Tanto los asambleístas entrerrianos, como el gobierno uruguayo se aprestan a desarrollar acciones en el conflicto por la instalación de la planta de Botnia.
El Ejecutivo de Tabaré Vázquez deberá presentar la contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la demanda del gobierno argentino de una presunta violación al Tratado del Río Uruguay. Lo hará el día 20 del corriente. Ante esta instancia viajará el embajador de Francia, y conductor del equipo de juristas de nuestro país ante La Haya, Héctor Gros Espiell, el embajador de Holanda, Carlos Mora, el asesor jurídico, Adolfo Pérez Pérez, la directora Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, y el secretario general de la Cancillería, José Luis Cancela.
El facilitador, y los gobiernos de Uruguay y Argentina acordaron que los tiempos no alcanzaban para efectuar una reunión entre las partes, antes que nuestro gobierno presentara la contramemoria, por lo cual, el encuentro en Nueva York se llevará a cabo a fines de julio.
El 13 de julio sesionará nuevamente en Fray Bentos la Comisión de Seguimiento de la planta de Botnia.
Por otra parte, fuentes de la Asamblea de Gualeguaychú admitieron ayer que fueron aprobadas 5 votos de confianza para acciones contra Botnia.
Anoche, representantes de las asambleas de Gualeguaychú, Colón y Concordia, se reunieron, en esta última ciudad, para definir acciones secretas en conjunto contra la pastera finlandesa. Además, empezaron a coordinar lo que serán los bloqueos a los puentes internacionales, acciones que comenzarán a ejecutarse desde el sábado próximo.
El juez de Instrucción Nº1 de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, resolvió el viernes archivar la causa Nº 61.285, en la que se investigaba una supuesta coima en Arroyo Verde, por no existir delito, luego que los familiares de la mujer uruguaya que hizo la denuncia negaron los hechos. Los asambleístas de Gualeguaychú reiteraron que emprenderán acciones legales contra estos denunciantes uruguayos.
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, admitió la posibilidad de recurrir a "herramientas jurídicas" para interponer en el caso de que la planta de Botnia comience a funcionar "sin aguardar el fallo" del tribunal internacional. *
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