Represión y castigo a vecinos que apliquen justicia por mano propia

"En un Estado de Derecho", indicó, "no es aceptable ningún tipo de organización particular que pretenda hacer uso de mecanismos de coacción o mecanismos de protección". Recordó que "el monopolio del uso de la fuerza en un Estado democrático, lo tiene la Policía que es la fuerza pública, y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho a la seguridad".

Consultado respecto al autodenominado grupo "Aguilas justicieras" que se propone combatir delincuentes mayores y menores de edad en el barrio Casabó, el subsecretario admitió que "los vecinos tienen mucho que hacer para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad".

Sin embargo aclaró: "nosotros no tenemos ninguna intención de tolerar" que "se organicen grupos de vecinos que puedan cumplir tareas que estén al margen de la ley". "La única responsabilidad en la aplicación de la fuerza legítima es del Estado, a partir, y a través, de la Policía Nacional", remarcó Faroppa.

"Quien vulnere el orden jurídico de cualquier manera", dijo, "debe ser sometido a la Justicia. Quien cometa un asesinato, un acto de amenaza o cual sea el tipo de delito, va a ser juzgado como corresponde".

No anunciarán patrullajes que duren unos días

En una conferencia de prensa a la salida del Consejo de Ministros, Faroppa se refirió al caso de la muerte del trabajador del transporte y adelantó que no hará ningún anuncio de aumento de patrullaje como hacían los gobiernos anteriores frente a situaciones similares.

"Entendimos prudente no hacer las declaraciones de estilo en este tipo de situaciones, o sea salir a la prensa a plantear más presencia policial, más patrullaje, etcétera, por respeto, fundamentalmente, a la familia de la víctima", explicó el subsecretario a los periodistas.

Faroppa aseguró que el gobierno y el Ministerio del Interior no están dispuestos a "vender bolsas de humo a la gente" prometiendo mayor patrullaje, con más policías en la calle, como hicieron los gobiernos precedentes cada vez que un hecho conmocionó a la opinión pública.

"Hemos visto en la historia reciente de nuestro país, que cada vez que sucede un hecho desgraciado como este, los primeros anuncios que se salen a hacer" tienen que ver con patrullamientos e incrementos de personal que "dura dos, tres, cuatro días, una semana y después todo va volviendo a la normalidad".

"Tenemos un compromiso de gobierno", indicó Faroppa." Está en el programa del gobierno sostener y profundizar la mejoría de las comisiones de seguridad ciudadana en los barrios donde la gente solamente puede ampararse en el paraguas del Estado", señaló.

Faltan 300 policías sólo en Montevideo

Al comentar la escasa disponibilidad de recursos humanos y materiales del Instituto Policial, Faroppa ejemplificó que "en el caso de Montevideo tenemos trescientos policías ejecutivos menos". Y dijo estar preocupado por "la lentitud con que se están cubriendo esas vacantes" mediante rigurosos exámenes de ingreso por méritos.

"Es necesario que se dispongan los ajustes que se requieran para que el sistema de ingreso a la Policía sea más ágil", opinó Faroppa, quien adelantó que "la decisión del Ministerio del Interior es que estos nuevos policías que ingresen refuercen las seccionales policiales de los barrios de la periferia de Montevideo, barrios que habían estado más olvidados en la distribución de personal en los últimos años".

Con relación a la problemática de la inseguridad en el transporte de pasajeros, Juan Faroppa insistió en la necesidad de continuar con el trabajo que se viene desarrollando en una comisión especial que creó el Ministerio del Interior para tratar el tema en forma conjunta.

"Estamos trabajando en el Ministerio desde hace varios meses en una Comisión de Seguridad del Transporte, y creemos que ese es el ámbito adecuado para buscar soluciones de fondo a un problema complejo", comentó Faroppa.

Acerca de las posibles soluciones propuestas para que los ómnibus dejen de tener dinero en efectivo al alcance de los delincuentes, el subsecretario explicó que el ministerio carece de "competencia" para "intervenir en conflictos laborales, o sea la forma cómo las empresas y los trabajadores del transporte puedan acordar las diferentes técnicas, como las máquinas expendedoras de boletos, la tarjeta electrónica o cualquier otro tipo de medida". *