Homicidios investiga atentado contra capitán Carmona; nuevas pruebas exculparían al subcomisario De María

Dos semanas atrás, el presidente Tabaré Vázquez recibió en un sobre cerrado las tres "nuevas pruebas" que exculparían al subcomisario De María del asesinato del propietario de free shops. Cierta declaración de Carmona sería relevante frente a la eventual reapertura del caso.

El capitán (r) Carmona recibió dos disparos entre las 20.00 y las 20:30 horas del lunes en Andes y Cerro Largo, a media cuadra del centro de reclusión "Tacoma", donde permanece por la muerte de González. Uno le perforó un muslo delantero; el otro quedó incrustado en un glúteo.

Una supuesta estafa con bienes muy endeudados con la intendencia habría sido el motivo del atentado, según versiones sin confirmar. El capitán Carmona habría vendido por seis mil dólares apartamentos que, después se supo, tenían una deuda mayor a su valor de venta.

Diagnosticado como una suerte de sicótico delirante por siquiatras y sicólogos penitenciarios que descartaron toda peligrosidad, Carmona, ahora internado en el Hospital Maciel, era un preso particular: tenía por costumbre decir que hacía millonarios negocios en todo el mundo.

Comentó a los demás reclusos, por ejemplo, que estaba concretando un negocio en Irak para la instalación de un gasoducto, un negocio que avaluó en unos 50 millones de dólares. También ofrecía a los presos conseguir traslados y libertades a cambio de mucho dinero.

En una recordada audiencia por el homicidio de González llegó a pedir a uno de los jueces que actuaron en el caso un teléfono para llamar al presidente Bush (padre) y probar que había trabajado para la CIA. Le negaron la llamada. Es que Carmona ya había variado su declaración.

Bastaron apenas 24 horas entre el día en que apareció el cuerpo de González, dentro de un aljibe en la localidad canaria de Los Cerrillos, y la audiencia siguiente para que Carmona rectificara su acusación contra De María: adujo haber sido sometido a torturas y amenazas.

El 1º de setiembre de 1993, Carmona dijo a una jueza de Las Piedras, Miriam Musi, que De María le había "entregado" al empresario en la esquina de Avenida Italia e Hipólito Irigoyen. Al día siguiente lo negó y luego afirmó a la jueza que fue torturado por el policía Milton Coito.

El oficial Lemos, ahora prestando servicios en la Dirección Nacional de Policía Técnica, es otro funcionario policial implicado varias veces en alguno de los múltiples episodios relativos al secuestro y la posterior muerte del poderoso empresario. Nunca recibió una imputación fiscal.

Lemos, junto a Coito, resultó procesado por "apremios físicos" contra Carmona, pero un tribunal de segunda instancia lo sobreseyó de todo delito. El expediente conserva vestigios del esfuerzo de Carmona por probar las evidencias que revelaban que había recibido las torturas.

Según versiones de la época, Carmona llegó a ser torturado por Coito al punto de estar al borde de la muerte: durante "un submarino", una práctica de suplicio que consiste en sumergir la víctima en agua para inducirlo a la asfixia, el ex militar llegó a sufrir un trastorno cardíaco.

El vínculo entre el sargento Coito, el capitán Carmona y el comisario Alberto Lemos se remontaría, según versiones nunca probadas, hasta principios de los años 90, cuando el ex militar resultó procesado por robar autos en Brasil y luego ingresarlos por contrabando a Uruguay.

Lemos y Coito, entonces oficiales de la Seccional 14, habrían sido los cómplices de Carmona en la "legalización" en Montevideo de los autos ingresados ilegalmente a territorio nacional por la frontera con Brasil, precisamente por la línea limítrofe, sobre el departamento de Rivera.

La confesión bajo tortura

En su primera declaración, "la entrega" de González se concretó a las 12:30 horas de un lunes. De María lo llevó en su auto. Sin que nadie notara nada, González fue atado e introducido en la valija del auto de Carmona, con ayuda de sicarios brasileños que contrató para asesinar.

