La hora de Juan María Bordaberry

La jueza letrada penal de 7º turno, Graciela Gatti Santana, abrirá este lunes una etapa testimonial en la causa que por «atentado a la Constitución» y coautoría de múltiples delitos de lesa humanidad se instruye contra el ex dictador Juan María Bordaberry.

El su despacho de la calle Misiones, la magistrada inicia una etapa decisiva en la causa por la que Bordaberry podría ser encarcelado antes de fin de año debido al decreto 464/973 por el que disolvió el Parlamento el 27 de junio de 1973 y por los crímenes que en consecuencia pudo cometer la dictadura.

Gatti Santana recibirá explicaciones de los tres comandantes en jefe que firmaron los informes de las fuerzas armadas sobre los desaparecidos, interrogará al procesado ex coronel Gilberto Vázquez, y recibirá testimonios de víctimas, familiares de desaparecidos y periodistas.

Bordaberry fue denunciado por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León, quienes en su fundamentación sostienen que Bordaberry debe ser juzgado como «reo de lesa nación» y procesado por múltiples crímenes de la dictadura y el crecimiento de la deuda externa uruguaya en su gobierno.

 

La denuncia

Los denunciantes recuerdan que en las elecciones de 1971 Bordaberry había sido electo presidente constitucional y asumió funciones el 1º de marzo de 1972, pero terminó dando un golpe de Estado el 27 de junio y se convirtió en presidente de facto hasta ser destituido el 12 de junio de 1976.

Un prueba clave es el propio decreto 464/973 por el que Bordabery disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado que debía cumplir funciones de la Asamblea General y «controlar la gestión de Poder Ejecutivo relacionada con el respeto a los derechos individuales de la persona humana…».

Los decretos, afirman, «atentaron contra la Constitución, cambiaron la forma de gobierno, de vida, de sentimientos y crearon tragedias y sufrimientos a toda la población (…) y aunque (…) Bordaberry fue destituido, continuaron las dolorosas consecuencias hasta la reconstrucción institucional, en 1985″.

Para Martínez Burlé y De León, «el golpe fue encabezado por Bordaberry, luego, tres años más tarde, lo continuaron los propios militares», por lo que el ex dictador también habría participado como autor o coautor de otros delitos ocurridos como consecuencia de la represión del Plan Cóndor.

 

El proceso

La denuncia contra Bordaberry había sido presentada el 19 de noviembre de 2002 ante la Suprema Corte de Justicia que, en un pronunciamiento histórico, consideró que el dictador debía ser encausado en un Juzgado penal aunque no se le había sometido al constitucional «juicio político».

A lo largo de tres años la causa sufrió diversos enlentecimientos procesales debido a recursos presentados por el abogado defensor, Gastón Chaves, hasta que el expediente derivó al Juzgado Penal de 7º Turno, entonces a cargo del juez Pedro Hackenbruch, quien terminó por excusarse de actuar.

El caso derivó entonces a la jueza penal Fanny Canessa, quien luego de negarse a citar a Bordaberry terminó por clausurar las actuaciones el 23 de diciembre de 2004. La Fiscalía apeló en febrero de 2005 y la defensa pidió la prescripción. Canessa terminó por declarar que el caso era «cosa juzgada».

Recién en marzo de 2006 el proceso continuó cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno, integrado por los ministros Bernadette Minvielle, Eduardo Borges y José Bonavota, resolvieron que Bordaberry debía ser juzgado por «atentado a la Constitución» y también por los otros delitos.

 

Los comandantes

Desde que la jueza Gatti tomó el expediente sobre Bordaberry, la causa comenzó una nueva etapa, con el aporte de nuevas pruebas, documentos y testimonios, en particular, frente a las implicancias de la ubicación de los restos de los desaparecidos Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda.

Chaves Sosa y Miranda fueron secuestrados y asesinados en 1974, cuando Bordaberry mantenía el poder. Por eso citó para el martes 3 a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas quienes firmaron los informes oficiales sobre desaparecidos que permitieron la búsqueda de esos restos.

El comandante de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Bonelli, se constituye en una pieza clave en la medida en que en su informe se dio la certeza del paradero de los restos de Chaves Sosa en una chacra de Pando, donde aún no fue encontrado el también desaparecido José Arpino Vega.

También son trascendentes las declaraciones que puedan hacer los ex comandantes del Ejército, teniente general (r) Angel Bertolotti, y de la Armada, vicealmirante (r) Tabaré Daners, quienes en sus informes reconocieron la existencia de un aparato represivo que operó desde el golpe de Estado.

 

Testigo de cargo

Otro testimonio fundamental surgirá el miércoles 4, cuando el ex coronel (r) en estado de reforma Gilberto Vázquez sea trasladado al juzgado de Misiones desde la Cárcel Central donde se encuentra procesado junto a otros ocho militares por «asociación para delinquir» y «privación de libertad».

Gilberto Vázquez fue un represor que actuó desde la declaración del Estado de Guerra en 1972, durante el golpe de Estado y aún después de la caída de Bordaberry, como miembro del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)

Vázquez, quien desde su inicial detención administrativa para su extradición a la Argentina y particularmente luego de protagonizar una breve fuga se constituyó en un operador mediático, tendrá ahora una nueva oportunidad de revelar datos reales y aún falsos de lo ocurrido durante la dictadura.

En anteriores presentaciones judiciales y mediáticas, Gilberto Vázquez llegó a denunciar al ex presidente Julio María Sanguinetti como autor intelectual de la llamada «Operación Zanahoria» por la que los desaparecidos habrían sido desenterrados y cremados antes de la reinstitucionalización de 1985.

 

Más testimonios

La agenda de testigos solicitados por los denunciantes incluye para este lunes 2, a las 17 horas, la presencia del abogado Javier Miranda, miembros de la organización de Familiares de Desaparecidos e hijo del escribano Fernando Miranda, cuyo cuerpo fue recuperado del Batallón 13 de Infantería.

Este lunes, desde las 14 horas, la jueza Gatti Santana recibirá una ampliación testimonial sobre las investigaciones que sobre varios casos vinculados a las violaciones a los derechos humanos en los años del régimen de facto, se ha venido realizado desde LA REPUBLICA.

El miércoles 4, la magistrada también recibirá el testimonio del ex asesor presidencial de Jorge Batlle, Carlos Ramela Regules, quien en su condición de ex miembro de la Comisión para la Paz ya ha aportado datos reservados en otras causas relacionadas con delitos de lesa humanidad.

Finalmente, el jueves 5 de octubre, asistirán a la sede penal dos víctimas de la represión como Alicia Sabatel y Estela Reyes, quienes sufrieron la desaparición de Washington Barrios en Buenos Aires y el asesinato de su esposa en Montevideo en noviembre de 1974.