Uruguay presentó ayer la nota del reclamo ante el organismo internacional

Argentina no quiere más piquetes y va a La Haya; perdería por seis votos

El gobierno argentino volvió a recibir ayer en la sede de la Cancillería a referentes piqueteros para analizar en forma conjunta las acciones a llevar adelante en el conflicto con Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa de Botnia y Ence en Fray Bentos.

Esta vez la reunión tuvo como cometido «delinear la base del recurso que se presentará en La Haya», según informó a LA REPUBLICA el referente piquetero de Gualeguaychú, Guillermo Luciano.

El ambientalista adelantó que «Argentina planteará en La Haya que el gobierno uruguayo violó el tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de plantas de celulosa que contaminarán esa zona».

Agregó que «esa será la base de la presentación argentina» y descartó que necesariamente la presentación del recurso tenga que ser antes del 30 de abril, como solicitó el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Sin embargo, a la salida de la reunión, el vicegobernador de Entre Ríos, Guillermo Guastavino, aseguró a medios argentinos que la presentación será «entre fines de abril y los primeros días de mayo».

Guastavino confirmó en las mismas declaraciones a medios argentinos que las relaciones con el Uruguay «están rotas» y que el diálogo está «cortado», porque el gobierno uruguayo «no pudo hacer cumplir la detención de las plantas por 90 días. Esto motivó que no se avanzara en la cumbre».

Por su parte, la referente de la asamblea piquetera de Colón, Gisella Eberle, dijo a LA REPUBLICA que «los abogados de las asambleas de Gualeguaychú y de Colón se reunirán la semana que viene con los abogados de la cancillería para seguir analizando el recurso argentino ante La Haya».

 

No más piquetes

Sobre los cortes de ruta, ambos piqueteros consultados por LA REPUBLICA informaron que «el gobierno (argentino) solicitó nuevamente que se abandone la medida porque no es la más conveniente». «Si se quiere recurrir a La Haya no es bueno ir con un corte de ruta a cuestas», aseguró uno de los líderes piqueteros.

Guillermo Luciano dijo que «es claro que el corte de ruta en Gualeguaychú es polémico y por tanto siempre será reconsiderado, pero todas las medidas que se resuelven son adoptadas por una asamblea que es soberana y es por ello que ahora está impedido el paso en Gualeguaychú».

Por su parte, Eberle remarcó que hoy a las 20.30 horas la asamblea ambiental de Colón se reunirá nuevamente para definir si se corta la ruta o no.

Eberle señaló que en la reunión de ayer con el canciller Jorge Taiana y con el jefe de gabinete, Alberto Fernández, «también dejó como saldo el compromiso de iniciar acciones conjuntas para informar a la población sobre los daños ecológicos que generarán las papeleras».

En ese sentido, Eberle adelantó que el gobierno y los piqueteros organizarán en forma conjunta «espectáculos artísticos informativos».

La reunión con los piqueteros estuvo encabezada por el canciller Jorge Taiana y el jefe de gabinete, Alberto Fernández.

Además estuvieron presentes por la cancillería: el jefe de Gabinete de Cancillería, Agustín Columbo Sierra; la consejera legal Dra. Susana Ruiz Cerrutti; el subsecretario de Política Latinoamericana, embajador Leonardo Franco y el embajador Raúl Estrada Oyuela.

En representación de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú fueron: Guillermo Luciano, Edgardo Moreyra, Omar Lonardi, Javier Pretto, Rodrigo Denadai, Ana María Angelini, Oscar Vargas, Ester Spoturno, Fabián Moreno Navarro, Gustavo Zapata, Jorge Friztler.

Por Colón: Cristian Rey, Alberto Balliato, Daniel Michellet, Silvia Mistretta, Susana Claa, Gisella Eberle, Sergio Hazzan, Carlos Serati, Oscar Zamora, Federico Martínez, Alberto Sánchez y Miguel Angel Martínez.

En representación del gobierno de Entre Ríos participó el vicegobernador Guillermo Guastavino y el Ministro de Gobierno, Sergio Uribarri.

