Ex legislador uruguayo Da Silva Tavares está detenido en Panamá desde hace veinte meses

Alejado de la política y recordado por sus ex correligionarios así como por sus adversarios, da Silva Tavares se había instalado en Miami, Estados Unidos, donde había montado una oficina que se dedicaba al asesoramiento en cuestiones económico-financieras y de inversión. En agosto de 2005 una información proveniente de Panamá daba cuenta de que un ciudadano uruguayo acababa de ser detenido allí y acusado de un presunto delito de estafa. El acusado resultó ser el ex diputado y desde entonces la opinión pública uruguaya no supo más nada del asunto.

Hoy, a casi dos años del episodio, da Silva Tavares vive una situación insólita que roza la violación de sus derechos humanos. Acusado por los dichos del denunciante, se halla recluido en la prisión «El Renacer», ubicada en las afueras de la ciudad, en una situación totalmente irregular. Del relato de su peripecia se desprende que ha habido un cúmulo de irregularidades en el proceso judicial que se le sigue en Panamá que desnuda un sistema judicial con vicios, implicancias y falta de garantías alarmantes.

Pero veamos un poco cómo ocurrieron las cosas:

 

Acusación

Da Silva Tavares es acusado de un «delito contra el patrimonio en su modalidad de estafa», según la acusación fiscal. Esta se basa en la denuncia presentada por Juan D. Borrel Arosemena, un abogado y hombre de negocios panameño. Sostiene el denunciante que en junio de 2003 se presentó en su estudio Héctor Williams, en nombre de una empresa de inversiones y construcciones, para proponerle la construcción de un complejo hotelero en la provincia de Bocas del Toro, cerca del Canal.

A tal fin, era menester obtener un crédito de tres millones de dólares a cuenta de mayor cantidad para el desarrollo del proyecto, para lo cual era imprescindible un depósito de garantía de 350 mil dólares. El préstamo se obtendría por intermedio de un agente financiero, Financial Investment Services, cuyo representante en Miami era Armando da Silva Tavares.

Borrel viajó a Miami, se entrevistó con Tabares y ambos convinieron en que los 350 mil dólares fueran depositados en la cuenta de una firma jurídica contable de Estados Unidos. En varias transferencias bancarias fue enviado el dinero por Borrel a la cuenta de la firma estadounidense a los efectos de firmar el compromiso del préstamo por 3 millones de dólares. Finalmente, en setiembre se firmó el contrato privado.

En noviembre del mismo año Williams se presentó con una dificultad que había surgido: Borrel debía aportar una suma adicional, por concepto de garantía. Según la versión de Borrel, decide dar por concluido su vínculo con Williams e inicia, en agosto de 2006, una acción civil ante un tribunal de Estados Unidos contra la firma estadounidense.

El abogado del querellante agrega que en el lugar indicado para la construcción del hotel no hay hasta el momento ningún proyecto aprobado ni propiedad comprometida para ese emprendimiento turístico y hotelero.

 

Habla la defensa de Armando da Silva Tavares

El licenciado Arquímedes Sáez es el encargado de defender a nuestro compatriota. En su alegato sostiene que no se ha probado en modo alguno que se haya cometido un delito de estafa y que toda la investigación y la acusación fiscal se han basado exclusivamente en lo manifestado por el denunciante.

Expresó en audiencia preliminar que la única razón por la cual Armando Da Silva estaba preso era por las influencias políticas ejercidas por Juan Borrel.

Enfatiza que no hay ningún documento firmado por da Silva Tavares y que por tanto la argumentación de la acusación se desmorona; más aún teniendo en cuenta que Borrel había entregado el dinero y firmado contrato con la firma Sacher Zelman. Por tanto es a ésta a quien debe reclamarle.

 

La versión del imputado

Como queda dicho al comienzo, da Silva Tavares se dedicaba a asesorar a inversionistas desde su oficina en Miami. Un buen día (estamos en 2003) recibe una llamada de un abogado panameño, el licenciado Juan Borrel Arosemena, interesado en ponerse en contacto con da Silva Tavares para invertir en un proyecto hotelero a realizarse en Panamá. El inversionista, anótese bien este dato, está casado con una abogada que es hermana, a su vez, de una magistrada integrante del Poder Judicial panameño.

A Borrel le habían hablado de Armando da Silva Tavares, se lo habían sugerido como asesor o intermediario para llevar adelante un negocio. Armando lo contacta con la firma que es una PA (Pofessional Association), de las más importantes de Estados Unidos: Sacher, Zelman, Van Sant, Paul, Beiley, Hartman, Terzo, Rolnik & Walkman P.A., que manejan las cuentas de IBM, GM, Bank of America, Toyota, Ford Motors y otras grandes empresas.

