Los militares destituidos durante la dictadura por razones políticas o ideológicas, o sus sucesores, tendrán noventa días para presentarse al Ministerio de Defensa, reclamando una jubilación bonificada.
Acaba de promulgarse una ley propuesta por el Ejecutivo, que repara a los solos efectos jubilatorios a numerosos militares que nunca habían sido contemplados.
En general, se trata de oficiales que adherían a los partidos tradicionales, destituido por aplicación del "inciso G" del reglamento.
Mientras que los militares frenteamplistas estuvieron presos o perseguidos y fueron reparados, los gobiernos posteriores no habían incluido a los del inciso G, ya que por el mismo procedimiento se habían destituido a personas que habían cometido faltas o delitos comunes.
La flamante ley crea una comisión de tres asesores presidida por la ministra de Defensa, que estudiará uno a uno casos que se presenten, que deberán venir acompañados de pruebas y antecedentes.
A los casos aprobados, se calculará los tiempos mínimos de ascenso al máximo al que hubieran podido aspirar, a los efectos de recomponer la carrera en forma ficta.
Se restablecerán los derechos jubilatorios y de sanidad militar y se indemnizará a los afectados con 24 meses de jubilación y un incremento de por vida de un 25%, no heredable.
Además, se limpiará e legajo y se establece que "ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor".
Las solicitudes rechazadas tienen abierta la vía legal para reclamar, que culmina en el Tribunal de lo Contencioso. *
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