 

A La Haya

La Corte Internacional de Justicia está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones independientes.

Se los elige por sus méritos y no por su nacionalidad, y se intenta que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo Estado. Los magistrados cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. No pueden dedicarse a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato. Un tercio de la Corte es elegido cada tres años. Cada uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Francia, el Reino Unido, la República Popular de China, Rusia y los Estados Unidos) tiene siempre un juez en la Corte.

Por lo común, la Corte celebra sesiones plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas, denominadas «salas», cuando las partes lo soliciten. Las decisiones sometidas a la Corte se toman por la mayoría de los jueces presentes pero las sentencias dictadas por las salas se consideran dictadas por la Corte en pleno. La Corte ha constituido además una Sala de Asuntos Ambientales.

 

Nueve a tres

Para la Argentina, triunfar en La Haya es casi una utopía dada la entidad de lo que se pone en juego a pesar de contar con aval Parlamentario del vecino país.

Integran la Corte quince miembros designados por la Asamblea General de las Naciones Unidas por un mandato de nueve años y con reelección.

Y, aunque son autónomos, es innegable que resultan sensibles a los lineamientos de la política exterior de los países que los postulan.

La presidencia del tribunal, está en manos de inglesa Rosalyn Higgins una jurista prestigiosa que seguramente inclinará la balanza hacia Uruguay dado el enfrentamiento que tiene Inglaterra con Argentina por la jurisdicción de las islas Malvinas.

El vicepresidente, es el jordano, Awn Sawkhat Al-Kasawneh, otro voto que se puede intuir que va a apoyar a Uruguay.

El juez Raymond Ranjeva es de Madagascar. Un jurista sensible a la problemática ambiental. Vota para Argentina.

Después está el chino, Shi Jiugong, que representa un país que no repara en aspectos ambientales cuando de asentamientos fabriles se trata.

El africano Abdul Koroma, de Sierra Leona, es un jurista que su voto puede volcarse hacia Argentina.

El venezolano Gonzalo Parra Aranguren puede ser una abstención dada la participación del país en el Mercosur, aunque no es descartar que puede apoyar a Argentina en su reclamo.

Con Thomas Buerguenthal, que viene de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, el voto por historia seguro que será para Uruguay, lo mismo que el japonés Hizashi Owada. La deuda de Argentina con los tenedores de bonos japoneses pesará sin duda en su opinión.

Con Bruno Simma, el alemán, Argentina no puede ser muy optimista, sobre todo viniendo del país que es el motor de la Unión Europea y que cuenta, además, con decenas de plantas de celulosa en su territorio

Peter Tomka es de Eslovaquia, un país ávido de inversiones y que sabe lo que significa una millonaria implantación fabril en su territorio. Vota a favor de Uruguay.

El francés, aunque nacido en Alejandría, Ronnie Abraham, no parece ser muy persuadible para conmoverlo a favor de Argentina sobre todo después de los desplantes del presidente Néstor Kirchner a Francia. Otro voto para Uruguay y van 8 a 3.

Kenneth Keith, de Nueva Zelanda es un voto cantado para apoyar la construcción de las plantas de celulosa. Nueva Zelanda mantiene fuertes relaciones económicas con Finlandia y Botnia se identifica, directamente, con ese país. Voto para Uruguay.

El juez mexicano Bernardo Sepúlveda Amor puede, a nomb
re del presidente Vicente Fox, cobrar lo sufrido en la cumbre de Mar del Plata. Una abstención.

Mohamed Bennouna, de Marruecos, puede ser una incógnita, pero lo más probable es que sea una abstención. Una similar posición puede tener el juez ruso, Leonid Skotninov.

 

Gargano recibe a líderes políticos

Mientras la Corte Internacional de La Haya ya recibió la nota en donde la administración Vázquez explica la actual situación en torno al diferendo con Argentina por las papeleras, el gobierno uruguayo aguarda la respuesta de su par argentino a la solicitud de convocar al Consejo del Mercosur para dirimir el conflicto y hoy se reúne con la oposición para informar los próximos pasos a dar.

