Inteligencia Policial fichó al menos a 300 mil uruguayos en la dictadura

El informe denominado «Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848″, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de la República y presentado oficialmente por la Presidencia de la República, publica en sus 3.612 páginas un conjunto de documentación que pone al descubierto un espectro bastante más amplio que la dramática situación de los desaparecidos.

En particular en el Tomo 1, titulado «Contexto represivo, coordinación regional, centros de reclusión y testimonios», se intenta transmitir en base a documentación confidencial y hasta ahora desconocida, sobre todo de Inteligencia policial pero también de fuentes militares, la dimensión y la modalidad de la represión.

Entre los muchos documentos que se incluyen en el informe, hay uno en particular, el «Documento 11″ incluido en las páginas 278 y 279 del Tomo 1, que muestra la dimensión de la vigilancia y la represión contra el conjunto de la población.

El documento, es un informe que el director de Inteligencia policial, inspector Víctor Castiglioni, eleva al ministro del Interior, el 17 de agosto de 1981, explicando las tareas que realiza la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

El informe se realiza un mes antes de que fuera designado dictador el general Gregorio «Goyo» Alvarez y en medio de la tercera ola represiva de la «Operación Morgan», en la que serían salvajemente torturados jóvenes liceales en el local de Inteligencia policial de la calle Maldonado esquina Cuareim; serían detenidos y torturados cientos de militantes comunistas, sindicales y estudiantiles y desaparecería el militante de la UJC y trabajador de Funsa, Miguel Matto.

El informe de Castiglioni muestra algunas de las tareas que desplegaba su Dirección y explicita la vigilancia a la que eran sometidos cientos de miles de uruguayos.

La dictadura dividió a los ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a los antecedentes políticos y al compromiso que tuvieran con el «el proceso cívico militar».

Los ciudadanos que entraban en las categorías B y C no podían desempeñar ninguna función pública, eran sometidos a vigilancia permanente por los organismos de represión de la dictadura y tampoco podían integrar la directiva de ninguna institución social. Ser incluido en las categorías B y C significaba peligro de prisión, destitución si se era trabajador público e imposibilidad de acceder a cualquier trabajo en el Estado. Incluso fueron muchas las empresas privadas que exigieron la «Constancia de Fe Democrática» para ingresar a trabajar y fueron muchos los empresarios privados que se aprovecharon de esta clasificación realizada por la dictadura para limpiar sus empresas de sindicalistas o potenciales sindicalistas. En definitiva, estar en las categorías B y C significaba la proscripción cívica y social y en esa situación quedaron cientos de miles de uruguayos.

El documento establece que Inteligencia Policial en conjunto con la Justicia Penal Militar se encargó de controlar la «Constancia de Habilitación para la Función Pública». Esta constancia era un requisito obligatorio para permanecer como funcionario público o para ingresar a trabajar al Estado. Según el informe «en un período de cuatro años se informaron alrededor de 300 mil formularios tanto para la permanencia como para el ingreso a la Administración Pública».

En cuatro años, Inteligencia Policial investigó, interrogó y fichó a 300 mil uruguayas y uruguayos para controlar los antecedentes y el pensamiento de los funcionarios públicos.

Estas investigaciones sirvieron para que miles de uruguayos fueran encarcelados, otros miles fueran destituidos de la función pública y para impedir el ingreso a la misma de otros miles, por nada parecido a sus capacidades o idoneidad, sino por su pensamiento y su compromiso con la democracia.

En una muestra de los niveles de autoritarismo y la falta absoluta de garantías el documento también revela que todos los ciudadanos que recusaban su inclusión en las categorías B y C, haciendo uso «del derecho de Reclamación contra los actos de la Administración Pública consagrado en la Constitución», dice el documento en uno de sus giros surrealistas, en realidad no iban a un tribunal de alzada sino que eran nuevamente investigados por Inteligencia Policial, «en investigaciones que incluían el interrogatorio a testigos y que a veces iban hasta veinte años atrás». Todos los recursos «vienen a Informe a esta Dirección» y después resuelve «el órgano superior», nada menos que el Servicio de Información y Defensa o a la Justicia Penal Militar.

El informe también revela que desde 1974 y «a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país, se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas, etc.)». El director de Inteligencia Policial da cuenta a su superior que se controlaron «sus asambleas, sus actos electorales e informando de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones».

El inspector Castiglioni no deja dudas sobre la dimensión de esta vigilancia a todas las actividades sociales de los uruguayos: «Son varios miles las investigaciones de este tipo que se han realizado y se siguen realizando».

Finalmente, en otra perla que muestra el accionar de la dictadura y que explicita una vez más, que se usó todo el aparato del Estado y de las fuerzas represivas para reprimir a todo el pueblo, que fue una política institucional y permanente y que nada tuvo que ver con la acción aislada de «grupitos de individuos», el informe revela parte de la incidencia directa de Inteligencia Policial en la enseñanza.

Le dice Castiglioni a su superior: «El suscrito (…) desde 1979 está cooperando estrechamente en los cursillos de extensión cultural que organiza la Dinarp y el Consejo de Enseñanza Secundaria para los profesores de Educación Moral y Cívica, cuyo objeto es propender a un mayor conocimiento del comunismo».

El director de Inteligencia Policial, jefe directo de la represión contra militantes de izquierda, sindicalistas y estudiantes, supervisor de la investigación y el fichamiento de cientos de miles de uruguayos, era quien formaba a los profesores de secundaria con pleno conocimiento y respaldo de las autoridades de la Enseñanza de la época.

Este esclarecedor informe muestra el carácter institucional y permanente de la represión, la concepción de que todo el pueblo uruguayo y todas sus instituciones eran el enemigo y la participación y pleno conocimiento que tenían de todas estas actividades, vale recalcarlo de todas, los jerarcas militares, policiales y civiles de la dictadura.

