Presentarán denuncia penal contra los mandos militares de la dictadura

Una denuncia penal contra el ex dictador Gregorio Alvarez y los demás mandos militares y policiales de la dictadura impuesta en Uruguay entre 1973 y 1985 será presentada en el mes de setiembre por el grupo de abogados denunciantes de casos de violaciones a los derechos humanos.

Los abogados querellantes, quienes desde hace algunas semanas vienen debatiendo sobre temas jurídicos y coordinando acciones en reuniones que se realizan en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay, firmarán en forma conjunta la acción penal para el histórico juicio.

En el grupo se encuentran los abogados Hebe Martínez Burlé, José Luis González, Pablo Chargoñia, Guillermo Payseé y Jorge Errandonea, quienes impulsaron individualmente los juicios contra Bordaberry y los casos Michelini-Gutiérrez Ruiz, Gelman y Quinteros, entre otros que instruye el Poder Judicial.

El doctor Guillermo Payseé confirmó a LA REPUBLICA que se viene preparando la causa que tiene como eje al ex dictador Gregorio Alvarez, quien también ocupó el cargo de comandante en jefe del Ejército, pero incluye a los restantes comandantes de las tres armas y a los mandos policiales.

El grupo de abogados suscribió hace un año, el 28 de setiembre de 2004, un documento titulado "¡Nunca Más! A 20 años del primer gobierno constitucional: las materias pendientes", donde varias organizaciones no gubernamentales trazaron una plataforma por la defensa de los derechos humanos en Uruguay.

Un juicio histórico

La causa contra los mandos de la dictadura cívico militar incluiría a siete comandantes en jefe del Ejército, cinco de la Fuerza Aérea y tres de la Armada, además de los militares y civiles que estuvieron a cargo de las fuerzas policiales o comandaron las jefaturas de Policía de todo el país.

Al mando del Ejército estuvieron Hugo Chiappe Pose, Julio Vadora, Gregorio Alvarez, Luis V. Queirolo, Boscán Hontou, Pedro Aranco y Hugo Medina; en la Fuerza Aérea: José Pérez Caldas, Dante Paladini, Raúl Bendahan, José Cardozo y Manuel Buadas; y los jefes de la Armada fueron: Víctor González Ibargoyen, Hugo León Márquez y Rodolfo Invidio. Actualmente, son cuatro los Comandantes sobrevivientes de la época.: Alvarez (Ejército), Invidio y González Ibargoyen (Armada) y Bendahan (Fuerza Aérea).

Los abogados analizan si como mandos de las fuerzas policiales se incluirán a los militares y civiles que ejercieron cargos en el Ministerio del Interior, secretaría de Estado al frente de la cual se sucedieron generales del Ejército, secundados por civiles en el rol de subsecretarios.

También existe la posibilidad de que dentro del concepto de mandos de la dictadura --que a juicio de los querellantes no están amparados en la Ley de Caducidad-- pueda incluirse a los coroneles que ocuparon las jefaturas de Policía en los 19 departamentos del Interior del país durante los trece años de dictadura. El documento firmado hace un año por los abogados defensores de las causas sobre violaciones a los derechos humanos, incluía siete puntos como una plataforma que el Estado uruguayo debía atender para "rectificar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro".

En primer lugar, se requería la verdad sobre lo ocurrido, para lo cual debía investigarse, encontrar los restos de los desaparecidos y abrir los archivos del Estado; para luego, como segundo punto, permitir la acción de la Justicia en casos como los delitos de lesa humanidad, que debían tipificarse en ley.

Quienes suscribieron aquella declaración reclamaban, en tercer lugar, la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado sufrido, y el reconocimiento público del papel desempeñado por los familiares de presos, exiliados y desaparecidos, para construir la memoria histórica del país.

Como quinto punto, se señalaba la necesidad de reformar el ordenamiento jurídico vigente, para transformarlo en una herramienta eficiente de defensa de los derechos humanos, incorporando como leyes los tratados internacionales firmados por el país y proyectos propuestos por el Colegio de Abogados.

También se subrayaba el papel de la educación en materia de derechos humanos, tanto a estudiantes como a policías y militares y universitarios; para, finalmente, proponer la creación del Defensor del Pueblo (ombusdsman) al frente de una Comision Nacional de Derechos Humanos independiente. *