Uruguay fundamentará hoy en La Haya por qué debe ordenarse fin de los piquetes

Esta mañana las delegaciones de Uruguay y Argentina volverán a presentarse ante los 15 magistrados de la CIJ para responderse uno a otro los argumentos expresados ayer acerca de por qué el Tribunal debe o no dictar una ordenanza que ponga fin al bloqueo de los puentes que desde hace más de un año realizan los ambientalistas de Entre Ríos.

En tanto los piqueteros ya anunciaron que proseguirán con la medida. El fallo del Tribunal que podría terminar con los bloqueos será emitido recién a mediados de enero, luego del receso por las festividades de fin de año.

Fuentes de gobierno aseveraron que tanto en Cancillería como en Presidencia existe "gran satisfacción por el desempeño de los juristas que representan al país", aunque prefirieron no augurar resultados hasta que culmine la audiencia de hoy.

Ayer, el embajador Héctor Gros Espiell, como agente representante de Uruguay, fue el encargado de comenzar la presentación oral ante los jueces aludiendo a que los "tres puentes internacionales construidos para fortalecer los lazos entre los dos países son ahora utilizados para ejercer una extrema presión sobre Uruguay para detener la construcción de la usina de la empresa Botnia".

Asimismo señaló que la medida es "una manera nefasta" de responder al derecho de Uruguay a autorizar la instalación de la pastera y que "no hay excusa válida para la omisión del gobierno argentino de impedir los bloqueos" que "han agravado el diferendo existente" y por tanto violan la ordenanza dictada por la CIJ en julio pasado respecto a que las partes se abstuvieran de dificultar más la resolución del diferendo.

Gros subrayó que Uruguay no presenta sus reclamos por las pérdidas económicas que los cortes han ocasionado sino porque éstos "afectan otros derechos: el derecho a que el fondo del caso sea decidido judicialmente, y el derecho de continuar la construcción de la planta Botnia hasta que haya una decisión definitiva".

Condorelli: chantaje y complicidad

En segundo lugar el italiano Luigi Condorelli expuso ante los jueces los motivos por los cuales este asunto es competencia de la CIJ más allá de la violación a la ordenanza emitida por el Tribunal.

Fue así que dijo que los cortes constituyen un "chantaje" a Uruguay para que desista de continuar "con su proyecto de desarrollo sustentable" y por tanto el ejercicio de "sus derechos instituidos en el Estatuto del Río Uruguay, que son el tema de fondo en este litigio".

Tras recordar que Uruguay ya recurrió al Tribunal del Mercosur y que Argentina desconoció el fallo del organismo, así como las numerosas notas diplomáticas enviadas a Buenos Aires; el catedrático indicó que la competencia de la CIJ también está dada por el hecho de que la actitud del gobierno argentino funciona como un "catalizador" de las decisiones de los ambientalistas.

"Es ofensivo pretender que Argentina no tiene el aparato legislativo, judicial y policial necesario para salvaguardar la libertad de expresión y evitar la lesión de los derechos de otros. Es sabido que las fuerzas policiales no tienen orden de intervenir y son simples observadores de los cortes", sostuvo el abogado antes de citar al ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, anunciando que su gobierno no toleraría que se impidiera el paso de los camiones que transportaban maíz durante el reciente conflicto agrícola.

Esta dicotomía fue resaltada con citas del presidente Néstor Kirchner anunciando en referencia a los reclamos uruguayos que "no levantaré la mano contra otro argentino"; según Condorelli estas declaraciones son elementos probatorios de que la administración vecina comparte el objetivo de los ambientalistas.

Boyle: daños irreparables y urgencia

Alan Boyle, cerró la presentación de Uruguay puntualizando que el objetivo primario de los cortes es que las exigencias argentinas se vean satisfechas (el retiro de Botnia) antes de que La Haya dicte un fallo y por tanto evitar la administración de justicia.

A la vez dijo a los jueces que la situación creada por los bloqueos es "impredecible e inestable", lo que determina la "urgencia" de las medidas cautelares. "Argentina ha iniciado una tendencia e intenta causar daños irreparables", advirtió antes de recordar que el litigio fue iniciado por el país vecino y "Uruguay estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias si perdía, pero Argentina no está dispuesta a correr los mismos riesgos", sentenció.

Según el experto, el daño irreparable se engendra en la posibilidad de que los cortes continúen y Uruguay acceda a las exigencias de la vecina orilla por agotamiento, lo que desembocaría en que "quedara sujeto de allí en más a la voluntad de Argentina y con su libertad coartada para desarrollarse económicamente de acuerdo a sus propios programas".

Cabe señalar que los factores de urgencia y daño irreparable son las variantes que tienen mayor peso en el análisis que realizan los jueces para determinar si una medida cautelar es realmente necesaria o no. En julio la CIJ rechazó el pedido de Argentina de suspender la construcción de las plantas porque no convenció en cuanto a la urgencia de la aplicación de una orden de ese tenor.

Argentina: la CIJ no es competente

La delegación argentina compuesta por la consejera jurídica de la cancillería, Susana Ruiz Cerruti, y los abogados Marcelo Cohen y Alain Pellet, utilizó las tres horas de descargo brindadas por la CIJ para insistir sobre un argumento principal: no existe vínculo entre los bloqueos de ruta y la cuestión de fondo, que es la presunta violación por parte del gobierno uruguayo del Estatuto del Río Uruguay.

Este argumento había sido refutado de antemano por Boyle, quién aseguró que si no existiera nexo suficiente entre la cuestión de fondo y la eventualidad de agravar el conflicto la CIJ no habría incluido su recomendación de mantener el buen relacionamiento en su orden del 13 de julio; y que cuando se aumentan los niveles de tensión "la real naturaleza de la disputa queda en un segundo plano".

Asimismo adujo que la intención de Uruguay no es que se repriman las protestas sino que éstas sean reubicadas hacia un lugar donde no interrumpan el tránsito.

A su vez, Ruiz señaló que los bloqueos "no tuvieron el menor efecto sobre la construcción de las plantas" e ironizó al manifestar que "los dos proyectos parecen gozar de una excelente salud".

Sobre los efectos de los bloqueos argumentaron que "los riesgos para la economía uruguaya no tienen absolutamente ningún vínculo con su derecho a construir la planta de celulosa" y mostraron que "las cifras globales muestran un crecimiento significativo del movimiento de personas, al igual que de mercancías, durante el período de cortes de ruta".

Los argentinos también indicaron que Uruguay ya presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Mercosur y el reglamento del bloque excluye la posibilidad de dirigirse a otra instancia.