Aebu rechazó pedido de procesamiento; aseguró que detrás de la actuación del fiscal hay un "móvil político"

El Consejo del Sector Financiero Privado de Aebu (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) consideró que el pedido del procesamiento con prisión por parte del fiscal Penal de 7º Turno, doctor Eduardo Fernández Dobat, de tres de sus integrantes, entre ellos de su presidente, Juan José Ramos, se debe a un móvil político. Manifestaron que les llama poderosamente la atención que el pedido sea hecho por el mismo fiscal que tiempo atrás solicitó el procesamiento de otro ex presidente del mismo sector.

El pasado lunes el representante del Ministerio Público envió el expediente del caso con su solicitud al juez Penal de 8º Turno, doctor Pablo Eguren, por un presunto delito de estafa, por una denuncia de hace ya más de dos años.

Ex autoridades del Banco Central y del Ministerio del Interior acusan a los representantes de Aebu, Juan José Ramos, Claudio Abbiati y Fernando Bimonte y a Robert Mac Donald, gerente general de la empresa Ediguay SA, que era proveedora de servicios informáticos del ex Banco Comercial, de haber fraguado la fecha de firma de un convenio colectivo de estabilidad laboral.

Al ser consultado por LA REPUBLICA, ante la afirmación por parte de los representantes de Aebu de que todo se trata de una maniobra política, el fiscal Eduardo Fernández Dobat se excusó de hacer mayores comentarios, aunque expresó que él no fue presionando de ninguna forma. Sobre la coincidencia de los dos pedidos de procesamiento contra autoridades de Aebu, sostuvo que en este caso él tomó conocimiento de la causa la denuncia presentada por autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía ante el juez Eguren.

Lo que sostienen los dirigentes sindicales es que el mencionado acuerdo de estabilidad laboral, que era hasta el año 2009 con la empresa Ediguay, fue firmado en tiempo y forma en el año 2001, por los tres bancarios ahora acusados y el gerente general de la firma, quienes lo habrían ratificado en una sede judicial laboral en su momento.

Dicha empresa fue liquidada en el 2003 y sus trabajadores no cobraron indemnización por despido, lo que se afirma desde la parte acusadora es que se fraguó la fecha de dicho convenio para poder iniciar una demanda laboral por incumplimiento del mismo y así trabar embargo al Fondo de Recuperación Patrimonial del ex Banco Comercial.

Se men- ciona que dicho embargo ronda los 14 millones de dólares por deudas para con los empleados.

Incluso un ex empleado de la empresa, Raúl Correa, habría denunciado que en su momento aceptó un incentivo de 20 salarios para dejar la empresa, porque desconocía la existencia de dicho convenio, lo que le habría sido más beneficioso.

El reclamo laboral fue a parar a manos de la jueza en la materia, doctora Rosario Berro, quien, tras escuchar a las partes y analizar el convenio, no dio lugar al pedido de pago de los despidos.

Elbio Monegal, representante del Consejo del Sector Financiero Privado de Aebu, quien habló ayer con los medios de comunicación, dijo que el fiscal se basó en dicho fallo y en otros factores para pedir el procesamiento con prisión de sus compañeros.

Agregó que el fondo del tema no es la fecha del convenio sino si el gerente general, Robert Mac Donald, era representativo como para firmarlo: "Para nosotros lo es porque tenemos 40 convenios laborales firmados por gerentes generales y de recursos humanos, porque es ilógico pensar que van a venir a Uruguay los presidentes de multinacionales para firmar acuerdos laborales", señaló Monegal. *