Diferencias entre el magistrado y el fiscal

Juez archivó el caso "Focoex"

El magistrado notificó de la resolución al representante del Ministerio Público. Por encontrarse el fiscal Carlos García Altolaguirre de viaje, la misma fue notificada al fiscal Enrique Moller Moller. Según informaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA en la resolución el magistrado coincidió a grandes rasgos con los fundamentos del fiscal, aunque como sucede habitualmente existieron algunas diferencias pero que en definitiva no hicieron que el fallo fuera en sentido contrario a lo que solicitó la Fiscalía.

De esta forma, a más de tres anos de iniciada la investigación por el caso Focoex, la Justicia consideró que no existe ninguna trama de corrupción detrás del millonario negocio que realizó el Estado uruguayo con la firma paraestatal espanola.

Es así que como sucede habitualmente cuando el fiscal pide el archivo del caso, el fallo del juez no contiene mayores variaciones, ya que la propia ley lo limita a extenderse más allá del pedido de la fiscalía.

Tres años de investigación

La denuncia del caso se remonta a setiembre de 1996 cuando fue presentada ante la sede judicial por los legisladores del Frente Amplio, Leonardo Nicolini y Carlos Pita. Desde ese entonces, han sido varios los jueces y fiscales que han tomado y dejado el asunto, muchas veces en forma por demás misteriosa. Durante todo este tiempo nadie logró emitir un veredicto. Entre los jueces actuantes estuvieron Washington Balliva, Cecilia Schroeder y quien actualmente ocupa el cargo, Luis Charles. Los fiscales que pasaron por el caso fueron Margarita Ferrando, Cristina González y por último y actualmente, García Altolaguirre.

El fondo de la investigación apuntó a la compra de materiales por parte del Estado uruguayo a la paraestatal espanola por un monto cercano a los U$S 100 millones. Entre las personas involucradas habían integrantes de varios ministerios y organismos estatales. Fue así que debieron declarar un importante número de funcionarios públicos de la administración lacallista. Entre ellos quien fuera el secretario de la Presidencia, Pablo García Pintos y el comisionista Walter Estellano, entre otras autoridades públicas que de algún modo participaron de las compras a través de la empresa espanola.

También la Justicia investigó si parte de la prueba presentada por el diputado Nicolini era falsa o no. La prueba consistía en dos faxes que fueron entregados al juez actuante.

Entre las pruebas recabadas por el fiscal García Altolaguirre se cuentan el levantamiento del secreto bancario de García Pintos, así como también ciertos folios con las declaraciones del ex secretario de la Presidencia.

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