndose a ésta. Además, no se tendría acceso a la información necesaria para la investigación aquí, debido al secreto que preside en estos trámites administrativos".

Por su parte el edil Felipe Carballo manifestó su malestar por la no conformación de la citada Comisión Investigadora. Señaló el edil frenteamplista que "es necesario analizar responsabilidades fundamentalmente en los hechos irregulares atinentes al manejo de explosivos. Además de ello hubo un abuso de funciones contra un funcionario municipal, a quien durante cinco años se lo tuvo en su casa cobrando en sueldo sin permitírsele trabajar". *