Cuestionaron en el MPP al abogado de los ocupantes de tierra en Bella Unión

"La actitud de Ramauro frente a una ocupación que apoya con notorio fervor generó confusión e interrogantes en la base militante del MPP, porque él es un funcionario rentado del sector que está defendiendo una medida protagonizada por la ultraizquierda", dijo un informante. Ramauro, abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), es "un funcionario rentado" del MPP que cumple una tarea en la secretaría de la senadora emepepista, Ivonne Passada, ex coordinadora ejecutiva del PIT-CNT junto a Luis Castillo y Julio García. El Regional Interior del MPP tiene previsto reunirse el sábado 4 en el local central del sector del Frente Amplio, en la calle Germán Barbato, en la ciudad de Montevideo. La propuesta de la Agrupación de Bella Unión ya está en conocimiento de los principales dirigentes del MPP. "La situación de Ramauro", indicó la fuente, "despertó preocupación entre dirigentes como Luis Rosadilla", presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes y ex postulante a la Intendencia de Montevideo por el mismo sector del Frente Amplio.

"Ramauro era representante legal de los ocupantes, pero se convirtió en el defensor de una ocupación que responde a sectores de la ultraizquierda, y nunca contó con el respaldo del MPP", dijo el informante. "Como funcionario rentado debe responder al sector", indicó la fuente. El doctor Ramauro negó públicamente que hubieran cometido ningún daño o dolo las personas que ocuparon las 36 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización, en la entrada al ingenio industrial de Calnu, a diez quilómetros al Sur de Bella Unión, sobre la Ruta Nacional Nº 3. Los militantes de la Agrupación Bella Unión del MPP optaron por "un perfil bajo" para evitar "un canibalismo político" con la Corriente de Izquierda (CI), el Movimiento 26 de Marzo (26M) y con Compromiso Frenteamplista (CF), los sectores que apoyan la ocupación de tierras. Sin embargo, el MPP interpretó la ocupación concretada el domingo 15 como "una modalidad piquetera" para "radicalizar los procesos" y "ganar espacios en la puja por el control de la ultraizquierda" en una medida para "opacar" el proyecto sucro alcoholero del Poder Ejecutivo.

Los ocupantes, señaló el informante, "se largaron a ganar espacios en la prensa antes que el gobierno tuviera la oportunidad de llegar a la población con un proyecto que pretende alcanzar, en tres años, diez mil hectáreas de caña de azúcar plantada, y unos seis mil empleos. La ocupación fue decidida por activistas de ultraizquierda y líderes de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), del Sindicato de Obreros de Calnu (SOCA), y de la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (Apaarbu).

Investigan a un alto jerarca de Colonización

Una delicada sospecha recayó sobre el encargado de despacho de la Regional del Instituto Nacional de Colonización, que tiene jurisdicción sobre las fracciones ocupadas: el jerarca habría revelado la situación procesal del campo aún en litigio, lo que aprovecharon los ocupantes. "Les dijo qué campo estaba en juicio de desalojo y estuvo casi todos los días visitando la ocupación", dijeron a LA REPUBLICA las mismas fuentes que comentaron el malestar del sector con Ramauro. "El los impulsó a ocupar porque les decía que no pasaría nada por el juicio". Las fracciones 43 y 46 de la "Colonia Villa España", del INC en Bella Unión, están adjudicadas a Conrado Villalba, un colono que abandonó la tierra porque se fundió, y que adeuda 26 mil dólares por concepto de arrendamientos impagos. Había conseguido prórroga de desalojo. El destino final de las tierras ahora ocupadas sólo podrá definirse a partir del 11 de febrero cuando se venza el último plazo que concedió la Justicia para que Villalba desaloje formalmente el predio y retire herramientas y pertenencias que haya dejado en las dos fracciones. Recién entonces, Colonización estará en condiciones de resolver qué hacer con las fracciones, que podrían ser adjudicadas a los ocupantes, a otras personas anotadas en el Registro de Aspirantes a Colonos, o bien podrían incorporarse al proyecto sucro alcoholero del gobierno. El jerarca es encargado de despacho porque el jefe de la Regional fue separado del cargo con retención de sueldo para ser sometido a un sumario por presuntas irregularidades administrativas. El encargado que lo sustituye habría cometido un delito penal con su "infidencia". Según prevé el artículo 163 del Código Penal, incurre en un delito de "revelación de secretos" todo "el funcionario público que con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o que facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años". Mientras tanto, la jueza de Bella Unión, Alejandra Casullo, ya terminó de tomar declaraciones a los responsables de la ocupación y trasladó el expediente a la fiscal Silvia Ferreira. El caso está caratulado como una "usurpación", delito previsto por el artículo 354 del Código Penal. La magistrada Casullo aguarda ahora un pronunciamiento de la fiscal Ferreira, que podría solicitar el procesamiento de los ocupantes y dar inicio al sumario. La "usurpación" de un bien inmueble se castiga con "tres meses de prisión a tres años de penitenciaría", según la norma. Ramauro negó la existencia de daño y dolo, presupuestos básicos para la configuración de todo delito penal, y justificó la ocupación: adujo que las tierras estaban abandonadas y que el ingreso a las fracciones fue concretado por personas que están en "un estado de necesidad". *