EEUU cuestiona cárceles de Uruguay, la discriminación y violencia doméstica

En el informe sobre Uruguay, Estados Unidos reconoce avances en aspectos tales como la legislación laboral, pero señala serios problemas a nivel del sistema carcelario y también de discriminación hacia la comunidad de afrouruguayos así como altos índices de violencia doméstica.

Recuerda que el presidente Tabaré Vázquez resultó electo en 2004 en elecciones "limpias, libres y multipartidarias" y destaca que "las autoridades civiles generalmente tienen control efectivo de las fuerzas de seguridad".

También se señala que el gobierno "continúa investigando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-84)" y que en noviembre del año pasado "el ex presidente Juan Bordaberry y el ex canciller Juan Blanco fueron procesados por conspiración para asesinar a cuatro opositores políticos del régimen militar en 1976". Ambos apelaron sus procesamientos y el caso continuaba pendiente hacia fin de año.

Por otro lado, sostiene que la ley en Uruguay prohíbe tanto las torturas como cualquier otro tipo de castigo cruel y que durante el año pasado no se registró ningún caso de abuso por parte de agentes del gobierno o de "asesinatos arbitrarios o ilegales".

"En general el gobierno respeta los derechos de sus ciudadanos", afirma el informe.

No obstante, agrega que "si bien el gobierno dio pasos concretos para reducir la superpoblación de las cárceles y hacer mejoras edilicias en las mismas, las duras condiciones de detención continúan siendo un problema".

Por otro lado, afirma que "la violencia contra las mujeres y la discriminación contra algunas minorías continúan siendo un desafío a las políticas gubernamentales antidiscriminatorias". Además, el Departamento de Estado advierte que "la evidencia testimonial sugiere en alguna medida la existencia de tráfico de personas".

Respecto al rol de los aparatos policial y de seguridad, señala que "las autoridades del Ministerio del Interior respondieron rápidamente a acusaciones de supuesta brutalidad policial" y que "los oficiales de Policía acusados por crímenes menos graves pueden continuar en actividad".

Sin embargo, "aquellos acusados de crímenes más graves fueron separados del cargo hasta que la Justicia resuelva sus casos."

El informe cuestiona los actos de vandalismo registrados en un cementerio judío así como los graffitis antisemitas pero destaca la "efectiva cooperación con la Policía para investigar esos incidentes".

Sobre la minoría afrouruguaya, el informe advierte que los integrantes de dicha comunidad "prácticamente no tienen representación en el Parlamento ni en el gabinete, los sectores burocrático o académico, así como en las jerarquías de las empresas privadas".

El informe del Departamento de Estado evalúa la situación de los Derechos Humanos en 196 países, continuando con una cuestionada práctica de arrogarse el derecho de juzgar al resto de la humanidad.

El informe que año tras año tiene notorias motivaciones políticas en sus juicios, contiene también severos cuestionamientos a Cuba, Venezuela y Bolivia y en su introducción tiene una inusual referencia autocrítica: "Reconocemos que preparamos este informe en un momento en que nuestro propio historial y actuaciones (sobre DDHH) que hemos emprendido para responder a los ataques terroristas perpetrados contra nosotros, está puesto en tela de juicio". *