Oposición cuestionó las cifras

Para la oposición, "estas cifras no son creíbles porque, como dice el mismo informe, hay un 40% de la población afectada que no realiza la denuncia" enfatizó el diputado blanco Javier García.

El legislador entiende que "la inseguridad no se arregla con encuestas" y que según datos que él mismo posee, "hoy hay más rapiñas que en el año 1998 y muchos más que en el 2002".

Para García, "el Ministerio del Interior parece vivir en otro país (y) nos quieren convencer que somos culpables y responsables de una realidad".

Por su lado, el futuro nuevo miembro interpelante del ministro Díaz, el diputado colorado Germán Cardozo, dijo congratularse con las cifras divulgadas desde el Observatorio policial, pero "los números no coinciden con la opinión que hay a nivel de la población".

Siempre según Cardozo, "si comparamos los delitos ocurridos en Maldonado entre los meses mayo y abril de éste año con los del 2005, éstos aumentaron un 48,5%"

Por otro lado, desde el año pasado la Intendencia de Maldonado extendió el pago de la "hora ciudad" a los efectivos de la jefatura fernandina también durante los meses de invierno "lo que hace suponer que los delitos se prolongan más allá de la temporada estival" dijo.

La "hora ciudad" es un complemento en dinero que la IMM paga a la Jefatura de Maldonado, que se gestó durante la administración de Domingo Burgeño y consiste en el pago de unos 50 mil dólares mensuales para aumentar el patrullaje en las ciudades del departamento. Germán Cardozo es el diputado que hace dos meses se entrevisto con el Presidente Tabaré Vázquez para darle a conocer su proyecto de ley en el cual propone traspasar 1.500 efectivos militares al patrullaje policial. De esa cifra, Cardozo propone en su proyecto destinar 500 a Maldonado. Díaz se pronunció sobre la propuesta señalando que podría ser viable dentro de dos años.

Antes que Cardozo fuera recibido por el Presidente, Vázquez recibió al también diputado Darío Pérez (Liga Federal - Frente Amplio). Pérez le reclamó al mandatario que restableciera el derogado decreto 690 / 80, aquél que autorizaba a la policía a detener a un sujeto para averiguaciones. *