 

El informe de Inteligencia Policial

 

LA REPUBLICA reproduce textualmente el informe del director de Inteligencia Policial, inspector Víctor Castiglioni, al ministro del Interior del 17 de agosto de 1981. Los errores de sintaxis y ortográficos se mantienen para preservar el carácter histórico del documento.

 

«Documento 11

(Informe de DNII sobre participación en operativos MLN, PCU y PS y coordinación entre agencias de inteligencia militar y policial. 17.08.1981. Archivo DNII.)

 

Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Documento enviado al Sr. Ministro del Interior con fecha 17 de agosto de 1981.

 

Montevideo 17 de agosto de 1981.

Referencia: Cometidos que cumple la DNII.

 

Surgen del artículo 1º del Reglamento de la Dirección, aprobado por Decreto de la Presidencia de la República el 28 de diciembre de 1971.

Como consecuencia de situaciones posteriores a esa fecha los cometidos del inciso A) del Art. 1º son compartidos con otros órganos de seguridad (FFAA), a los que compete esencialmente la Seguridad del Estado.

De todas maneras esta Dirección sigue realizando, en forma independiente
o conjunta, procedimientos de esa naturaleza pero en todos los casos en coordinación con el S.I.D. y/o O.C.O.A. Podemos mencionar como ejemplos más relevantes la participación que le cupo a esta Dirección en todos los procedimientos represivos contra el M.L.N. en 1972 y los ulteriores de 1973, 1974, 1975, año en que ocurrió el último enfrentamiento armado y el último intento conocido de reorganización en nuestro país, cuya investigación previa durante varios meses corrió por cuenta exclusiva de esta Policía.

Asimismo los procedimientos realizados contra el Partido Comunista en 1975/76 conocido como «Operación Morgan», que permitieron desvastar todo el aparato político, armado, de propaganda y de organización de dicho partido, se realizaron en base a una larga y paciente labor de inteligencia que había realizado la DNII, la cual también cooperó con las Fuerzas Armadas en los procedimientos represivos.

En el corriente año se realizaron en forma independiente por esta Dirección dos procedimientos importantes de investigación de actividades clandestinas del Partido Socialista, como consecuencia de las cuales fueron procesados por la Justicia Militar varios de sus integrantes.

Igualmente se inició otro contra el Partido Comunista, continuado luego con cooperación de la Compañía de Contrainteligencia del E.M.E., que permitió desbaratar nuevamente el aparato de propaganda de aquél.

Se han realizado además reiterados procedimientos para el control y desbaratamiento de la actividad de extranjeros que ingresan al país como turistas y que en realidad vienen a tomar contacto con sediciosos y familiares con el pretexto de interesarse de la vigencia de los Derechos Humanos en el Uruguay (…).

Control de las «Libertades Vigiladas», el que se realiza de acuerdo a las disposiciones vigentes, sobre todos aquellos sediciosos excarcelados que fueron originariamente detenidos por esta Dirección. A la fecha existen 240 personas en esa condición.

Los cometidos del inciso 1) han pasado a ser en general responsabilidad de otras reparticiones (…). También como consecuencias coyunturales posteriores a la aprobación del Decreto reglamentario, esta Dirección se vio abocada a otras tareas intensas y extensas, algunas comprendidas dentro de sus cometidos específicos y otras absolutamente nuevas, a saber:

Tramitación del documento denominado «Constancia de Habilitación para Cargos Públicos». Esta tarea la realiza a partir del 1/VII/80 en cooperación con el SID y la JPM (Justicia Penal Militar).

Los formularios correspondientes, tanto los de la capital como los del interior son informados por los Ficheros de esta Dirección, en una cantidad aproximada a los 2.000 mensuales.

Anteriormente este documento se denominaba «Solicitud de Anotaciones en Ficheros Policiales de Inteligencia» y era manejado exclusivamente por la DNII y la JPM y durante un período de cuatro años se informaron alrededor de 300.000 formularios tanto para la permanencia como para el ingreso a la Administración Pública.

Como consecuencia de lo anterior y del derecho y del derecho de reclamación contra los actos de la Administración Pública consagrado por la Constitución, todas las personas que son incluidas en las categorías «B» y «C» presentan recursos de primera y segunda instancia, todos los cuales vienen a informe a esta Dirección, para luego ser resueltos por el órgano superior (JPM o SID). Cada uno de estos recursos da lugar a una investigación a veces muy compleja, con interrogatorios escritos de testigos, búsqueda en archivos de todo tipo, a veces en períodos de más de veinte años, etc.

A partir de 1974, a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el Comunismo en el Cuerpo social del país, se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas, etc.) controlándose sus asambleas, sus actos electorales e informando de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones. Son varios miles las investigaciones de este tipo que se han realizado y se siguen realizando.

 

Se realizan actividades encubiertas tales como el control «H»

A partir del año 1973 en que fue creada la Brigada de Narcóticos y Drogas Peligrosas, esta dirección ha tomado a su cargo la responsabilidad por la lucha contra el consumo y tráfico de drogas a nivel represivo y también a nivel preventivo (…).

Se realiza una intensa labor docente para la diseminación de conocimientos relativos al accionar de grupos sediciosos y del Comunismo en general. El suscrito (…) desde 1979 está cooperando estrechamente en los cursillos de extensión cultural que organiza la DINARP y el Consejo de Enseñanza Secundaria para los profesores de Educación Moral y Cívica, cuyo objeto es propender a un mayor conocimiento del Comunismo. (…)

Víctor Castiglioni. Director. Firma». *