Bordaberry afirmaba en 1975 que en el Uruguay no había presos políticos

Mientras cientos de ciudadanos eran detenidos todos los días, los conceptos del dictador fueron vertidos en una carta firmada de puño y letra que a fines de diciembre de 1975 envió como respuesta a un grupo de familiares de detenidos políticos que, preocupados por el destino de éstos, envió al entonces presidente Juan María Bordaberry pidiéndole el beneficio de la gracia para su liberación.

Ya hacía dos largos años que los militares habían dado el golpe de Estado. A esa altura la guerrilla había sido formalmente derrotada pero sin embargo, Bordaberry seguía hablando de sedición: «Es notorio que las personas a que ustedes hacen referencia están detenidas a disposición de la Justicia competente o detenidas por ésta, no por discrepar políticamente con la autoridad sino por haber cometido delitos previstos en las normas jurídicas vigentes o por encontrarse presuntamente incursos en los mismos», aseguró Bordaberry en la carta que le respondió a familiares de detenidos, muchos de ellos dos y tres años antes, a escasos días de terminar 1975. «La reiterada afirmación de la existencia de detenidos calificados como políticos, trasciende al exterior, daña al país y alimenta campañas internacionales contra él».

Bordaberry acepta en la carta que tiene facultades para interceder para lograr la libertad de los inocentes detenidos en el cuartel de Colonia primero  donde sufrieron torturas de todo tipo- y pasados luego al Penal de Libertad, pero señala que no piensa utilizar este instrumento porque los peligrosos sediciosos por los que pedían los familiares, según el dictador, «se trata de un tipo de delincuencia que no puede presumirse se termine con la concesión de la libertad por una gracia especial; por el contrario», y agrega que «los liberados han vuelto a su actividad de inmediato», y recuerda que «buena parte de los sediciosos que cumplen su condena y reciben la libertad vuelven a su actividad delictiva».

La carta reclama la liberación de decenas de jóvenes carmelitanos que habían sido detenidos por pertenecer a agrupaciones del Frente Amplio y que en ese entonces militaban en los gremios estudiantiles de secundaria o en los comités de base de Carmelo. Según el libro La Resistencia, de Hugo Cores, Carmelo fue una de las ciudades del interior en donde fueron detenidas y torturadas más personas por los militares, basándose en un sistema de información que contó con la colaboración de civiles que les acercaban listas de sediciosos, término en el que incluían a todo aquel que no tuviera su certificado de pertenencia a la derecha más reaccionaria de los partidos tradicionales.

 

La carta

Lo que sigue es la carta de Bordaberry enviada a los familiares:

 

«Montevideo, 29 de diciembre de 1975

De mi mayor consideración:

Acuso recibo de la nota remitida por ustedes con fecha diciembre de 1975, en representación además de otros ciudadanos, y relativa a la eventual gracia especial para personas detenidas por sedición.

Debo en primer término rechazar la afirmación de que se encuentre detenida en establecimientos militares de reclusión persona alguna por causa de actividad política. Lamentablemente tal calificación, aplicada a los delitos cometidos por la sedición, hace un enorme daño al país por cuanto parece indicar la existencia de ciudadanos privados de su libertad por el solo hecho de discrepar políticamente con la autoridad. Es notorio que esto no es así, que las personas a que ustedes hacen referencia están detenidas a disposición de la Justicia competente o detenidas por ésta, no por discrepar políticamente con la autoridad sino por haber cometido delitos previstos en las normas jurídicas vigentes o por encontrarse presuntamente incursos en los mismos. Sin embargo, la reiterada afirmación de la existencia de detenidos calificados como políticos, trasciende al exterior, daña al país y alimenta campañas internacionales contra él.

En segundo lugar, debo expresar a ustedes que el Presidente de la República no tiene facultad por sí para decretar la gracia a favor de ninguna persona que esté condenada por la Justicia competente o a su disposición por encontrarse acusada por un delito. Nuestro país afortunadamente continúa siendo un Estado de Derecho, donde la Justicia es independiente y donde pese a la conmoción que la acción sediciosa causó en su organización jurídica y social, se han mantenido plenamente los principios jurídicos y morales que regulan tradicionalmente la convivencia social de los uruguayos.

El Presidente de la República no tiene facultades para conceder una gracia, por la misma razón que no tendría facultades para disponer arbitrariamente la detención de nadie.

Existe sí la posibilidad de que una ley especial conceda gracia a las personas por las cuales ustedes se interesan. Pero desgraciadamente esta posibilidad, que comprendo aliente en los espíritus de ustedes estimulada por sentimientos que no tiene por qué tener la perspectiva general que los gobernantes tienen obligación de tener, se enfrenta con antecedentes muy negativos como para que el Poder Ejecutivo pueda tener una iniciativa al respecto. Es notorio que el movimiento sedicioso responde a una orientación de carácter internacional, estando conectado con distintos movimientos de igual índole que actúan en otros países. Se trata de un tipo de delincuencia que por esa razón no puede presumirse se termine con la concesión de la libertad por una gracia especial; por el contrario los lugares donde ella se ha concedido, en Chile bajo el Gobierno de Allende y en la Argentina bajo el Gobierno de Cámpora, demuestran que los liberados han vuelto a su actividad de inmediato y, lo que es peor, aún, fueron responsables de crímenes como del asesinato del doctor. Pérez Zujovic en Chile o el de otras personas de notoriedad en la Argentina. La propia vigencia de la actividad subversiva en otros países ofrece pues al liberado la posibilidad de volver a ocupar una posición en la actividad sediciosa y conlleva para los gobernantes que concretaran esa libertad de inmensa responsabilidad por las consecuencias de la actividad futura de los liberados. No se trata ya de la responsabilidad de los gobernantes frente a su propia conciencia sino frente al resto de los ciudadanos que pueden ser luego amenazados o directamente dañados por la actividad de los liberados.

Nuestras propia experiencia es negativa en ese sentido y aún afortunadamente en escala menor, es notorio que buena parte de los sediciosos que cumplen su condena y reciben la libertad vuelven a su actividad delictiva.

Reitero mi comprensión hacia los sentimientos que abrigan ustedes y los demás firmantes de la petición y como persona nada me haría más feliz que poder hacer lugar a los que alientan en corazones de madres y padres, esposas y esposos, hijos e hijas, hermanas y hermanos, como seguramente alentarían en mí si estuviera en su lugar; como gobernante mi obligación es otra y confío puedan ustedes, pese a esos naturales y legítimos sentimientos, comprender que ése es mi deber.

Abrigo a mi vez la esperanza de que el esfuerzo de todos los orientales por transformar a su país impulsándolo en la senda del desarrollo, de la paz y de la justicia permita que cuando a esos hombres les llegue el momento de reintegrarse a la sociedad adviertan la magnitud de su error y engrosen las filas de un pueblo pacífico.

Saludo a ustedes muy atentamente. *

 

JUAN MARIA BORDABERRY».