La casualidad quiso que el primer aniversario de los cortes de ruta utilizados por los asambleítas entrerrianos para protestar contra la instalación de las plantas de celulosa coincida con la primera de las audiencias orales fijadas por la CIJ para resolver el pedido de Uruguay de una medida cautelar que obligue a Argentina a prevenir o hacer cesar los bloqueos a los puentes internacionales.
La sesión comenzará a las 6 de la mañana de Montevideo 10 horas de La Haya con la exposición de la delegación uruguaya. Luego, tras un receso de dos horas, será el turno de Argentina, para que defienda la postura contraria.
Si los jueces o las partes consideran necesario recibir o brindar mayores explicaciones, mañana habrá una segunda audien- cia en el mismo orden y horario.
Cabe señalar que, si bien es la segunda ocasión en que ambas delegaciones se presentan ante la CIJ, aún no se tratará el asunto de fondo, que es la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno uruguayo al autorizar la instalación de las pasteras.
La primera vez fue a causa de la solicitud de Argentina de que se dictara una ordenanza que suspendiera la construcción de las plantas mientras se substanciaba el juicio. El pedido fue rechazado por 14 de los 15 magistrados que componen el tribunal.
En esta ocasión, el gobierno uruguayo mantiene un moderado optimismo respecto a alcanzar un éxito similar, ya que la CIJ tiene como tradición dictar medidas cautelares sólo en los casos en que vidas humanas corran riesgo.
Empero, se asevera que podría llegar a obtenerse un fallo intermedio según el cual se "recomiende no ordene" a Argentina terminar con los cortes.
La representación de Uruguay estará encabezada por los embajadores uruguayos en Francia, Holanda y Estados Unidos, Héctor Gros Espiell, Carlos Mora y Carlos Gianelli; e incluirá a los expertos internacionales Nienke Grossman, Luigi Condorelli y Peter Doyle.
Se pudo saber que Paul Reischler, jefe del bufete norteamericano contratado por el gobierno uruguayo, no participará de las audiencias, aunque se desconocen los motivos. Reischler fue el redactor de escrito presentado ante la CIJ que servirá de base para las presentaciones de Uruguay.
La estrategia legal que desarrollará Uruguay se basa en que "el comportamiento de Argentina empeora innegablemente" el diferendo y por tanto incumple con la ordenanza dictada por el tribunal el 13 de julio, por la cual se pidió a las partes que se abstuvieran de cualquier acto que agravara el conflicto.
Para ello, se demostrará que el gobierno vecino "no tomó ninguna medida contra el bloqueo del puente" y que el corte tiene "el objetivo declarado de obligar a acceder a la exigencia de que se ponga un fin a la construcción de la fábrica de Botnia e impedir que la misma comience a funcionar", lo que considera son "los mismos objetivos que persigue (Argentina) ante el tribunal".
Asimismo, se presentarán indicios de cómo el discurso del gobierno argentino de alguna manera incentivó la instalación de los piquetes, ya que fue elevando su tono a medida que los fallos internacionales y estudios ambientales iban en su contra.
Además, se sostendrá que Argentina "ignoró o rechazó los numerosos dichos públicos y notas diplomáticas por los que se reclamó la desarticulación de los cortes", razón por la que se teme que "no tenga en ningún caso la intención de usar los medios a su disposición como Estado soberano para hacer cesar este bloqueo" y se registren nuevas pérdidas por "centenares de millo- nes de dólares" provenientes del turismo y comercio.
Según el diario La Nación, la presentación de Uruguay ante La Haya contenida en 270 páginas es dura. La estrategia, según este matutino, apunta a responsabilizar directamente al presidente Néstor Kirchner por los cortes de ruta.
El artículo señala además que Uruguay actúa convencido de que Argentina tiene "responsabilidad" en lo que ocurre y que debe asumirla "como corresponde a un Estado soberano". La presentación de Uruguay también acusa a Kirchner por "animar" los cortes. Asimismo, recuerda que en los últimos meses presentó seis notas diplomáticas en las que pidió el cese de los cortes, y que la respuesta del gobierno argentino, en todos los casos, fue "o bien ignorar o bien rechazar" las demandas.
"El gobierno argentino no adoptó medida alguna y transmite la impresión de que tampoco lo hará en el futuro", agrega la argumentación uruguaya. También Uruguay denunciará la "pérdida de empleos y de cientos de millones de dólares (con la) tolerancia, aquiescencia y complicidad" argentina.
La presentación de Uruguay señala además que con los bloqueos, Argentina no sólo viola la ley, sino que procura conseguir "por medio de la coerción" la razón que no le dan los tribunales.
La delegación argentina estará encabezada por la asesora legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, y el director del instituto de Servicio Exterior, Horacio Basabe. Es destacable que el gobierno argentino retiró del equipo a la ministra de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
Según detallaron fuentes gubernamentales de la vecina orilla, la estrategia que desarrollarán sus abogados se centra en que los cortes "tienen lugar en territorio argentino y nunca aislaron totalmente a Uruguay por un período de tiempo que realmente perjudicara su economía".
Al igual que ante el Tribunal Arbitral ad hoc del Mercosur, Argentina dirá que los bloqueos son "una manifestación del derecho a la libre expresión" y por tanto "están por encima de las normas que protegen la libre circulación", y que se intenta desarticularlos mediante la "persuasión".
Las fuentes aseveraron que en la vecina orilla se tiene la percepción de que "Argentina volverá a perder".
En tal sentido, indicaron que el mejor resultado para la vecina orilla sería que "los jueces en lugar de dictar una medida cautelar emitan una recomendación de que se levanten los cortes". Sin embargo, no se atrevieron a asegurar si el gobierno de Néstor Kirchner acataría el consejo de la CIJ. *
Comentarios (beta!)