Hoy es el fallo de la jueza Graciela Berro sobre la acción de amparo de LA REPUBLICA

La editora del diario plural solicitó amparo a la Justicia ante la violación de sus derechos constitucionales de libertad de prensa, libertad de información y libre circulación de las ideas, opiniones y noticias.

La jueza Graciela Berro, admitió el recurso de amparo y el "sindicato" de canilludos a través de sus abogados, el doctor Santiago Carnelli y la doctora Sandra Rivas, pidió su archivo por considerar ese recurso absolutamente improponible. La jueza mantuvo su decisión y hoy dictará sentencia sobre el fondo del asunto.

En la por momentos tensa audiencia del viernes último, quedó probado que el diario fue censurado y virtualmente clausurado por esta corporación que ejerce un monopolio ilegal ya que éste no fue declarado por los dos tercios de la Asamblea General Legislativa.

Quedó también probado que esa corporación de canilludos violó el contrato de hecho que desde hace 18 años rige las relaciones entre LA REPUBLICA y el "sindicato", al pretender éste duplicar el precio del "peaje" al diario plural en castigo por haber osado el periódico rebajar su precio de venta al público de a para que los sectores menos pudientes volvieran a leer diarios. También fue reconocido por el "sindicato" que el contrato permitía a LA REPUBLICA fijar el precio de venta de sus ejemplares sin permiso alguno de los canilludos y que éstos tenían como retribución el peaje acordado que no dependía en ningún momento del precio de tapa, ya que la cantidad de ejemplares fijos que debían recibir los canilludos por su tarea de entregarles los diarios a los canillitas, que a su vez cobraban el 35% de los ejemplares vendidos era siempre fija e inamovible .

En la audiencia también se probó al exhibir el "sindicato" el contrato con los tres restantes diarios de circulación nacional, El País, El Observador y Ultimas Noticias, que en ese documento en ningún momento se establecía que si el precio de tapa de los diarios bajaba, los diarios tenían que entregar más ejemplares de peaje a las editoras, como tampoco se establecía que si los precios de tapa subían las editoras tenían que reducir los ejemplares de peaje que entregaban al "sindicato".

La sola lectura del contrato entre los demás diarios y el "sindicato" probó la mentira de la corporación monopólica que afirmaba que ese contrato los obligaba a que cualquier beneficio que se le otorgara a LA REPUBLICA debía serle trasladado a ellos.

En efecto, no hay ningún beneficio para el diario plural si éste baja su precio de tapa, ya que el diario continúa entregándole la misma cantidad de ejemplares como pago de peaje. Y para que haya un privilegio para LA REPUBLICA en relación con los demás diarios, tendrían éstos también que reducir sus precios de tapa a y seguir entregando el millar de diarios de peaje a los canilludos a como pretende el "sindicato", pero tal circunstancia no sucedió, por lo tanto la situación no es comparable.

También quedó probado en la audiencia que no existe en el contrato entre LA REPUBLICA y el "sindicato" ninguna exclusividad ni monopolio de venta en quioscos autorizado por la ley y que los canilludos no pueden negarse a entregar los ejemplares que el diario plural decida, a los canillas y a los quioscos.

Esta batalla judicial por la libertad de prensa y de expresión dejó al descubierto una situación desconocida por legisladores, jueces, autoridades nacionales y departamentales, lectores y la sociedad civil y política toda.

Y es nada menos que el descubrimiento de la existencia de un grupo de personas, no más de treinta en total, los canilludos, que dirigidos por el conocido turfman Eddie Espert, ejercen el monopolio ilegal basado en que sólo ellos pueden entregar diarios a los canillas y que además cobran un peaje exorbitante a las editoras de diarios para trasladar esos ejemplares y ahora también se arrogan el derecho de impedir que los diarios bajen de precio y sólo admiten tal circunstancia si se les dobla la cantidad de ejemplares que reciben de peaje.

Ese reducido grupo de ciudadanos se apoderó de la libertad de prensa al impedir la circulación de los diarios que no se avienen a su dictadura, controlan en su totalidad al sindicato de canillitas a quienes les dan las migajas del botín, ya que no les participan del fabuloso peaje que es fijo y no corre riesgo alguno, se vendan o no los diarios.

Los canillitas ganan si se venden los diarios ,los canilludos ganan siempre, se vendan o no los diarios. Los canillitas no dirigen el sindicato.

El sindicato lo dirigen los canilludos.

Esta realidad ocultada a la sociedad pasó a raíz de la censura a LA REPUBLICA a resplandecer plenamente, lo que ha provocado una movilización general de parlamentarios, ediles, autoridades departamentales que regulan la concesión precaria y revocable de los quioscos de Montevideo, para sancionar normas que dejen en claro que no existe exclusividad en la venta de diarios, que la circulación de la información es libre y se debe llevar a cabo a través de todas las formas posibles para que la libertad de prensa llegue a todos los sectores de la sociedad, al precio más barato posible y que los quioscos que ocupan espacios de la comunidad y sin los cuales la circulación del derecho a la información se limita, no se pueden negar a recibir los diarios al precio que estipulen las empresas editoras y por la vía que éstas entiendan más conveniente y menos costosa para la sociedad.

Este es el gran debate que acaba de instalar el diario LA REPUBLICA en la sociedad para que ningún grupo secuestre la libertad de expresión amparado en su voracidad de ganancias desmedidas.

A través del fallo de hoy se puede o no obligar al sindicato de Espert a distribuir LA REPUBLICA en todos los quioscos al precio que decida el diario y manteniendo los términos contractuales que obliga al sindicato a recibir un volumen físico de diarios en forma fija sin tomar en cuenta el precio de tapa que es lo que establece el contrato que rige a ambas partes desde hace 18 años.

Puede también no hacer lugar al pedido del diario LA REPUBLICA. Ambas partes pueden apelar el fallo y tienen 3 días para ello. El Tribunal de Apelaciones de quinto turno en lo civil tiene competencia para dirimir este recurso de amparo en caso de apelación y tiene 4 días hábiles para decidir en forma definitiva, por lo que se estima que en caso de apelación no hay sentencia definitiva antes de Navidad. *