ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
El prófugo coronel uruguayo, Manuel Cordero, se habría fugado también de Brasil donde se le denegó por dos veces el amparo de un "habeas corpus" y era inminente su detención preventiva por orden de la Justicia federal que debía resolver sobre un pedido de extradición procedente de Argentina.
Organizaciones de derechos humanos de Brasil señalaron a LA REPUBLICA su sospecha de que el militar retirado pudo haber abandonado el territorio del país norteño y, posiblemente, intente buscar refugio en Paraguay, donde tendría contactos desde tiempos de las dictaduras militares de los setenta.
A mediados de 2004, Cordero huyó a Brasil para evitar una condena menor en Uruguay y, desde que fue localizado en Livramento a principios de año, realizó una serie de pedidos ante la Justicia brasileña para que se le otorgara refugio, se le concediera un "habeas corpus" y otras medias de protección.
Los sucesivos recursos judiciales implicaron una dilación al pronunciamiento de fondo sobre un pedido de extradición tramitado por el juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien tiene a Cordero y otros militares uruguayos entre los responsables de desapariciones y homicidios del llamado "Plan Cóndor".
Cordero huyó a Brasil en julio de 2004 para evitar comparecer ante el juez Pedro Hackembruch en una causa de "desacato con ofensa" denunciada por el juez José Balcaldi, quien le instruía un juicio por "apología del delito" ante declaraciones públicas en las que el militar reivindicó la tortura.
Balcaldi se recusó del caso luego de una serie de dilatorias de la defensa de Cordero y ante una acusación por parte del militar de que el juez penal había sido "colaborador de la dictadura" y había estado bajo su mando como informante de los servicios de seguridad del régimen.
La fuga del militar de Uruguay motivó un pedido de captura internacional por parte de Hackembruch, que no fue informado de su presencia en Brasil por parte del entonces canciller Didier Opertti, quien mensualmente autorizaba que a Cordero se le hicieran efectivos los pagos de su jubilación.
En setiembre de 2004, Cordero se presentó ante la Policía Federal de Santa Ana do Livramento para tramitar su permanencía legal y el 14 de febrero de 2005, cuando se denunció su presencia en territorio brasileño, se declaró un perseguido político y pidió el estatus de "refugiado".
En marzo de este año, cuando alegó su pedido de refugio, Cordero declaró que desde 1986 es amenazado y ha sufrido ataques a su integridad, lo que se incrementó con el cambio de gobierno en 2004, ya que sufría "una persecución implacable de parte de la izquierda" uruguaya.
El militar acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos en Argentina y Uruguay, tramitó en Brasilia una solicitud formal ante el Comité Nacional para los Refugiados (Conare), dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Mientras se realizaban los trámites procesales entre el Conare y el Supremo Tribunal Federal de Justicia, Cordero pudo acceder a un documento provisorio con el que viajó a San Pablo, donde se habría sometido a una operación al corazón con la instalación de by pass.
El abogado de Cordero, Julio Martins Favero, había presentado un recurso de "habeas corpus" (Nº 86.954) que fue negado el pasado 16 de noviembre por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Dr. Carlos Brito, quien consideró que no había mérito para dar protección al militar prófugo.
La negativa de la Justicia, llevó a la defensa de Cordero a presentar un nuevo "habeas corpus" (Nº 97.269) con un pedido de decisión anticipada, a la vez que presentaba una acusación para descalificar a otro ministro del STF, Marco Aurelio de Mello, encargado de expedirse sobre su extradición a Argentina.
El pasado 22 de diciembre, la doctora Ellen Gracie, vicepresidenta del máximo órgano judicial brasileño, negó la adjudicación anticipada del "habeas corpus" y envió el expediente al procurador general de la República para que diera vista fiscal y se pronunciara sobre el caso.
Paralelamente, el abogado del militar uruguayo cursó otra maniobra legal, al presentar ante el STF un "mandato de segurança" con el que calificaba de abuso de poder ("impetrado") al Consejo Nacional para los Refugiados (Conare), que le había denegado el amparo inicialmente pedido.
El pasado 6 de diciembre, la Justicia brasileña pidió a la defensa de Cordero que se presentara con un documento que debía ser firmado por el militar. En dos semanas no se cumplió el trámite, por lo que se considera que, temiendo su detención, Cordero decidió fugar de Brasil. *
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