Ocupantes de Bella Unión niegan haber cometido "un delito penal"; alegan "un estado de necesidad"

"La ocupación podría configurar un delito si hubiera habido un daño contra el inmueble y un dolo, que es la intención de dañar", dijo a LA REPUBLICA el defensor de los ocupantes Antonio Ramauro, abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).

El artículo 354 del Código Penal atribuye el delito de "usurpación" a toda persona "que mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad y con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare parcial o totalmente el inmueble ajeno".

"La Justicia constató que no hubo daño ni dolo y que la ocupación fue protagonizada por personas en un estado de necesidad que buscan un medio de vida", agregó el doctor Ramauro. "Y si no hubo un delito no habrá un desalojo ni un castigo, y la gente se quedará allí", concluyó.

La magistrada comenzó el viernes a tomar declaraciones a todos los ocupantes. También ordenó el diligenciamiento de pruebas. Se estima que continuará con las citaciones a partir de mañana. Ayer y hoy, la jueza no citó a ninguno de los 28 cañeros que se atribuyeron la medida.

Cuando la jueza termine los interrogatorios que entienda necesarios, el expediente sería trasladado en vista a la fiscal de turno Silvia Ferreira. Si la instrucción se prolonga más allá de la Feria Judicial Mayor, asumirá competencia la titular de la Fiscalía de Bella Unión.

La ocupación fue denunciada por Conrado Villalba, un ex colono que abandonó hace 11 años las fracciones 43 y 46 del INC en Colonia Villa España, ahora ocupadas. El 11 de febrero Villalba tiene audiencia de alegato y prueba con el INC. Podría haber sentencia en el mismo día.

Villalba continuará siendo titular de la adjudicación de las fracciones hasta que la Justicia resuelva. El juicio civil fue iniciado por el INC, al que el ex colono adeuda 26 mil dólares. Además, el ex colono reside en Bella Unión, cuando los colonos deben radicarse en las fracciones.

Los cañeros pretenden que el INC adjudique el predio ya ocupado a una o dos familias de trabajadores rurales y que provea otras tierras para el resto de los "peludos" movilizados, y observan con temor que el proyecto sucro alcoholero sólo beneficie a productores con capital.

No obstante, las fracciones ocupadas no podrán ser adjudicadas a otra persona hasta luego que venza el 11 de febrero una última prórroga que Villalba obtuvo de la Justicia para evitar ser desalojado por el juicio que iniciara en su contra el INC por el abandono y las deudas. *