El militar repetiría varias veces que el asesinato fue cometido por los sicarios. La existencia de los asesinos a sueldo y su presunto ingreso a Uruguay nunca pudo ser demostrado. Tampoco explicaría Carmona por qué matar a González en Montevideo: estaba siempre en Rivera.

Al día siguiente, Carmona desmintió todo lo que había afirmado el día antes. Dijo que De María no tenía nada que ver, que lo había culpado porque se lo exigió Milton Coito, que, según aseguró, lo torturó en su propia chacra, donde se sospechó que González estuvo "secuestrado".

Al menos cinco personas aseguran haber visto a González después de la hora en que Carmona dijo que se hizo "la entrega". Sus testimonios ubicaron al empresario cerca de 25 de Mayo y 33, donde De María asegura que dejó a González, cuando lo vio por última vez con vida.

González nunca llegó a la oficina que tenía en 18 de Julio y Pablo de María, donde había quedado de encontrarse con el ex subcomisario, ahora también recluido en el Tacoma, junto al ex militar Carmona. Se llevan bien entre ellos. Carmona siempre se justifica: yo fui torturado.

Doce años de prisión sin una sentencia definitiva

Después de las actuaciones de los varios jueces que tuvo la causa, la jueza penal de 20º Turno, Aída Vera Barreto, procesó con prisión al subcomisario Washington De María por "coautoría" en un delito de "homicidio muy especialmente agravado". Pidió 30 años de prisión.

De María lleva 12 años encarcelado, procesado pero sin condena, a la espera de una sentencia definitiva. La resolución de la jueza Vera fue apelada y se aguarda una definición para febrero, cuando el asunto sería reabierto, y Carmona podría volver a rectificar su declaración.

La imputación y el castigo había sido solicitado por el fiscal penal de 7º Turno, Eduardo Fernández Dovat, que fue trasladado a las fiscalías de Montevideo por el presidente Julio María Sanguinetti, a pedido de la entonces ministra de Educación y Cultura, la abogada Adela Reta.

Un episodio bochornoso protagonizado por el fiscal en la puerta de la Jefatura de Policía de Rivera, del cual existen varias versiones, habría sido el motivo del traslado. De la misma fecha serían los vínculos del fiscal con empresarios concesionarios de los free shops en la frontera.

A pesar de que Carmona declaró haber recibido a González de manos del propio De María, la jueza procesó al ex militar a 26 años de prisión, cuatro años menos que el castigo que recibió el subcomisario que, según Carmona, le entregó al empresario con vida, tras el secuestro.

También Carmona apeló la resolución de la jueza Vera. Ambos casos son dirimidos por los ministros Bernadette Minvielle, José Bonavota y Eduardo Borges del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno. Nuevas pruebas permitirían la reapertura del caso con otros testigos.

Tres pruebas en un sobre cerrado

El presidente Tabaré Vázquez recibió hace dos semanas en un sobre cerrado las tres pruebas, basadas en tres testigos, que exculparían del homicidio al subcomisario De María, ex oficial del Departamento de Operaciones Especiales (DOE), asignado a la custodia presidencial.

Convencido de que la jueza nunca recabó pruebas suficientes para poder procesarlo por el asesinato de González, De María interpuso el recurso de apelación. Ahora pediría la revisión de todo lo actuado en la causa en base a las pruebas aportadas por un allegado a los secuestradores.

De acuerdo con los documentos contenidos en el sobre entregado en el propio despacho de Vázquez, el inspector general Winston Ginares podría explicar que nunca pudo hacerse la entrega de González en el lugar indicado, y menos aún pudo ser atado y ocultado en una valija.

El inspector Ginares basaría su testimonio en una reconstrucción del hecho, que ya realizó, la cual arrojó por resultado que los relatos de Carmona, y las horas en las que ubicó cada episodio, carecen de toda verosimilitud posible en su realización, y en los tiempos en los que se hizo.

