Los 50 cañeros de Bella Unión desacatarían desalojo judicial

La mayoría de los ocupantes parecía anoche proclive a permanecer en la tierra ocupada, una fracción en la Ruta 3, sobre la entrada al ingenio de Calnu, a ocho quilómetros de la ciudad fronteriza de Bella Unión. Algunos aceptarían la oferta para ocupar otro campo similar.

Los ocupantes utilizan un tractor que permite arar una hectárea por hora. Tanto el domingo como el lunes cumplieron jornadas laborales de diez horas continuas. Además construyeron viviendas precarias y mantienen dos vacas lecheras que fueron donadas por un productor.

Cañeros consultados por LA REPUBLICA recordaron que la tierra se prepara en diciembre para plantar en enero la caña que se cosecha en otoño. Si pierden tiempo, pierden la cosecha, fundamentaron para explicar la urgencia de producir que tiene gente que está sin empleo.

En caso de perder el tiempo de cultivo, ya atrasado, los cañeros que ocuparon deberían aguardar hasta la primavera para empezar las tareas de desmalezamiento de campos previas a la preparación de la tierra para los plantíos. Sería perder un año sin ganancia alguna. Los cincuenta ocupantes construyeron viviendas precarias con techos de nailon, desmalezaron la fracción de tierra ubicada en la entrada al ingenio industrial de Calnu, y anunciaron su intención de construir un modelo "solidario" de producción agrícola pero "sin patrón y sin amo".

Los principales voceros de los ocupantes, el presidente de UTAA, Luis Carlos López, y el vicepresidente del SOCA, Junior Belén, dijeron ayer que esperan la adjudicación de la fracción que ocuparon y solicitaron herramientas para el cultivo, un apoyo técnico y créditos bancarios.

Prórroga, consulta legal e intimación de desalojo

A las 10.00 de la mañana de ayer, los delegados de las 50 familias que ocuparon el campo de Colonización se negaron a firmar la notificación con la intimación del desalojo judicial. Pidieron prórroga a la Policía y fueron a consultar a los abogados de los sindicatos rurales implicados.

La notificación resultó firmada a las 16.00 horas de ayer, cuando quedó en claro que la fracción ocupada podría ser considerada un lugar de trabajo, y por lo tanto no desocupable, debido a que toda ocupación puede ser contemplada como "una extensión" del derecho de huelga.

Los abogados sindicales señalaron el reciente decreto del ministro de Interior, José Díaz, que prohíbe la desocupación de lugares de trabajo y recordaron que el doctor Díaz fue abogado de la UTAA cuando el sindicato de los cañeros estaba liderado por el tupamaro Raúl Sendic.

Además, el desalojo había sido pedido por Conrado Villalba, un colono que abandonó el predio hace 11 años, y que adeuda a Colonización 26 mil dólares por arrendamientos.

Al no ser el legítimo propietario del campo, carece de toda legitimidad activa para denunciar la ocupación.

La orden de desalojo fue impartida por la magistrada de Bella Unión Alejandra Casullo. El colono Villalba, que denunció la ocupación, había logrado una prórroga de 120 días para no ser desalojado.

No obstante aún conserva su calidad de colono, adjudicatario de la tierra ocupada.

La intimación de desalojo vence a las 16.00 horas de hoy. Se ignora si el Poder Judicial ya dispuso un operativo policial para el desalojo o si va a esperar por una dilucidación jurídica del tema. La actuación policial dependerá de una decisión de la Justicia y del Ministerio del Interior.

El domingo, los policías concurrieron tres veces al lugar a solicitud del subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Ernesto Agazzi. Ayer volvieron a las 10.00 de la mañana y regresaron a las 16.00 horas cuando consiguieron las firmas para notificar el desalojo.

El gobierno teme más ocupaciones

La medida extrema de ocupación, que venía siendo debatida desde el año pasado, resultó concretada por militantes de tres sindicatos y de al menos dos sectores de la ultraizquierda: Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (Apaarbu), Sindicato de Obreros de Calnu (SOCA), Movimiento 26 de Marzo y Corriente de Izquierda.

La ocupación de tierras del Instituto Nacional de Colonización como una medida extrema para presionar hacia la implementación de una reforma agraria mediante la aplicación de la Ley 11.029 venía siendo debatida desde el año pasado por varios sectores del Frente Amplio.

La mayoría consideró inoportuna la medida, en tanto que el gobierno carece de los fondos necesarios para financiar un inicio de cultivos en manos de pequeños productores sin capital propio, y en cuanto sería una situación que podría degenerar en divisionismos y violentismos.

El Consejo de Ministros que sesionó ayer trató la problemática de las plantas procesadoras de celulosa que provocó rispideces diplomáticas con Argentina, y la ocupación en Bella Unión que podría derivar en otras ocupaciones de tierras improductivas en poder de Colonización.

Fuentes del gobierno admitieron a LA REPUBLICA que el movimiento de ocupantes podría tener interés en ocupar cuatro mil 600 hectáreas en Salto, que Colonización ya compró al grupo financiero de la familia Peirano. La transacción es nula, por lo que el campo quedaría baldío.

Según trascendió, la familia Peirano vendió a Colonización un campo que tenía en Salto a nombre de testaferros. Como el grupo Peirano tiene todos sus bienes embargados, la transacción sería nula desde un punto de vista legal, algo que el movimiento de ocupantes ya lo sabe.

Los informantes agregaron que también hay otros muchos campos de Colonización que están en la misma situación, igualmente indefinida, lo que podría ser aprovechado por los ocupantes, así como lo hicieron el domingo con las 36 hectáreas de la fracción en la "Colonia España". *