Citaron al coronel (r) Chialanza por el asesinato de Nibia Sabalsagaray

Chialanza será interrogado acerca de la identidad de los militares que cometieron la captura ilegal de Sabalsagaray. En caso de declarar que no recuerda a nadie, la Justicia exigirá los registros de los operativos represivos que hayan sido ordenados por el batallón bajo su mando.

La participación en el secuestro de dos personas de particular que podrían ser civiles determinó que el Poder Ejecutivo decidiera excluir el caso del amparo en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848, que sólo caduca delitos cometidos por efectivos.

Según consta en el acta de defunción, Sabalsagaray perdió la vida en el predio militar de Camino Casavalle 4600, donde ahora funciona el Batallón de Comunicaciones Nº 1, pero que en 1974 estaba el Batallón de Ingenieros Nº 5, una ex unidad especializada en transmisiones.

 

Guianze rechazó que el militar pudiera testificar por escrito

El coronel Chialanza, ahora retirado, ostentaba el grado de teniente coronel y era el jefe del batallón de ingenieros cuando Sabalsagaray fue secuestrada, supliciada y muerta. Amigos y familiares sospechan que fue víctima de un «submarino seco», tortura que provoca asfixia.

A pedido de los denunciantes del caso, el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, citó a fines del año pasado al coronel (r) Chialanza para interrogarlo como testigo. Chialanza solicitó testificar por escrito, lo cual fue rechazado por la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze.

Como responsable del operativo de secuestro de Sabalsagaray, los denunciantes del caso acusaron al entonces capitán Mario Roberto Segnini Sena, según consta en el escrito presentado por familiares de la víctima con el asesoramiento legal del abogado Juan Errandonea.

También señalaron como efectivos al servicio del batallón al entonces alférez Miguel Angel Dalmao Alvez, y al mayor, ya retirado, Antraing Ohannessian Ohannian, que fueron referidos como «posibles testigos». Ambos militares fueron acusados de malos tratos a presos políticos.

 

Secuestrada cuatro meses antes de su casamiento con un testigo de sus torturas

La profesora de secundaria y estudiante del Instituto de Profesores Artigas (IPA) tenía previsto contraer matrimonio en octubre, cuatro meses después de resultar capturada. Su ex novio, el ahora dibujante Francisco Laurenzo, constató que el cuerpo tenía señales de tortura.

Laurenzo pudo observar el cadáver que los militares entregaron a cajón cerrado con prohibición de abrir. Junto al novio estaba el ahora intendente Municipal de Canelones, Marcos Carámbula, por entonces un avanzado estudiante que se recibiría de médico a los seis meses.

Tanto Laurenzo como Carámbula ya prestaron testimonio ante el juez Vomero, al igual que Antonia Yañez, militante junto a Sabalsagaray en el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), persona que también vio las evidentes señales de tortura que laceraron el cadáver de la joven.

 

Bordaberry, Vadora y Walter Ravenna

El homicidio de Sabalsagaray se produjo muy pocas horas después de su detención, siendo presidente de facto de la República el estanciero Juan María Bordaberry. Como ministro de Defensa Nacional ejercía el abogado Walter Ravenna, colaborador de la dictadura civil y militar.

El comandante en jefe del Ejército Nacional era el teniente general, ya fallecido, Julio César Vadora, luego protagonista del golpe de Estado que encaramó en el poder al ex teniente general Gregorio Alvarez y a sus oficiales acólitos, mediante un recrudecimiento de la represión.

El médico militar José Mauttone expidió un certificado de defunción en el que aseguró que Sabalsagaray murió por un ahorcamiento que se autoinfligió para terminar con su vida. Mauttone fue sancionado en 1989 por la Comisión Nacional de Etica Médica y fue expulsado del Sindicato Médico del Uruguay por autopsias que realizó a otros dos detenidos, también asesinados: Hugo De Los Santos y Alvaro Balbi.

José Mauttone «no se ajustó a los principios médicos», concluyeron los galenos que examinaron su proceder fraudulento en los casos en los que actuó al servicio de los tribunales militares que procesaban con prisión a opositores políticos sin las garantías de un debido proceso. *