El canciller Reinaldo Gargano convocó para hoy a las 11 horas a una reunión en la sede de su cartera a representantes de los diferentes partidos políticos de nuestro país con representación parlamentaria.

En la reunión, Gargano hará una puesta a punto en torno al conflicto por las papeleras con Argentina y explicará los próximos pasos que el gobierno pretende dar para solucionar el diferendo.

Se espera que a la convocatoria del canciller concurran por el Partido Nacional, el senador y ex ministro de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu; el ex vicepresidente de la República, Luis Hierro López por el Partido Colorado; el ministro de Educación y Cultura y presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto y Heber Gatto por el Partido Independiente. Entre tanto, Argentina aún no respondió el pedido elevado por Uruguay para convocar al Consejo del Mercosur, el máximo órgano del bloque, por los piquetes instalados en el puente Fray Bentos-Puerto Unzue.

Si bien el gobierno adoptó una actitud de espera y hermetismo, desde la Cancillería se reconoció que se «analizan todas las alternativas y escenarios posibles, en especial lo que se realizará en caso de que Argentina – que posee la presidencia pro témpore del bloque – rechace la solicitud de reunión urgente (entre el 18 y el 21 de abril) del Consejo regional, integrado por los cancilleres y los ministros de Economía del Mercosur y Venezuela.

Copias de esa solicitud fueron remitidas a los cancilleres de Brasil, Paraguay y Venezuela, con quienes además habría hablado el ministro Reinaldo Gargano para informarles personalmente de la situación. El fin de semana el canciller argentino, Jorge Taiana, dijo no creer conveniente la convocatoria del órgano máximo del Mercosur, debido a que el conflicto es de orden «bilateral y no regional». Uruguay esta habilitado para convocar al tribunal de resolución de controversias del Mercosur desde el pasado 9 de marzo, dado que el protocolo de Olivos prevé que antes de acudir a ese organo debe existir un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo a través de negociaciones directas, lo cual fue pedido por el país el pasado 22 de febrero y no se llegó a una solución. El gobierno frenó la demanda luego de la reunión que mantuvieron el 11 de marzo en Chile los presidentes Vázquez y Kirchner, para dar lugar a las negociaciones directas que concluyeron el viernes pasado.

 

Nota ya está en La Haya

Por otra parte, la fuente indicó que ayer llegó a La Haya la nota que se presentará ante la Corte Internacional de Justicia. La presentación que se pensaba tendría lugar ayer, se realizará recién hoy debido a que la diferencia horaria impidió que la misiva llegará con el tiempo suficiente para que el embajador uruguayo en los Países Bajos, Carlos Mora, ingresara el documento en el organismo máximo de las Naciones Unidas, por lo cual será presentada ante el Secretario de la sede magistral en el día de hoy.

La nota no constituye el inicio de un litigio. Allí se describen las razones del conflicto con Argentina, los perjuicios provocados por los cortes de ruta y «las violaciones a los tratados internacionales que los bloqueos implican», con el fin de poner a la Corte en conocimiento del diferendo por las papeleras y dejar así planteado un antecedente ante futuras demandas del país vecino.

 

Epítetos y bloqueos

En otro orden, las fuentes aseguraron que la Cancillería no solicitará una retracción oficial de Argentina por los dichos del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quién el sábado pasado cuestionó la capacidad de gobernar de Tabaré Vázquez aseverando que Kirchner debería haber negociado directamente con el presidente de Botnia. Según se explicó, la resolución se debe a que «no se quiere responder a una provocación que pretende cambiar el eje de la discusión que es regional y no bilateral como quieren plantearlo desde la vecina orilla».

En el mismo sentido, Gargano declinó emitir opiniones al respecto por considerar que se entraría en un «intercambio de epítetos sin sentido que no contribuyen a solucionar el conflicto».

Consultado acerca de la posibilidad de que la Intergremial de Transporte Profesional de Carga decida la semana próxima bloquear los accesos a Argentina, el ministro aseguró que esa medida no contará con el aval del gobierno porque «bueno sería que se la apoyara cuando se reclama que el otro gobierno despeje los caminos en su territorio». *

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