Vaticano no permitió al embajador uruguayo acceso a documentos sobre Padre Mauricio

Voceros del Estado Vaticano indicaron que los archivos se van desclasificando, pero recién llegaron al período del Papa Pío XI que murió en 1939. Promotores del esclarecimiento de la desaparición del sacerdote uruguayo Kleber Silva (Padre Mauricio) se reunieron ayer con el Embajador Patiño Mayer y la vicecanciller Belela Herrera, quienes comprometieron a sus gobierno en la investigación del caso.

La cancillería uruguaya tramitó ayer ante el Vaticano la desclasificación de documentos sobre el caso de desaparición en Buenos Aires en 1977 del sacerdote Kleber Silva, el "Padre Mauricio", pero recibió como respuesta de la Iglesia Católica que esos archivos están "cerrados a la libre consulta".

La gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizada como consecuencia de la publicación que sobre el caso del Padre Mauricio hizo LA REPUBLICA el domingo, fue encomendada por la subsecretaria Belela Herrera al embajador uruguayo en el Vaticano, profesor Mario Cayota.

Cayota, según trascendió, habría realizado los contactos oficiales para pedir la desclasificación de los documentos pero se encontró con la negativa del Vaticano, donde le habrían explicado que los documentos secretos se están desclasificando, pero recién van por la época del Papa Pío XI (1857-1939).

La posibilidad de obtener archivos de la Iglesia Católica sobre el tema también se habían visto frustradas en Uruguay, cuando la Nunciatura de Montevideo se negó a otorgar una entrevista por el caso de Kleber Silva, aduciendo que eran hechos del pasado.

Kleber Silva fue un sacerdote salesiano uruguayo de intensa acción y compromiso social en Argentina y Uruguay, que trabajaba como barrendero en Buenos Aires al ser secuestrado. La fecha de su desaparición fue declarada "Día del Barrendero Municipal" en la capital federal argentina.

Compromiso del gobierno

La vicecanciller Belela Herrera recibió ayer a la profesora Gloria Sellera Bermúdez y el abogado Oscar López Goldaracena, en representación de Serpaj, promotores de la búsqueda de la verdad sobre el caso del Padre Mauricio, sacerdote uruguayo secuestrado y desaparecido en Argentina el 14 de junio de 1977.

La subsecretaría Herrera, de larga trayectoria en la causa de los derechos humanos, comprometió todo el esfuerzo de su cartera para investigar la documentación que pueda existir en la cancillería y para realizar las gestiones diplomáticas que correspondan para esclarecer la situación del sacerdote.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la asunción del actual gobierno comenzaron a desclasificarse documentos relacionados al período de la dictadura militar, pero existirían cientos de cajas con materiales que todavía no han sido investigadas, según supo LA REPUBLICA.

Belela Herrera confirmó a los promotores del esclarecimiento de la desaparición del Padre Mauricio, que ya se habían realizado gestiones ante el Vaticano a través del cuerpo diplomático y que efectivamente se les había informado que los archivos son confidenciales del Estado del Vaticano.

Argentina investigará

El abogado López Goldaracena destacó a LA REPUBLICA el compromiso del gobierno uruguayo e informó que también el embajador argentino, Hernán Patiño Mayer aseguró que investigarán el caso y adelantó que la Secretaría de Derechos Humanos, podría ser incorporarse querellante en la causa de Silva.

"Lo que me llama poderosamente la atención es la actitud del Vaticano, porque en 1984, cuando se efectuó la denuncia de la desaparición forzada del padre Mauricio ante la Conadep argentina, se dejó constancia de que entonces existía información en la Nunciatura argentina", advirtió el abogado.

"En el informe final de la Conadep, agregó López Goldaracena, se dice expresamente que hacia fines de julio de 1977 se supo en círculos eclesiásticos que el Padre Mauricio estaba en Campo de Mayo y había sido torturado bárbaramente"

"Por lo tanto, debería existir información en poder de la Nunciatura y en el propio Vaticano sobre el tema. El Vaticano debe recapacitar y comprender que aquí se trata de esclarecer un caso de desaparición, donde la información no debería ser un secreto de Estado", concluyó López Goldaracena. *