Mujica explicó que en 1944, el entonces Ministerio de Transporte llevó adelante un proceso de expropiación de una zona de terrenos en Cabo Polonio. Al parecer, el Poder Ejecutivo había declarado de utilidad pública la expropiación de varias propiedades, a fin de crear un parque de reserva forestal, lo cual expresó en una resolución del 7 de enero de 1944. Los demandantes, descendientes de los dueños de una de esas propiedades, alegan que se llegó a un acuerdo entre el Estado y los entonces dueños en cuanto al precio, pero la expropiación jamás se llevó a cabo.
Según dijo Mujica, "hay constancia de que se facturó un cheque, pero no hay constancia de que se haya cobrado". El hecho es que la situación nunca se regularizó y el expediente administrativo se extravió entre 1945 y 1988. En este último año el expediente reapareció y el Ministerio de Transporte decidió pasárselo a su par de Ganadería, "por eso, éste es un asunto que nosotros heredamos", dijo Mujica.
Ante tanto tiempo sin haberse aclarado la situación, debieron hacerse nuevas gestiones de tasaciones, tras lo cual el gobierno, en el año 2000, señaló que esa tentativa de expropiación había caducado. La familia en cuestión inició juicio en el año 2001 por omisión del Estado.
Reclama una indemnización monetaria de 10 millones de dólares por los perjuicios que sufrieron tras la irregularidad del caso.
Según dicen, deben ser compensados por los daños y perjuicios a los que se sometieron (entre los que está el no poder usufructuar libremente su predio, la desvalorización del inmueble con el tiempo y el daño por ocupantes precarios, entre otros).
Asimismo, reclaman para sí los beneficios que el Estado obtuvo de esa situación, por la concesión a terceros del servicio de transporte de turistas para ingresar a un predio ajeno.
Mujica admitió que el Estado había incurrido en un error al no aclarar su posición sobre la propiedad, pero lo cierto es que la familia siguió usufructuando esos terrenos hasta el día de hoy. Según alegó la defensa, "los actores nunca fueron desapoderados del mismo. Durante casi 50 años se habían desinteresado, siendo ocupado por más de cien familias, ante su desidia y omisión, conformando un pueblo que cuenta hasta con una escuela pública.
Finalmente, el martes 12 de diciembre de 2006, el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno dictó la sentencia de Primera Instancia, resultando gananciosa la Secretaría de Estado, al haberse desestimado la demanda.
De todas formas, Mujica afirmó: "Seguramente los interesados van a apelar esta decisión, esto va a continuar. Lo que hay que señalar es que este asunto empezó en 1944 y estamos en el 2006, este es un caso de esos que no se pueden creer". *
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