En particular, resulta improbable para el inspector general Ginares que alguien pueda haber sido maniatado e introducido a la fuerza en la valija de un automóvil por unas siete personas, en una esquina muy transitada a esa hora, sin que haya surgido ningún testigo del hecho.

El sobre también contenía una foto de un vehículo muy peculiar en el Uruguay del año 93: un BMW 525, color blanco, de cuatro puertas, de los que había muy pocos en el país. Es el mismo vehículo en el que un testigo vio a González, en el mismo momento en que era "entregado".

El testigo, un ex policía ahora carpintero, asegura que vio a González cuando viajaba en el vehículo, sentado en el asiento de atrás, entre las 13 y las 15 horas, la misma hora que señalaron los otros testigos que afirman haber visto al empresario vivo, sin indicio del secuestro.

La tercera prueba, corroborada por el testimonio de un tercer testigo, ubica a otro personaje, un financista todavía en una plena actividad comercial, en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Arabes, cuando el empresario González "desvió" U$S 20 millones a través de la UTE.

El financista esperaba en Dubai una transferencia de 13 millones de dólares, al tiempo que Pablo, el hijo mayor y mano derecha de Luis Ernesto González, aguardaba en Nueva York una transferencia de los restantes siete millones. El "desvío" ya fue constatado por la Justicia.

El incendio en el Palacio de la Luz, el 13 de agosto de 1993, habría sido para ocultar las evidencias del desvío de fondos cometido a través del sistema informático de la UTE, mediante la utilización de falsas órdenes de compra y de pago. González estuvo involucrado.

El siguiente 23 de agosto, González fue visto por última vez. Fue el día en que Carmona dijo haber recibido la "entrega" de De María. Muy por el contrario, cinco testigos afirman haberlo visto con vida durante la tarde, y un quiosquero asegura que estuvo "escondido" en su casa.

El cuerpo de González apareció dentro de un aljibe en Los Cerrillos el 1º de setiembre. La Policía citó a todos los medios de comunicación y anunció que sería retirado el cuerpo del empresario. En cuestionado testimonio, los policías indagados dijeron que ya sabían dónde estaba.

El subcomisario De María ya estaba detenido e incomunicado en la Guardia de Coraceros, desde el anterior 26 de agosto. Los forenses que intervinieron dictaminaron que González había sido asesinado entre tres y 24 horas antes. Imposible que De María fuera el asesino.

La detención de De María fue ordenada por el entonces ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, quien se basó en los informes de los policías Coito y Lemos que imputaron el "homicidio" de González al subcomisario, cuando no había siquiera aparecido el cuerpo sin vida.

Acusadora del oficial De María  resultó procesada por "fraude"

La principal acusadora del subcomisario Washington De María en el expediente judicial fue la viuda de González, Olga Sánchez, quien a la postre resultaría procesada con prisión como autora de un delito de "fraude" en relación a los seguros de vida de quien fuera su marido.

La investigación judicial demostró que Sánchez aumentó la prima de uno de los seguros, una semana antes del asesinato, y luego intentó cobrar otros seguros de vida mientras su marido continuaba, según se aseguró, "secuestrado", por quienes al final acabarían con su vida.

Junto a Sánchez fue procesado el inspector mayor Alexis González, por entonces director de la Dirección de Grupos de Apoyo de la Jefatura de Policía de Montevideo, con quien, afirmó la sentencia, mantenía una relación sentimental desde hacía mucho tiempo. El inspector González acompañó a Olga Sánchez en sus intentos por cobrar abultados seguros de vida durante la semana en que González estuvo "secuestrado", según algunas versiones, o escondido de los que decidieron matarlo, quizás por haber quedado fuera de un negociado.

No obstante, el "fraude" en los millonarios seguros de vida nunca fue tenido en cuenta por la jueza Vera a la hora de sopesar los posibles móviles del denunciado "secuestro" y del comprobado "homicidio", delitos que todavía están a la espera de una dilucidación definitiva. *