El señor Borrel decide firmar contrato y solicitar el préstamo de 3 millones de dólares, a 15 años de plazo, directamente con la firma Sacher ­ Zelman y no por medio del agente financiero, y negoció y pagó los gastos correspondientes con dicha firma. En dicho contrato Borrel aplicó el dinero transferido previamente a la firma por concepto de «retainer fee» (comisión retenida), se exigía la constitución de una garantía como respaldo del préstamo.

Pasa el tiempo y aparentemente el señor Borrel no cumple con lo establecido en el contrato con la firma estadounidense, con lo cual el negocio no se hace por incumplimiento de Borrel. Eso fue en 2003. Borrel inicia juicio civil contra la firma ante los tribunales de Miami, en el 11º circuito judicial de la Florida, en agosto de 2006.

Declara que él entregó el dinero a un representante de dicha firma, con lo cual queda demostrado que da Silva Tavares no recibió el dinero en cuestión y que sólo actuó de intermediario entre un inversor y la firma Professional Association.

En julio de 2005 da Silva Tavares viaja a Panamá por otro asunto ajeno a éste. Al enterarse de que da Silva Tavares está en Panamá, Borrel ­una persona muy vinculada con los círculos de poder y con el sistema judicial­ presenta una denuncia penal por estafa contra éste y lo hace encarcelar.

Sostiene que la única instancia que tuvieron frente a un magistrado fue el 15 de noviembre de 2006, lo que significa que desde julio de 2005 hasta noviembre de 2006 no compareció ante tribunal alguno. O sea que la situación procesal de Da Silva Tavares es totalmente irregular pues no está sentenciado ni juzgado. Quiere decir que hay un uruguayo en Panamá detenido por un supuesto delito de estafa para lo cual la única prueba es lo que ha manifestado verbalmente el señor Borrel.

Para demostrar hasta qué punto el señor Borrel tiene influencias de peso en el sistema, da Silva Tavares recuerda que se paró delante del fiscal actuante y dijo, señalándolo: «Este señor me estafó y hasta que no pague va a quedar preso, eso lo digo yo». Borrel no sólo le dijo a Armando Da Silva que se quedaría en prisión todo el tiempo que él quisiera, a título de chantaje, sino que también amenazó a su familia y a sus hijos.

De todos modos, lo que no cierra es por qué ­si suponía que Da Silva Tavares lo había estafado­ presentó una demanda civil contra la firma estadounidense en agosto de 2006.

La defensa de Armando Da Silva presenta esta circunstancia como prueba de la inocencia de Armando Da Silva Tavares. Se trataba de razonar cómo es posible que Armando Da Silva esté detenido en Panamá por un supuesto delito de estafa cometido en Miami y al mismo tiempo el señor Borrel había iniciado una acción civil en Estados Unidos contra un estudio estadounidense.

De aquí surge que Da Silva Tavares no cometió delito alguno y que si lo hubiera, el delito fue cometido en Estados Unidos. Es un cúmulo de irregularidades.

La ex esposa de Da Silva Tavares consultó con el doctor Xavier Saavedra, reconocido jurista internacional de nacionalidad española que defendió a Saddam Hussein, entre otros importantes casos, y le comentó la situación de Armando Da Silva. E
studió los documentos que ella le proporcionó y su conclusión fue tajante: «Esto es una barbaridad; una aberración a todo». Sin vacilar le sugirió que presentara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. De acuerdo a su visión del asunto, Panamá no tiene jurisdicción para juzgar a esta persona, habida cuenta de que tampoco hay delito.

Ha recurrido a nuestra Cancillería, donde presentó una carta, un pedido formal al señor ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, detallando la situación y adjuntando copia del expediente. La solicitud es con el fin de que nuestra Cancillería lleve el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

«Cuando logre la liberación de Armando ­afirma su ex esposa­ pediré su inmediata repatriación porque temo por su vida… Yo no sé si una vez en libertad, al poco tiempo, no aparece muerto en Panamá. Es el padre de mis hijas, mis hijas lo necesitan y estoy decidida a luchar como sea y ante todos los tribunales internacionales para sacarlo de ahí», afirma con lágrimas en los ojos.

 

Conclusión

Hay un uruguayo preso en Panamá, sometido a un proceso viciado de irregularidades y sin ninguna garantía. Su abogado ha presentado mil recursos sin éxito alguno: hábeas corpus, apelaciones, medidas cautelares, etcétera.

Ahora el abogado apeló ante el Segundo Tribunal, y es la última instancia. Si le niegan la libertad, Armando da Silva Tavares puede pasar varios años más en prisión en condiciones jurídicas tales que los derechos humanos no son respetados.

 

Marzo 5 de 2007