Juez procesó a Bordaberry y Blanco por asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz

Bordaberry se encontraba ayer en su establecimiento de la localidad de Molles en Durazno, según informó al cierre de esta edición nuestro corresponsal en Durazno. El jefe de Policía departamental inspector principal (r) Miguel Magallanes informó además que el ex dictador se «entregaría» hoy, en presencia de su familia.

Minutos antes de la hora 21.00, Subrayado (Canal 10) difundía la noticia del procesamiento del ex presidente de facto y su canciller. Instantes después, el propio abogado defensor de uno de los procesados y fuentes judiciales consultadas por LA REPUBLICA confirmaban la determinación judicial.

A última hora de la tarde, efectivos de la División de Delitos Complejos se hicieron presente en la casa de Blanco, en la zona de Carrasco, donde fue detenido y posteriormente trasladado a la sede de esa dependencia, ubicada en la Jefatura de Policía de Montevideo.

La situación de Bordaberry, en cambio, ofrecía anoche versiones contradictorias. Algunas informaciones indicaban que el ex dictador se encontraba en su estancia en Durazno, al tiempo que otras señalaban que estaba siendo trasladado desde su establecimiento hacia Montevideo.

Finalmente, a última hora, se supo que Bordaberry se encontraba en Durazno, presuntamente en su campo, desde donde se habría comunicado con las autoridades policiales y habría asegurado que se «entregaría» en las primeras horas de hoy, acompañado por sus familiares.

En este contexto, un vecino de Molles -localidad donde se ubica la estancia Bordaberry- consultado anoche por LA REPUBLICA, relató que durante el día de ayer no se registraron movimientos anormales, y explicó que es muy difícil saber si el ex dictador está o no en su campo, por razón de que habitualmente no tiene ningún tipo de contacto con los demás pobladores de la zona. «Siempre vemos las camionetas de los hijos que vienen y van desde Montevideo a Durazno sin siquiera parar en Molles», dijo el vecino.

El abogado de Juan Carlos Blanco, el doctor Carlos Curbelo Tammaro, dijo anoche a LA REPUBLICA que no tenía información oficial y que conoció la noticia mediante un llamado telefónico de su defendido, en el preciso momento en que estaba siendo detenido. Además, relató que su colega y defensor de Bordaberry, el doctor Gastón Chaves Hontou estuvo ayer en el despacho de Timbal pero no logró entrevistarse con el magistrado debido a que éste ya se había retirado. Curbelo Tammaro dijo además que «es muy posible» que presente una apelación ante la decisión del magistrado, y confirmó que en la presente jornada concurrirá a la sede de la División de Delitos Complejos para reunirse con su defendido.

Mientras tanto, los intentos por contactar a los abogados de Bordaberry, los doctores Chaves Hontou y Diego Viana Martorell, no prosperaron, a pesar de los intentos que se mantuvieron hasta el cierre de la presente edición. Por su parte, la fiscal María del Huerto Martínez, quien subroga a Guianze tras la designación de ésta como fiscal de Corte interina, al ser consultada por LA REPUBLICA, dijo: «Estoy anonadada», y explicó que ahora, el expediente pasa a las defensas, que tendrán 5 días hábiles para estudiar las posibles acciones a realizar, y luego, la causa será derivada a la Fiscalía, donde se dispondrá de 6 días hábiles para analizarlo.

 

Al filo del plazo

El próximo lunes 20, vencía el plazo para que el juez Penal de 11er. Turno, el doctor Roberto Timbal tomara una decisión sobre el pedido de procesamiento realizado por la fiscal Mirtha Guianze contra Bordaberry y Blanco. Es decir, que hasta ese día, el magistrado tenía la posibilidad de aceptar lo propuesto por la fiscal, o de lo contrario dictaminar el archivo de la causa.

La actual fiscal de Corte interina les había tipificado el delito de «coautoría de cuatro homicidios especialmente agravados», y según dijo anoche Guianze a LA REPUBLICA no cree que haya existido ninguna modificación sobre el pedido realizado, y se excusó de realizar mayores comentarios. Según establece el Código Penal, la pena por este delito -siempre considerando que el juez no haya modificado la solicitud de procesamiento de la fiscal- tiene un mínimo de 15 y un máximo de 30 años.

La denuncia original fue presentada al reiniciarse la democracia, en 1985, y tras ser archivada, en 1989, durante la primera Presidencia de Julio María Sanguinetti, fue reabierta en 2002 por las familias Michelini y Guitiérrez Ruiz, a nombre de Felipe Michelini, actual subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. El caso también fue objeto de investigación parlamentaria en 1985. En 2002, la causa recayó en el juez Timbal, titular del Juzgado Penal de 11er. Turno, por haber sido esa sede la que recibió la denuncia primaria.

El 18 de octubre de ese mismo año, Juan Carlos Blanco fue procesado con prisión por el delito de «coautoría» en «homicidio muy especialmente agravado», en el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en la Embajada de Venezuela en 1976. Seis meses más tarde, en mayo de 2003, fue puesto en libertad bajo régimen de libertad provisional.

Ya en setiembre de 2005, el magistrado, rechazó el pedido de procesamiento de Bordaberry y Blanco que había realizado Guianze por entender que según los plazos jurídicos, el delito había prescripto. Posteriormente, la fiscal apeló la decisión del juez ante el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, que en marzo de este año reafirmó la posición de la representante del Ministerio Público y dispuso la reapertura de la investigación.

A mediados de octubre, y a pedido de la defensa del ex dictador, el magistrado tomó declaración al ex asesor presidencial Carlos Ramela y al ex militar Gilberto Vázquez. En ese momento, también aceptó las grabaciones clandestinas realizadas por Pedro Bordaberry a Gonzalo Fernández y a Rafael Michelini que fueron exhibidas públicamente el pasado 4 de octubre en el programa «Zona Urbana»,

Las instancias judiciales se sucedieron hasta que ayer, el juez Timbal, llegó a una determinación histórica, marcando así una página en la historia judicial del Uruguay, disponiendo el procesamiento del hombre que fue presidente constitucional y luego dictador. *